VALÈNCIA. "Ahora toca hablar de comercio", ha repetido una y otra vez el sector desde el pasado mes de diciembre, cuando se alcanzó con un notable consenso el pacto para la apertura en domingos y festivos -el asunto que había enfrentado durante años a grandes y pequeños comerciantes en la Comunitat-. ¿Y qué asuntos le quedan por abordar al comercio? Son varios... está la amenaza de internet a la tienda física, también la herida abierta de las rebajas, que fueron desreguladas contra el criterio de los pequeños establecimientos. Pero en la Comunitat el principal frente de ataque del sector será la lucha contra el comercio ilegal y la "dejadez política" que lo permite.
¿La razón? Frente a lo que sucede con el comercio electrónico y las rebajas -cuya regulación está en manos del Estado-, la lucha contra el comercio ilegal recae en buena parte sobre los ayuntamientos, que son quienes otorgan o retiran las licencias de actividad y cuya policía es la encargada de frenar actividades como el top manta o la venta de alimentos y bebidas al margen de la ley. En manos del Estado está la inspección de trabajo, otra herramienta esencial contra el comercio fraudulento.
Confecomerç CV, la gran patronal del pequeño comercio resultante de la unión de Cecoval y Covaco, ha puesto este viejo problema en el centro de su diana. "Queremos que Ribó se moje", indica a este diario Rafael Torres, recientemente elegido presidente de Cecoval y vicepresidente de Confecomerç. Pero ¿A qué se refiere Torres con 'mojarse'? ¿Por qué no iba a defender cualquier alcalde a su tejido comercial con uñas y dientes frente a quienes venden sin pagar impuestos ni ofrecer productos de garantías a los consumidores? "Entendemos que es un asunto delicado", reconoce el propio empresario.
La sensibilidad estriba en que en buena parte del comercio ilegal participan personas inmigrantes en situación irregular. En València, según cifras de la Delegación del Gobierno facilitadas a Confecomerç, existen alrededor de 400 'manteros' fichados, un número que presuponen sensiblemente superior si se tiene en cuenta que muchos no han llegado a ser identificados por la policía.
"Cabe subrayar que ellos son simplemente los vendedores, que quienes se están lucrando realmente con las ventas son mafias", explica Amparo Barroso, secretaria general de Confecomerç y Covaco. Según la confederación, estas organizaciones se están volviendo todavía más agresivas con el paso del tiempo. "Ahora les hacen pagar la mercancía por adelantado, de modo vuelven a los vendedores aún más vulnerables y competitivos", indican.
"Como es obvio, nosotros no queremos nada malo para estas personas. Al contrario, pensamos que la administración ha de darles una solución social, nada que ver con la actual permisividad ante el comercio ilegal, que les perjudica tanto a ellos como a quienes competimos cumpliendo las normas y pagando nuestros impuestos. No somos un sector cualquiera, somos el segundo tanto en creación de empleo como en contribución al PIB", destaca Torres.
Pero para la clase política la presencia de un colectivo vulnerable complica la ecuación. "Lo hemos visto recientemente en Madrid con la desgraciada muerte de un vendedor. Hay por hacer una importante labor de concienciación para que se deje de ver la lucha contra la venta ilegal como un ataque a este colectivo. No tiene nada que ver con eso, pero la gente lo interpreta muchas veces así. Hay ciudadanos que le gritan a la policía cuando actúa contra el top manta... Y en este contexto el político huye de tomar decisiones y cae en la dejadez", argumenta.
A por València, sede del 33% del comercio
Pero el problema sigue en las calles y Confecomerç no está dispuesta a que esta situación se eternice. Por ello, una vez solventado el engorroso asunto de los horarios comerciales y precisamente con su hueco en la agenda mediática por cubrir, el pequeño comercio sitúa este asunto en el epicentro de su acción, y en particular en el Cap i Casal. "València aglutina el 33% del comercio de la Comunitat Valenciana, es muy importante para nosotros que marque una buena pauta", explica Torres.
El pasado mes de abril, en un encuentro de Cecoval con el alcalde Joan Ribó, la organización aprovechó para trasladarle este mensaje. En la hoja de ruta Confecomerç tiene previsto realizar un trabajo exhaustivo sobre el impacto del comercio ilegal en sus negocios y una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas valencianas con el objetivo de "despolitizar el tema, tratar de evitar que sea un arma arrojadiza entre las diferentes formaciones que enturbie el debate". Pese a las sensibilidades que despierta este asunto el objetivo de la organización es que esté sobre la mesa de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.
Un importante punto a favor con el que cuenta Confecomerç es que se trata de un problema transversal, que afecta a todos los tipos de comercio, de modo que se da por hecho el respaldo a esta ofensiva de importantes organizaciones como la asociación de supermercados Asucova, integrada por Mecadona, Consum y Masymas; o la patronal del gran comercio Anged, de la que forman parte firmas como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt.
El objetivo el lograr una posición firme que lleve a las administraciones a tomar medidas reales para combatir el comercio ilegal, para lograr que haya agentes en las calles que realmente disuadan a los manteros, para evitar que, como ocurrió las pasadas Fallas en la misma Plaza del Ayuntamiento, se produzca la venta ilegal de bolsas de patatas y otros alimentos escondidos por los vendedores en papeleras y alcantarillas, tal y como denunció Confecomerç.
Top manta en València, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Manuel Bruque
