El escándalo de la Juan Carlos I ha desatado un alud de críticas hacia los centros de educación superior. Hay quien cree que es el resultado de unas universidades que funcionan como pequeños reinos de taifas, controladas por los departamentos. Hay mucho de verdad, pero la realidad es más compleja
VALÈNCIA.-Para muchos, el caso de la Universidad Rey Juan Carlos I ha sido uno de los peores trances que las instituciones académicas españolas han sufrido en toda la Democracia. El caso es tan ejemplar que no sirve ni para guión de una película: parecería una exageración. Rectores que plagian, profesores que actúan como maras salvadoreñas, políticos manejando los hilos... e impunidad. Al final, casi los que peor lo tienen son el presunto denunciante y los periodistas que sacaron el tema a la luz, ya que tendrán que sentarse ante un juez.
Por muy negro que sea el panorama, siempre hay motivos para el optimismo: «Lo bueno de esto es que por fin los medios han hablado de esta realidad y han salido a la luz determinados tipos de prácticas que son el día a día de la Universidad española». Esta frase pertenece a Juan Castellanos, portavoz de la Asociación de Transparencia Universitaria (ATU), entidad que reúne a cerca de 200 profesores universitarios de casi todos los centros españoles. Para algunos, son la voz de los ‘resentidos’, esos que intentaron acceder a la tranquilidad de una plaza fija en un centro superior pero fueron rechazados y se embarcan en largos procesos para hacer valer su opinión. La realidad lo desmiente: el 99% de los miembros de ATU tiene plaza fija, tal y como aseguran desde la entidad.
En realidad, de corrupción universitaria sí se habla, pero lo que es difícil de determinar es si como merece; es decir, si se peca por exceso o por defecto. Hay quien insiste en que son hechos aislados, normales en una comunidad tan grande. Solo en las universidades públicas valencianas hay 20.825 personas contratadas (profesores y personal de servicios) que se reparten desde las más de 7.500 de la Universitat de València a las algo más de 2.000 de la Jaume I o la Miguel Hernández de Elche. Los alumnos, por su parte, superan los 180.000. Con estas cifras, lo sospechoso sería que no hubiera problemas.
De ahí salen las grandes preguntas: ¿el volumen de quejas es proporcional al de la comunidad universitaria? ¿Son casos aislados —como decía el PP en tiempos de Camps— o el menú del día? ¿No existen controles o no funcionan? Desde luego, el goteo es constante. Solo en los últimos meses, un rector valenciano tuvo que renunciar a ser miembro de un tribunal porque su esposa concurría a la plaza. Además, la conselleria de Hacienda detectó abuso de contratos menores en la Universidad de Alicante, Miguel Hernández de Elche y Politécnica de València. A la de València, el informe le reprochó su costumbre de contratar con su Fundación Empresa, sin que quede claro si resulta más beneficioso que acudir a un concurso público o acreditar si realmente es necesario..
La prueba de que hay trabajo por hacer es la nueva web ciencia-corrupta.org, nacida en la Comunitat Valenciana pero de alcance nacional. Se trata de un buzón anónimo gracias al cual, los que detecten presuntas irregularidades podrán enviar la documentación sin dejar rastro para que salga a la luz. Aunque apenas lleva dos meses en funcionamiento, y ni siquiera está plenamente operativa, ya ha empezado a recibir quejas. La mayoría se refiere a plazas con ‘bicho’ (las que están diseñadas ad hoc para beneficiar al candidato de 'la casa'), pero también han entrado otras denuncias mucho más interesantes: desde un centro de investigación asociado que, presuntamente, falsifica facturas de gastos que acaban en el bolsillo de su responsable, hasta un ingenioso método que permite dos doctorados por el precio de uno al engañar a los sistemas de detección de plagios. Los responsables de esta iniciativa prefieren no dar más datos hasta que avancen sus investigaciones, y confirmen la veracidad de las acusaciones.
* Lea el artículo completo en el número de diciembre de la revista Plaza
Desde ambas asociaciones explican que la mayor parte de las quejas que reciben tiene que ver con plazas ‘con bicho’. Casos de estos hay a docenas, pero el de Josep David Gimeno no es uno cualquiera, es casi el uberejemplo de lo que puede pasar en una universidad cuando alguien aspira a una plaza que no es ‘la suya’. En su caso se incluyen todas las malas prácticas que se suelen denunciar. Su lucha cumple estas fechas sus quince primeros años. De momento, la última sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, está recurrida y tendrá que dirimir el caso el Supremo, ya que, alega, uno de los miembros del tribunal universitario que falló contra él no cumplía los requisitos.
Antes de explicar su caso recuerda que «no es a mí, es lo que le hacen a cualquiera». Todo empezó en 2001 mientras ejercía de profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. En diciembre se enteró de que la Universidad de Alicante había convocado una plaza de Historia Medieval. Con dos carreras, experiencia docente en la materia, y varios libros, decidió presentarse. Una oportunidad para volver a la ciudad que le vio nacer y conseguir la tan ansiada estabilidad laboral. Es diciembre de 2018 y acaba de presentar un recurso ante el Supremo. El último... de momento.
El concurso para acceder a la plaza tuvo lugar en 2003 y allí empezó su calvario. El problema: la plaza 'estaba dada' y contra eso no hay currículo que valga. Quedó segundo de dos y decidió acudir a los tribunales. La respuesta tardó siete años en llegar: la otra candidata no reunía los requisitos, así que había que repetir la prueba. Se presentó, era el único... y tampoco aprobó. Otra vez a los tribunales, otra vez le dieron la razón, y otra vez se examinó. Era 2014 y los examinadores (menos uno que había muerto en el camino) llegaron a una conclusión unánime: «Totalmente deficiente». No «poco deficiente» ni «insuficiente», no: «totalmente deficiente». En esos años había seguido publicando, mejorando su árabe, investigando... pero para la Universidad de Alicante estaba menos cualificado que quince años atrás.
«Por supuesto, he rehecho mi vida y soy profesor de valenciano en un instituto. Me encanta, pero no quita que me hubiera gustado dedicarme a la Universidad porque creo que tenía mucho que aportar», explica. Si le preguntan si es un resentido —más de uno se lo ha insinuado— responde que «no». «Lo que pasa —añade— es que me han tomado el pelo y han vulnerado mis derechos. A lo mejor si hubiera actuado de otra forma, si no hubiera dado tantos problemas, quién sabe si no estaría ya en la Universidad, pero yo quería entrar como debería ser: te presentas a una plaza y, si eres el mejor, te la dan». Tres sentencias reconocen que no fue así; la cuarta le ha sido desfavorable, ya que el tribunal ha respetado que, gracias a la autonomía universitaria, la institución le haya calificado de «muy deficiente». ¿Y qué le pasó 'al bicho'? «Es funcionaria desde 2015», remata.
«El problema es que con una estructura tan piramidal y la vez estamental hay mucho miedo y mucha disciplina, por eso hay tan poca gente que da la cara. Además, algunos piensan que si callan al final conseguirán la plaza». Este es el punto de vista de Alfonso Diestro, doctor en Pedagogía, profesor de la UNED, y uno de los fundadores de la web Investigadores en Paro.
Diestro también ha sufrido el sistema en propia carne. Como a muchos otros, un tribunal le ha reconocido la condición de 'indefinido no fijo', una figura no contemplada en la ley, y que aparece cuando la Universidad ha abusado de un contrato, una especie de purgatorio en el que viven los docentes que deberían haber logrado la estabilidad pero no la tienen. En su caso, entre otros agravios, llegó a dar más de 166 horas en asignaturas troncales (el máximo es 60) haciendo que como profesor desempeñara labores que no le correspondían. Basta una de esas circunstancias para que un juez considere al docente 'indefinido no fijo', pero lo habitual es que se den las dos.
Josep David Gimeno: «He rehecho mi vida como profesor de instituto, y me encanta, lo que no quita que hubiera preferido dedicarme a la Universidad»
Para él, las irregularidades contractuales o administrativas son una parte del problema, pero no todo. «El segundo problema importante es que la Universidad tiene paciencia y recursos, y tiene todas las de ganar en un juicio. Si hace falta, llega hasta el Supremo, aunque sea un caso idéntico a otros que ya ha perdido. ¿Y qué pasa si pierde? Nada, paga con el dinero de todos y a seguir. Lo importante para perpetuar el sistema es que nunca pide responsabilidades a los suyos».
Pero las corruptelas van más allá de negarle el acceso a un docente que lo merece o conseguir que entre alguien con méritos más discutibles. En estos casos, el procedimiento no es complicado: el departamento es el encargado de diseñar el perfil de la plaza, muchas veces a medida del ‘bicho’ o la persona para la que se ha creado la plaza. Es sencillo, basta con pedir horas de docencia en una asignatura determinada del grado y/o máster y, para completar, requerir una determinada línea de investigación muy específica.
El problema de eso es que no solo es legal, sino que además es lo que hay que hacer. De hecho, muchas de las plazas que se crean en la Universidad son lo que se llama ‘de promoción’. Es decir, si un ayudante doctor ha acabado sus cinco años máximos de contrato, el centro tiene que ofrecerle una plaza a la que, en teoría, puede concursar cualquiera. Y aquí está la difusa línea que separa el enchufe de lo que es correcto: el departamento selecciona el perfil que más se adecúa a sus necesidades, pero a veces se le va la mano. Por eso, muchas de las plazas salen con un único candidato (el famoso ‘bicho’), que puede ser (o no) el más adecuado para la labor.
Andrés Boix es profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València y conoce bien los problemas de la educación superior. De hecho, ha sido el organizador en este centro del recién celebrado Congreso Internacional de Malas Prácticas Universitarias, al que han acudido más de veinte ponentes, algunos a exponer sus propios casos y otros a ofrecer un análisis de la situación. Que las universidades aborden estos temas (o que estén ahora trabajando en un Código de Buenas Prácticas) demuestra que algo está cambiando. La postura de Boix no se puede calificar de equidistante, sino que es de las que aporta los matices necesarios para poder entender el problema en toda su complejidad.
«No se puede olvidar que en todas las universidades del mundo el proceso de selección se hace a través de ‘pares’, es decir, profesionales del mismo campo. No se puede negar cierta endogamia, pero es intrínseca al hecho de que son grupos más o menos pequeños, en los que todo el mundo se conoce», apunta. Para este vicesecretario general de la UV, «el problema de fondo es que no existen elementos que desincentiven una mala decisión. En otros países, la financiación depende de los resultados, así que si se contrata a gente por algo que no sea por criterios estrictamente profesionales, al final el que ha tomado la decisión se ve perjudicado por ella. Eso no ocurre en las universidades españolas».
JULIO CARABAÑA: «HAY UNA MANERA MUY SENCILLA PARA QUE LAS UNIVERSIDADES SUBAN PUNTOS EN SHANGHAI: TIRAR A LA CALLE A LA MITAD DE LOS ALUMNOS», BROMEA
También apunta a una paradoja del sistema: «En estos casos, el papel de la Universidad es curioso. Por un lado, es extremadamente vigilante a la hora de determinar cuántas plazas salen; por otro, no se mete para nada en el proceso de selección». Aquí vuelve a salir el tema de la ‘autonomía universitaria’ y un problema al que se enfrentan muchos de los que se sienten perjudicados cuando no han logrado una plaza que consideran que merecen. La Justicia casi siempre (puede que siempre) respeta la decisión de un tribunal universitario; los casos que se ganan es porque ha habido algún problema administrativo, nunca si un candidato es más idóneo que otro.
Que los casos existen, no lo niega nadie, ni el conseller de Educación Vicent Marzà. El máximo responsable en el Consell de la educación superior es partidario de un mayor control, independientemente de si son casos concretos o hay epidemia. Pero también se puede actuar evitando la endogamia (o las sospechas). «El sistema de acceso debe mejorar y en el programa ‘generación talento’ hemos hecho que tanto los currículos como los proyectos que se presentan sean evaluados por la Agencia Estatal de Investigación, para que no dependan de si el interesado ha hecho carrera en un determinado departamento, para que sea verdaderamente meritocrático. Pero a veces —recuerda— el problema es la normativa estatal».
«Es cierto que el sistema de acceso también se tiene que revisar y hay que introducir elementos externos que permitan garantizar un acceso basado en el mérito, la capacidad y la igualdad». El programa que cita Marzà, también conocido como ‘GenT’, es una iniciativa pionera; la Administración ha conseguido repatriar a 25 investigadores y evitado que otros quince se vayan fuera financiando unos sueldos de 70.000 euros por persona. En total, se han destinado 4,1 millones de euros a la iniciativa (que crecerá en 500.000 euros la próxima convocatoria). La gran pregunta es si los beneficiarios se quedarán para siempre o, como pasó en su día con el programa Ramón y Cajal, la mayoría tendrá que volver a irse una vez acaben las ayudas. Pero más allá de que la endogamia arruine carreras profesionales y que sus víctimas tienen que pagar un altísimo precio personal (sin contar el gasto en abogados), lo importante es si afecta al sistema, si la calidad se resiente. Es un hecho que no hay ninguna universidad española (mucho menos valenciana) entre las cien mejores universidades del famoso Índice de Shanghai. La mejor situada es la de Barcelona (entre las 200 mejores), y también aparecen entre las 500 mejores la Universitat de València y la Politécnica. La Jaume I, en 2018, se ha caído de la lista.
Parece poco, pero no lo es. «Hay una manera muy sencilla de que los centros superiores españoles suban puntos: tirar a la calle a la mitad de los alumnos», bromea el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña. Bromea, pero dice una gran verdad ya que la ratio alumno / ‘lo que sea’ (publicaciones, libros en las bibliotecas, ingresos por investigación...) son factores que se tienen en cuenta.
Francisco Mora, presidente actual de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (es un cargo rotatorio) y rector de la Universidad Politécnica de València, añade otros datos. El primero, el dinero: «El presupuesto de la número cien debe rondar los mil millones para unos 20.000 estudiantes y luego son centros que están en regiones de vanguardia en ciencia y tecnología, con un tejido productivo de intensidad alta». Nada de eso se da en la Comunitat Valenciana. Por último, destaca que «son centros pequeños y muy especializados», mientras que la Universidad española es más extensiva en títulos, y menos orientada a la rentabilidad inmediata.
En todo caso, por centros, las universidades valencianas sí tienen motivos para sacar pecho. En un ranking dominado por la universidades catalanas, la Universitat de València tiene dos carreras (Teledetección y Ciencia y Tecnología de los Alimentos) entre las veinticinco mejores, y otras dos entre las doscientas. La Politécnica aporta otras dos.
Pero reducir el problema del acceso a la Universidad a la endogamia o al clientelismo es reducir la verdadera dimensión del problema. Para Miguel Ángel García, profesor de la Facultad de Sociología, el problema más acuciante es el envejecimiento del profesorado. «No es igual en todas las universidades ni en todos los departamentos, pero está bastante generalizado. Hay departamentos que en pocos años se van a quedar sin profesores titulares y sin catedráticos. Lo normal es que haya profesores de distintas generaciones que se van integrando mientras otros salen, pero no ha sido así». El problema, que no se puede decir que tenga un 'culpable', es que cuando, por ejemplo, se crea una titulación nueva entra un grupo de docentes. Si la demanda de esa titulación no crece, no hay necesidad de contratar a más gente. Es lo que se define como 'estrangulamiento'.
Esa situación se ve agravaba por otros elementos «como la falta de financiación o los límites que se han impuesto en los últimos años a la tasa de renovación que llegó a ser del 10%», apunta Amat Sánchez, profesor de Economía de la UV. Delegado de CCOO, niega que la endogamia sea un problema —más allá de algún 'caso aislado'—, pero lo que de verdad es preocupante es que en los últimos años se llegó a una situación en la que solo se podía reponer el 10% de los docentes que se jubilaban. «Así no entra nadie, ni recomendado ni sin recomendar», bromea. En este contexto se ha gestado el problema de los profesores asociados, una figura de la que han abusado las universidades, que además era mano de obra más barata (los recortes también han tenido parte de culpa). Hay departamentos en los el 40% se corresponde con esta figura, cuyos sueldos pueden rondar los 800 euros al mes.
Miguel Ángel García: «Hay una tendencia generalizada al envejecimiento de los cuerpos docentes, catedráticos y titulares de Universidad»
Cabe señalar que entre estos, según la universidad valenciana en la que estén, hay diferencias de hasta el 28% de sueldos. Ya hay acuerdo de equiparación que, al menos, pondrá fin a este problema. Esta situación también explica la proliferación de los 'indefinidos no fijos'. Para estos, la opción que les quedaba a las universidades era tirarlos (a los tres o cinco años) sin darles opción a estabilizarse como exige la ley o a trampearla hasta que el problema pudiera solucionarse.
En todo caso, cuando se habla de si la endogamia afecta a la actividad investigadora de los centros no hay que olvidar que, ni de lejos, es el gran problema. La inversión en I+D por habitante en España es de 302 euros, menos de la mitad de la media europea (6.229 según la Fundación Cotec). Además, el gasto en ciencia ha aumentado en Europa un 22% desde la crisis, mientras en España ha caído un 6%. Aquí, tras cuatro años, la consellería ha conseguido doblar la cantidad que destina a este fin (de 24 a 58 millones), lo que nos sitúa en la media española. Pírrico consuelo, sobre todo porque no siempre se ejecuta el presupuesto.
Pero si la situación del I+D público preocupa, el panorama privado es peor: el número de empresas con actividades innovadoras en la Comunitat crece un 2% pero la inversión ha retrocedido un 28%, según la Encuesta sobre Innovación en las Empresas publicada por la Generalitat (datos de 2016). Más datos. Educación ha puesto este curso un programa de doctorado en empresas. La institución empieza pagando el 100% y, progresivamente, la firma va asumiendo su parte. Al final, decide si se queda el alumno como trabajador. Una iniciativa así debería haber despertado pasiones entre un empresariado que no para de quejarse de que no hay conexión entre instituciones académicas y sector privado. Pues se han presentado dieciocho.
Nepotismo, enchufismo, injusticias... sí, pero el problema es más amplio y no toda la culpa es de las universidades.