VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València fue uno de los grandes consistorios de España que más ofertas diferentes pidieron para hacer sus contratos por emergencia motivados por la pandemia de coronavirus. O lo que es lo mismo: que menos contratos 'a dedo' llevaron a cabo aprovechando la emergencia del momento. Y sin embargo, fue de los ayuntamiento que menos comprobaciones hicieron para asegurar la fiabilidad de las empresas adjudicatarias y la supervisión de los contratos.
Son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe elaborado por el Tribunal de Cuentas acerca de la forma en que los grandes ayuntamientos españoles gestionaron los contratos por emergencia en 2020 tras el estallido de la pandemia. Un documento que, fechado de finales de octubre, deja cierto sabor agridulce en lo referente consistorio del Cap i Casal que gobiernan en coalición Compromís y PSPV.
Por motivos de acontecimientos catastróficos o situaciones de peligro o de defensa nacional -como se consideró la covid-, la normativa de contratos permite a las administraciones utilizar la vía de emergencia que permite saltarse trámites administrativos y hasta los principios generales de concurrencia y publicidad. El Ayuntamiento de València utilizó esta herramienta en 217 ocasiones a lo largo de 2020 por valor de 9,8 millones de euros, solo superado por Madrid -111,9 millones-, Barcelona -67,9 millones- y Sevilla -16,1 millones-.
"Se constata un significativo aumento de la utilización de este procedimiento excepcional" respecto al año anterior, señala el Tribunal, algo que ocurrió a nivel general debido a la irrupción de la pandemia. Por comparar, en València sólo se contrató por emergencia una sola vez durante 2019. De la nómina de 217 contratos, el consistorio no comunicó al Tribunal 54, de manera que el análisis se hace sobre una muestra representativa de los restantes.
Y las conclusiones que destaca el Tribunal de Cuentas hablan, entre otras cosas, de la baja contratación 'a dedo' promovida por el Ayuntamiento de València en comparación con el resto de grandes consistorios: en el 42% de los contratos de emergencia por la covid se pidió presupuesto a más de una empresa para seleccionar las mejores condiciones pese a no existir la obligación de hacerlo en buena parte de los casos. Sólo le superan Palma -50%- y Córdoba -45%-. Por la cola quedan otras ciudades como Murcia, Madrid, Bilbao, Barcelona o Zaragoza, que sólo lo hicieron en el 15% de los casos.
Asimismo, el organismo analiza qué cantidad de contratos cayeron en manos de pocas empresas. Por ejemplo, la compañía pública de Madrid SFM hizo una docena de contratos directos, sin concurrencia competitiva, para transportar material y el 92% fueron adjudicados a la misma empresa. También Barcelona contrató el 75% de la adquisición de mascarillas con una misma compañía sin pedir más presupuesto, igual que con los servicios publicitarios. A diferencia de València, que no aparece en este apartado: sus contratos analizados se repartieron entre adjudicatarios variados.
Falta de controles
Por contra, el consistorio que dirige Joan Ribó se encuentra a la cola en verificación y supervisión de las personas y compañías adjudicatarias. Por un lado, la normativa solo permite contratar a las empresas que "tengan plena capacidad de obrar", pero el Ayuntamiento sólo llevó a cabo las correspondientes comprobaciones en el 13% de los casos. Y por otra parte, la ley también exige a las contratistas que "acrediten su solvencia económica y financiera y técnica", algo que el consistorio verificó en apenas el 8% de los contratos de emergencia por la covid.
Pero el informe va más allá sobre este tipo de cuestiones y expone, por ejemplo, que en sólo el 13% de los contratos examinados el Ayuntamiento cumplió con la obligación legal de designar un responsable encargado de supervisar que las condiciones de los acuerdos se cumplieron. Algo imprescindible, según la ley, para "asegurar la correcta realización de la prestación pactada".
También se han hallado otros contratos en los que no hay acreditación de conformidad para confirmar que la empresa ha cumplido las condiciones, si bien sí se emitieron las facturas correspondientes. Y en la misma línea, hubo algún caso en que los suministros solicitados, como mascarillas, guantes o chalecos antibala para la policía, llegaron más de un mes desde que se inició el expediente, algo vetado por la ley para asegurar una verdadera urgencia en los contratos de este tipo.
València compró los geles más caros
Hay que recordar que la falta de oferta de material sanitario, como por ejemplo de mascarillas quirúrgicas, especialmente al principio de la pandemia, influyó notablemente en el precio de adquisición. Sin embargo, el consistorio de València pagó de media 48 céntimos por unidad, muy próximo al precio medio de las grandes ciudades, los 52 céntimos. Destaca Alicante, por su parte, que consiguió hacerlo a 9 céntimos, o Córdoba, a 20 céntimos.
En gel hidroalcohólico, sin embargo, el consistorio del Cap i Casal pagó precios muy por encima de la media: 11,40 euros por litro frente a los 7,24 de media. Alicante fue el que lo compró más barato también en este caso -3,20 euros-, seguido de Málaga -3,74- y Madrid -4,60-.
Foto: EDUARDO MANZANA
