Foto: HONDAVALÈNCIA (EFE). La Unión Europea (UE) introducirá nuevas normas para la producción, el diseño y el reciclado de todos los tipos de baterías que exigirán objetivos mínimos de reciclado y recuperación de los componentes de las mismas, obligarán a informar de su impacto ambiental y a que estas sean más fáciles de extraer.
Así lo recoge el acuerdo alcanzado este viernes por los gobiernos del bloque comunitario y el Parlamento Europeo que, una vez entre en vigor, se aplicará a todas las baterías vendidas en la UE, ya sean móviles, para vehículos, para medios de transporte ligeros como las bicicletas eléctricas, para coches eléctricos o de tipo industrial.
"Hemos acordado medias que beneficiarán enormemente a los consumidores: las baterías funcionarán bien, serán más seguras y fáciles de extraer. Nuestro objetivo general es construir una fuerte industria del reciclado en la UE, en particular para el litio, y un sector industrial competitivo", dijo en un comunicado el responsable de la legislación en la Eurocámara, el socialista italiano Achille Variati.
La Comisión Europea, que presentó la propuesta en 2020 en el marco de su Pacto Verde, destacó que la legislación "hará las baterías más sostenibles durante todo su ciclo de vida" y subrayó que, "en el actual contexto energético", será fundamental para desarrollar una industria competitiva de baterías sostenibles que apoye la transición hacia energías limpias.
En concreto, las normas exigirán que las baterías contengan información sobre su capacidad, potencia, durabilidad y composición química, así como un símbolo indicando que deben separarse del resto de deshechos.
Además algunos tipos de baterías, en particular las de vehículos o con capacidad superior a 2kilowatios/hora, tendrán que informar de su huella de carbono, a lo que se sumará, como en el caso de las baterías industriales, la necesidad de tener un "pasaporte digital" que incluya información específica sobre el modelo y su uso.
Las baterías portátiles de los electrodomésticos tendrán además que ser fáciles de retirar de modo que los consumidores puedan reemplazarlas por sí mismos, aunque para ello se dará un plazo de tres años y medio tras la entrada en vigor de la norma.
Por otro lado, exigirá a los proveedores que vendan baterías en la UE, con excepción de las pequeñas y medianas empresas, llevar a cabo una política de diligencia debida por la que deberán identificar y mitigar los riesgos sociales y medioambientales ligados a la extracción, procesado y comercio de las materias primas que usen en sus baterías.
También en aras de una mayor sostenibilidad, se fijan objetivos de recogida para las baterías portátiles, del 45 % en 2023, del 63 % en 2027 y del 73 % en 2030, así como para las baterías de vehículos ligeros, del 51 % para 2028 y del 61 % para 2031.
Asimismo tendrá que utilizarse en la producción de nuevas baterías un mínimo de materias recuperadas de los deshechos generados por los consumidores o en el proceso de manufactura, que será del 16 % en el caso del cobalto, 85 % de plomo, 6 % de litio y 6 % de níquel.
Por último, todos los deshechos procedentes de baterías industriales y de vehículos tendrán que ser recogidos sin ningún tipo de coste para el usuario final, independientemente de su naturaleza, composición química, condición, marca u origen.
Tras este acuerdo político, el último paso para que la legislación pueda entrar en vigor es que lo aprueben formalmente tanto el Consejo (los países) como el Parlamento Europeo.
