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VALÈNCIA. Ya es oficial: el Ayuntamiento de Godella ha aprobado el Proyecto de Actuación Integral (PAI) en el bosque de la Torre del Pirata. Con un total de 15 votos a favor y dos en contra, el pleno ha sentenciado el futuro del entorno forestal, que se llenará de excavadoras para proceder a la construcción de un total de 447 viviendas en las que habitarán 1.500 personas.
Los colectivos ecológicos y asociaciones vecinales del municipio -como "Godella en Lluita", "AAVV Salvem la Torreta del Pirata" y "Natura Godella"- se movilizaron este jueves antes del comienzo del pleno extraordinario convocado únicamente para realizar la votación. Las pancartas, chalecos y camisetas con mensajes reivindicativos se veían a la distancia, a la vez que en la puerta del consistorio retumbaba el lema "No al PAI". Una causa común que reunió a jóvenes y adultos para presionar a las autoridades políticas con la esperanza de frenar un proceso marcado por la incertidumbre.
Pero la presión no bastó para aplazar el encuentro, al igual que tampoco fueron suficientes las firmas presentadas ni las 400 alegaciones de la ciudadanía. Tampoco el informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat que establece que la Torre del Pirata, también llamada Cañada de Trilles, presenta condiciones para poder llegar a ser considerada paraje natural. Este bosque ocupa 15 hectáreas y es considerado un pulmón verde de la localidad que destaca por su flora y fauna.
A la hora de dar comienzo a la sesión, se permitió la entrada como público a 48 personas, contadas una a una, entre las que también se encontraban propietarios y empresas constructoras. De esta manera, mucha de la gente que había expresado su disconformidad a lo largo de la tarde tuvo que permanecer a las puertas del recinto, esperando información. Dentro, un ambiente de tensión, inquietud y decepción invadía las instalaciones y así lo hacían reflejar los asistentes, quienes perseguían distintos objetivos y no trataban de esconderlos.
El PSPV, Ciudadanos, Partido Popular y Compromís coincidieron en su voto favorable al PAI, mientras que Unides Podem-EU fue la única formación en contra de la actuación. Se trata de una resolución que pone fin -o eso parece- a 20 años de dudas y juicios.
El proyecto se aprobó a inicios de los 2000, pero con la llegada de la crisis económica se paralizó, por lo que en 2018 se declaró su caducidad debido a la falta de avances. No obstante, las alegaciones de los propietarios provocaron la nulidad de la caducidad en 2020; las obras volvían a estar en el plan. Recientemente, la Agencia Valenciana Antifraude ha ratificado esas irregularidades en un informe mediante el cual insta a sancionar al agente urbanizador con 2,2 millones de euros por no respetar los plazos de ejecución.
El Consistorio asegura ahora verse forzado a aceptar una obra del 2002 en 2022, con el fin de evitar "consecuencias económicas millonarias" para el municipio. Según explicó anteriormente Carles Durán (Compromís), concejal de Urbanismo, a este periódico: "Hemos tenido unos problemas económicos importantes para afrontar las expropiaciones y consideramos que las sanciones que podrían devenir de la reversión del PAI son inasumibles por parte de la administración municipal. Implicaría un bloqueo total del ayuntamiento". Ese miedo al efecto que supondría rechazar el programa es el que impulsó a Ciudadanos a posicionarse a favor de su prorrogación en el pleno, tal y como explicó el portavoz, Francisco Javier Beltrán.
Por su parte, Irene Ferré, concejal y portavoz de Unides Podem-EU, criticó: "Hoy empieza la ruina de Godella, se firma la sentencia de muerte de un pueblo que atraía a la gente por su proximidad con la capital, por su huerta y por su paisaje. Es evidente que el grupo de gobierno prioriza el interés del urbanizador por encima de la voluntad ciudadana". Además, Ferré recordó la importancia de actuar en sintonía a las necesidades derivadas de la crisis climática: "Va en contra de todo lo que se propone desde los estamentos nacionales e internacionales".
Fue una intervención que no agradó a José María Musoles, portavoz del PP, quien acusó a Unides Podem-EU de no haber actuado hasta ahora y de ser "tan responsable como el resto". Finalmente, la alcaldesa de Godella, Teresa Bueno (PSPV), y la concejal de Cultura, Tatiana Prades (Compromís), insistieron en que el 60,8% del territorio es no urbanizable y resaltaron el compromiso con el medio ambiente que había mostrado el Ayuntamiento en proyectos pasados. Además, ambas expresaron haber vivido "acoso en redes sociales", por lo que han iniciado trámites judiciales en este asunto.
Así pues, solo uno de los cinco partidos políticos mostró su rechazo a la edificación en el bosque, motivo por el cual Ferré recibió el agradecimiento y la enhorabuena del conjunto de vecinos y vecinas, puesto que vieron representados sus intereses a través de su discurso.
A pesar de haber abandonado la casa consistorial con desilusión, el pueblo continuará con la búsqueda de soluciones para frenar las excavaciones. Pero el tiempo corre ahora más rápido que nunca, y habrá que intervenir de forma eficaz si quieren que la Torre del Pirata, tal y como se conoce hoy en día, no se convierta en un simple recuerdo.