Transparencia fuerza al Ayuntamiento a informar de las facturas de la ordenanza de civismo

VALÈNCIA. El Consell de Transparencia ha instado al Ayuntamiento de València a entregar al grupo municipal del PP la copia del borrador de la ordenanza de civismo -cuya versión definitiva sigue sin aprobarse después de tres años de presentarse públicamente-, así como todas las facturas existentes y los trabajos realizados entre el consistorio y la Universidad de València para su elaboración, por la que desde hace cuatro años el consistorio abona 30.000 anuales.

El edil Santiago Ballester, del Partido Popular, solicitó hace más de nueve meses a la concejalía de Seguridad Ciudadana toda esta documentación, pero el departamento que dirige Aarón Cano únicamente remitió el convenio de colaboración entre la UV y la Fundación de la Policía Local de València -que ya es público en la web municipal-, dependiente de la concejalía de Cano, pero no el resto de documentos que solicitaba el grupo municipal de la oposición.

Por un lado, la concejalía alegaba fundamentalmente que no podía entregar el borrador de la ordenanza porque estaba en fase preliminar y que las instrucciones del Ayuntamiento impedían dar acceso a "actuaciones preliminares". Asimismo, aducía que tampoco existía un expediente al respecto y que la financiación estaba marcada en el convenio suscrito con la UV por la Fundación municipal.

Pero el Consell de Transparencia rechaza los motivos esgrimidos por la administración municipal. En primer lugar, porque las instrucciones municipales en este ámbito "carecen de valor normativo y fuerza vinculante" y "no puededn modificar el ordenamiento jurídico", en este caso las leyes de transparencia, que sí contemplan que se deban entregar estos borradores.

Además, el organismo de Transparencia va más allá y señala que el hecho de que haya un borrador acabado de la nueva normativa impide que se le pueda considerar como un documento interno y que cualquier estudio o informe en manos de la administración con identidad propia, una vez finalizado, no puede considerarse un borrador a efectos de transparencia.

En este sentido, el Consell trae a colación que el borrador ya fue presentado en rueda de prensa en 2018, "por lo que ha transcurrido un tiempo considerable para seguir calificando los documentos" como internos y en elaboración.

En cuanto al expediente solicitado por el PP y que la concejalía dice que no existe, el Consell considera que "carece de fundamento lo alegado por la corporación, ya que todo convenio de colaboración debe tener por parte de la administración un expediente abierto que recoja de forma ordenada todos aquellos documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa".

Por otro lado, el PP pedía todos los trabajos realizados por la UV y las facturas abonadas por el consistorio. Y el Consell considera que la respuesta del Ayuntamiento es "bastante vacía", e insiste en que ambas cosas -los trabajos realizados y las facturas- "deben formar parte del expediente en cuestión" y por ende deben entregarse al concejal solicitante.

Por todo ello, el organismo estima la reclamación del PP "reconociendo el derecho de acceso a la información solicitada" e insta al Ayuntamiento de València a facilitarla en el plazo máximo de un mes.

Ballester advirtió, tras tener constancia de la resolución del Consell de Transparencia, que “no hemos entendido la negativa a darnos toda esa información, a no ser que quieran ocultarnos algún tipo de actuación irregular". "No tiene sentido que hayamos tenido que ir al Consejo de Transparencia para poder tener acceso a ella", sentenció al respecto