València seguirá cobrando por la plusvalía, aunque no la haya, hasta que cambie la ley

VALÈNCIA. "Nosotros nos hemos limitado a aplicar la ley", advertía este martes el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. Y eso es lo que van a seguir haciendo. Sea justo o no, el consistorio seguirá cobrando el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana porque es su obligación.

El Tribunal Constitucional (TC) hizo público este viernes pasado una sentencia que abre la puerta a que los contribuyentes, a los que se obligó a pagar las famosas plusvalías tras la venta de un inmueble en el que perdieron dinero, puedan reclamar la devolución del dinero a los ayuntamientos.

El Constitucional ha declarado contrario a la Carta Magna varios artículos de la norma foral y es algo de lo que han tomado nota en el Ayuntamiento de València. Por eso, señaló Vilar, tienen claro que deberán facilitar la devolución del dinero a los afectados. "Nosotros devolveremos lo que tengamos que devolver si se da el caso", aseguró este martes en rueda de prensa. Pero mientras no se suspenda la ley, no pueden dejar de cumplirla.

"El Ayuntamiento de València, como todos los ayuntamientos de España, ha cumplido estrictamente la ley, tanto en la concepción del impuesto como en su base de su ejecución. Nosotros no somos responsables de que se mantenga una legislación anticonstitucional", aseguró el concejal socialista. 

Dos exigencias al Gobierno

En la actual coyuntura, Vilar adelantó que tienen planteadas dos exigencias al Gobierno central. La primera de ellas, es que se cambie la ley, "que el Gobierno promueva las iniciativas legales necesarias para adaptar la legislación a la realidad. No vamos a asumir una responsabilidad que no es nuestra", insistía.

Igualmente, aseguró que pedirán la compensación al Estado por mantener una ley no constitucional y el coste que tendrá para el presupuesto del consistorio. Si bien tienen un apartado para Contingencias, dejar de cobrar la plusvalía conllevará una pérdida patrimonial que Vilar reclame les sea devuelta por parte de la Administración Central.

"Nosotros tampoco pretendemos que los ciudadanos paguen la aplicación de una ley no constitucional, pero evidentemente intentaremos recuperar del Estado el perjuicio que nos pueda causar".