VALÈNCIA (EP). Un total 29 de los 34 dirigentes independentistas a los que el Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017 han presentado este jueves "anuncio" de que se acogerán al aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICE), mientras que el órgano contable les ha otorgado 48 horas para que acompañen la documentación hasta ahora aportada por los avales en sí. Pasado este plazo improrrogable la instructora advierte que, de no formalizar los depósitos, serán embargados.
Por el momento, la delegada instructora ha estado viendo la documentación recibida, que se refiere a cuatro investigados que han presentado avales e inmuebles desvinculados del fondo de la Generalitat y también a otros que se acogerían al aval del ICF. Respecto a estos últimos, fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado en un comunicado que los documentos aportados "constituyen un anuncio" pero que no han sido acompañados de los avales según lo que establece el artículo 517 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Por ello, ha dictado una providencia comunicando a los representantes legales de los ex altos cargos afectados por este expediente que se concede un plazo improrrogable de dos días para la presentación de los mismos.
Se añade la advertencia de que si no se han recibido en dicha fecha se procederá, conforme al artículo 47.1 g) de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal de Cuentas, al embargo de los bienes de los presuntos responsables.
"Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", han explicado por su parte fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat, cuyo titular, Jaume Giró, decidió el miércoles que el aval correría a cuenta del ICF con el contraaval de un fondo de la Generalitat dotado con 10 millones de euros --una decisión que había descartado el martes--.
No se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo, según ha informado este órgano mediante un comunicado, a pesar de que a las 00.00 horas de este jueves concluyó plazo inicial dado a los 34 afectados por este expediente para depositar entre todos la citada cantidad.
Respecto al hecho de la admisión o no de aval del Fondo de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas simplemente señala en su nota que "se dirimirá cuando proceda".
Para los 29 encausados que se han acogido al aval del ICF se ha formalizado un aval individual para cada uno de ellos, concretan las mismas fuentes, que remarcan que sus abogados han dado cuenta de ello ante el tribunal. Además, concretan que los avales individualizados se han presentado ante el tribunal a través de una plataforma telemática.
Como cuatro de los encausados habían presentado avales por su cuenta --dos de ellos habían depositado fianzas y otros dos habían presentado bienes inmuebles-- la cantidad por la que avala el ICF no alcanza los 5,4 millones de euros que reclama el tribunal pero se acerca, ya que lo presentado por esos cuatro que no se han acogido al aval del ICF es una cantidad menor.
Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha aclarado que cuando el delegado instructor dicta una providencia de embargo, ello no significa que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, no admita fianza o depósitos. Esto quiere decir que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar finalmente el embargo a los afectados por el expediente.
Añade que tanto las fianzas como los embargos son medidas cautelares hasta que haya sentencia firme, es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es el garantizar que una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados.
Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes de los implicados hasta cubrir las cantidades que se les reclaman cautelarmente.
Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.
La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.
En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras --también beneficiado por la medida de gracia-- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont. Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deben responder al total de 5,4 millones de forma solidaria.
