Mavi Mestre, rectora de la UV. Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València ha anulado la normativa de la Universitat de València (UV) que, desde hace un año, obliga a que se redacten solo en valenciano todas las comunicaciones internas que la institución dirija a cualquier persona que integre su plantilla o esté contratada.
El fallo fechado el pasado lunes, 23 de septiembre, contra el que cabe recurso, anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universitat de 8 de junio de 2023, de modificación del artículo 10 del Reglamento de Usos Lingüísticos. El artículo quedó redactado de la siguiente manera:
La acuerdo fue recurrido por los catedráticos de Derecho Constitucional Remedios Sánchez Férriz, Roberto Viciano, Vicente Garrido Mayol, Lorenzo Cotino, María José Ridaura y Goran Rollnert, primero mediante un recurso de reposición ante la propia Universitat y, rechazado este, ante el juzgado.
Alegaban que se estaba vulnerando el derecho del personal de la Universitat de València, así como de los estudiantes y de cualquier ciudadano que se relacione con la institución que dirige Mavi Mestre, "a recibir o tener acceso a las comunicaciones y documentación de la Universitat en castellano o en versión bilingüe". Al argumento, plasmado en la norma, de que todos los empleados de la UV tienen "el deber estatutario de conocer la legua propia de la Universitat", los recurrentes respondieron que "ese deber de conocimiento del valenciano en nada afecta a la libertad individual de escoger la lengua de relación con la Administración con independencia del deber de conocimiento".
En su respuesta, la UV rechazó que la modificación normativa tuviera "como propósito malévolo" excluir el uso normal del castellano "ni la intención de impedir que el personal de la Universitat de València se relacione con esta en castellano". Además, defendió que el añadido "sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos en el procedimiento
administrativo" implicaría que no se establece un uso exclusivo y excluyente del valenciano en detrimento del castellano.
Sin embargo, el juez rechaza estos argumentos de la Universitat y da la razón a los recurrentes, basándose en "una reiterada jurisprudencia" del Tribunal Constitucional y también una doctrina consolidada de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana).
Centrándose en la frase añadida al Reglamento en 2023 ("Atès el deure estatutari de conèixer la llengua pròpia de la Universitat, es redactaran en valencià totes les comunicacions i documentacions que s’adrecen exclusivament al personal de la Universitat de València (PDI, PAS, PIF i qualsevol altre personal contractat), sense perjudici dels drets lingüístics reconeguts en la legislació vigent"), el juez señala que "está provista de ambigüedad" porque la última frase podría dar a entender, tal como sostiene la UV, que el hecho de que se redacten en valenciano todas las comunicaciones y documentación que se dirijan exclusivamente al personal de la Universidad no excluiría que estos se redactaran igualmente en castellano.
Sin embargo, "esta ambigüedad se muestra en la práctica inexistente", según el juez, puesto que los recurrentes aportaron "tres ejemplos claros" de que la aplicación de la norma había consistido en remitir exclusivamente los documentos en valenciano.
Las dos primeras pruebas son sendos correos electrónicos remitidos al director del departamento de Derecho Constitucional. El primero, de la jefa de servicio de Recursos Humanos de la UV, quien rechaza la solicitud de remisión de documentación en castellano porque, tratándose esa Dirección de un órgano administrativo -afirma, tras consulta en el área jurídica- "debo indicarle que este Servicio debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento de Usos Lingüísticos de esta Universidad". El segundo, del Servei d`Analisi i Planificaciò de la Universitat, que responde en el mismo sentido. El juez lo rebate porque considera que la dirección del departamento es un órgano administrativo unipersonal y su titular tiene los mismos derechos lingüísticos que cualquier persona.
La tercera prueba es la respuesta de la UV, exclusivamente en valenciano, al recurso de reposición formulado por los catedráticos en castellano. Según la Universitat, se trató de un error, pero el juez afirma que "no existe ningún elemento que apunte en esa dirección". Además, recrimina a la institución que dirige Mavi Mestre que, si quería demostrar que se utiliza el castellano, no haya aportado ninguna prueba pese a su mayor capacidad probatoria, dada la gran cantidad de documentación que genera la UV.
