Trabajadores de Eresa judicializan la bolsa de Sanidad para pedir más puntuación

VALÈNCIA. Los recursos de trabajadores de Eresa a la última apertura de la bolsa de sanidad han provocado una judicalización de la resolución que recogía este mandato al solicitar más puntuación por su experiencia en la sanidad pública. Así aparece este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se recoge una resolución de la directora de Recursos Humanos, Carmen Delgado, en la que emplazada a las personas interesadas a personarse en este conflicto. 

Según especifica el documento, el recurso se produjo contra una resolución de agosto de 2017 por no computar, a efectos de bolsa de trabajo de personal temporal, los servicios prestados por las empresas Eresa y Erescanner Salud -UTE de Eresa e Inscanner-. Una petición que no es la primera vez que se produce y que ahora ha recaído en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de València.

Según explican fuentes de los trabajadores, esta petición se lleva realizando durante varios años y hasta ahora nunca había sido aceptada. Ahora, está en manos de un juez. En junio de 2017 el Comité de Empresa de Eresa presentaba por registro de entrada la petición de que su trabajo fuera baremado a efectos de bolsa de trabajo de Sanidad y hacía alusión a escritos de sindicatos y entidades colegiales con el fin de reforzar el apoyo a su reivindicación. Además, solicitaban la convocatoria de una mesa sectorial ad hoc para poder resolver la reivindicación. 

El apoyo de los sindicatos

Hasta los sindicatos habían puesto esta posibilidad sobre la mesa. Por ejemplo, CCOO pedía alguna compensación de los trabajadores en la bolsa por trabajar en hospitales públicos a través de estas empresa -sin llegar a equipararlos con los trabajadores públicos-, como ya ocurre en algunas de las concesiones. 

Desde CSIF reivindicaban una puntuación similar a la de las concesiones administrativas para los servicios prestados en Eresa. "Que se contabilicen los servicios prestados por vosotros al mismo valor que si hubieran sido prestados en Departamentos de Salud Públicos, dado que prácticamente el 100% de los pacientes atendidos son usuarios del sistema público", recogía un comunicado del sindicato. Una posición que también compartía el Colegio de Médicos de València.

Mientras, Intersindical manifestaba su posición en contra al entender que el personal de la sanidad pública ha entrado a la bolsa con una garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y los conciertos no. No obstante, sí que se mostraron a favor de que puntuara en los trabajadores de las concesiones, como los del Hospital de La Ribera. 

En este mismo sentido se manifestaban el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) o el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunitat Valenciana. Ambas instituciones opinaron que la posible contabilidad de la experiencia de este personal gracias a los conciertos desprecia al personal estatutario de la red sanitaria pública. 

¿Subrogación del personal al finalizar el contrato?

Mientras, otra incertidumbre está por resolver respecto al personal de Eresa e Inscanner que trabaja en la administración pública. El 31 de septiembre de 2018 termina el concierto de resonancias magnéticas de la Conselleria de Sanidad con la UTE Erescanner Salud tras una década y, como ya adelantó Valencia Plaza en el mes de mayo, el departamento ahora liderado por Ana Barceló estudia qué hacer con el personal de las empresas que forman la UTE.

Por este motivo, Sanidad está estudiando la subrogación de los empleados de Eresa y de Inscanner Salud que trabajan en los hospitales públicos cuando finalice el contrato de la empresa privada, como ha ocurrido con el departamento de La Ribera tras llegar a término la concesión que tenía Ribera Salud. Cabe recordar que todos los hospitales de la provincia de València menos el Doctor Peset están en el contrato con Eresa, mientras que en Alicante es Inscanner Salud la que presta el servicio de resonancias magnéticas. 

El motivo sería una sentencia del Hospital Provincial de Castellón, donde se tuvo que readmitir a los trabajadores que prestaban el servicio tras la internacionalización del mismo. Por este motivo, Sanidad aseguró que estaba pendiente de informes jurídicos para ver cuál es la situación y determinar si existe sucesión de empresas. 

Otro problema añadido puede ser que la ocupación de los puestos a través de la bolsa de trabajo no los cubriera con los perfiles adecuados, ya que no existe una categoría tan especializada como para que todas las personas que entren a cubrir esos puestos tengan los conocimientos adecuados para hacer resonancias magnéticas, ya que la gran mayoría de las realizadas en los últimos años en la Comunitat Valenciana las ha realizado la UTE.