València y otras capitales piden dedicar un 0,25% del PIB español al transporte público

VALÈNCIA. (EP/VP) Los ayuntamientos de València, Barcelona, Madrid, Zaragoza y A Coruña han presentado este jueves el borrador de una ley de financiación de transporte público colectivo de ciudades y áreas metropolitanas que establezca que el 0,25% del PIB se destine a cubrir los gastos de las redes de transporte de las ciudades y que incluya un fondo para inversiones en los servicios e infraestructuras.

El objetivo es crear un marco "estable" que regule los recursos que el Ejecutivo destina a los municipios de más de 50.000 habitantes, con un fondo estatal basado en "criterios objetivos" para que la dotación no la decida el "gobierno de turno" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni quede "a expensas de las comunidades autónomas".

Así lo han explicado en una rueda de prensa en València la concejala de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Inés Sabanés, y sus homólogos en València, Giuseppe Grezzi; Barcelona, Mercedes Vidal; Zaragoza, Teresa Artigas, y A Coruña, Daniel Díaz, junto a los diputados en el Congreso Joan Baldoví (Compromís) y Sergio Pascual (Unidos Podemos).

Este borrador surge a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Fomento del Congreso, el pasado 20 de septiembre, en la que se instaba al Gobierno a reunirse con "todas" las ciudades en el plazo de seis meses para establecer un marco legal que regule el traspaso de recursos a las corporaciones locales en materia de transporte público. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PNV, aunque hasta la fecha el encuentro no se ha celebrado, por lo que València, Barcelona, Madrid, Zaragoza y A Coruña se han puesto "manos a la obra".

La propuesta, a la que esperan que se sumen más ayuntamientos y partidos, incide en que se reserve "de forma estable" el 0,25% del PIB al transporte de ciudades y áreas metropolitanas y se cree un fondo para inversiones que tendrán "requisitos de eficiencia" y estén encaminadas a un modelo sostenible, de forma que a través de criterios "objetivos" como el número de desplazamientos o la población se evite el "despilfarro".

Todo ello para generar un "marco estable" y que las asignaciones "no dependan de los cambios de gobierno". Además, las dotaciones se someterán a "valoraciones plurianuales". Si el Gobierno no "hace suya" la propuesta de ley antes del 19 de marzo, los diputados de Compromís y Unidos Podemos la llevarán al Congreso para iniciar su tramitación. Los parlamentarios se han mostrado "abiertos a compartir la propuesta" con los grupos políticos "que se quieran añadir".