Foto: SAREBVALÈNCIA (EP). El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes una moción para exigir al Gobierno la cesión de viviendas y parcelas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler asequible y a la construcción de inmuebles y dotaciones públicas, con el objetivo de aumentar el parque municipal.
Esta iniciativa, presentada por el ejecutivo local (Compromís-PSPV), ha salido adelante con sus votos y el rechazo de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox).
Como concejala de Vivienda, Isa Lozano ha defendido la necesidad de acabar con las prácticas "poco éticas" del llamado 'banco malo' --el Gobierno asumió este año su control-- de "expulsar a vecinos o vender las viviendas a fondos de inversión para que especulen".
Evitar estas medidas contribuiría, a su juicio, a evitar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no tengan alternativa habitacional.
Además, ante las críticas de la oposición por la falta de vivienda en la ciudad y la ejecución del presupuesto, la edil de Compromís ha remarcado que lo que no se ha podido gastar en 2022 se hará en 2023, ha acusado a estos grupos de "inútiles" por no apoyar la moción y ha destacado que el parque público ha incorporado 182 inmuebles en los últimos años.
Por su parte, la vicealcaldesa, concejala de Desarrollo Urbano y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha asegurado que a corto plazo habrá 2.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler asequible en la ciudad gracias a los planes municipales, autonómicos y estatales.
Ha reconocido, eso sí, que por muchos esfuerzos "es muy difícil combatir el precio del alquiler y la compraventa si no hacemos nada para trabajar contra los especuladores". Para ello ha reiterado su propuesta de establecer una "tasa especial" a los apartamentos turísticos que "encarecen indiscutiblemente el alquiler".
En el mismo debate no ha prosperado otra propuesta de Cs para favorecer la salida al mercado libre de 12.000 nuevas viviendas en los próximos cuatro años, con reserva de un porcentaje de protección pública.
Su portavoz, Fernando Giner, ha acusado al bipartito de tener 29 planes urbanísticos "bloqueados", como el PAI de Benimaclet "por las broncas entre PSOE y Compromís", y de llevar a cabo una política de vivienda "a base de 'powerpoints'".
El PP ha respaldado su propuesta y ha tachado de "milonga" la del equipo de gobierno, mientras Vox se ha abstenido y Compromís y PSPV han votado en contra.
