Agua, la asignatura no aprobada por Teresa Ribera

La inversión pública constituye en cualquier país una de las palancas fundamentales para impulsar la competitividad, el desarrollo socioeconómico y el bienestar social. Sin embargo, y ciñéndonos a España, los niveles de inversión alcanzados en el año 2022, de 39.400 millones de euros (M€) suponen, un 39,4% menos que los 65.000 M€ registrados en 2009.

Todo ello, sin duda, retrasará una década la recuperación de los niveles precrisis, Situación y política inversora pública, que contrasta con la inversión en Francia e Italia, que en 2023 recuperaron ya los niveles alcanzados en el 2009 (precrisis).

Y si nos ceñimos a las últimas previsiones de la CE,a través de Eurostat,  en el bienio 2024-2025 España nuevamente se sitúa en la peor ratio de inversión pública por superficie y población de la UE27, con 1.812 euros por km2 y millón de habitantes, un 32% inferior a la ratio de Francia y un 55% inferior a la de Alemania e Italia.

Del catálogo de infraestructuras, las obras pendientes Hidráulicas y del Ciclo Integral del Agua constituyen una parte prioritaria y crítica de nuestro stock de capital público.

En materia de regulación hídrica, España, con un stock de 1.225 grandes presas según el inventario oficial que tienen una capacidad de embalse de 56.000 hm3 (hoy están al 66,6 %) es el quinto país a nivel mundial con el mayor número de estas infraestructuras y el primero de la UE. Respecto a la reutilización de aguas residuales, según el INE y el MITERD, ocupamos la primera posición de la UE con unos 610 hm3 reutilizados en 2022, que representa el 13% del volumen de agua depurada a nivel nacional y un tercio del volumen total de reutilización de toda UE.

Frente a estos datos, el volumen de agua reutilizada en la Comunidad Valenciana alcanza el 40% del agua reutilizada en toda España y, según manifestaciones de nuestra consellera de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, Salomé Pradas, en los próximos años pretendemos llegar al 45 %. La Comunidad Valenciana y la murciana encabezamos el ranking nacional en reutilización, tanto en términos absolutos como porcentuales.

Como decimos, mientras la media de España en reutilización, se sitúa en el 13%, en la Comunidad alcanzamos el 56%... y, particularizando, en la Comarca de La Vega Baja de Alicante se reutiliza el 100%.

De las 2.100 depuradoras públicas que se han construido en España, 508 de ellas (EDARs) están situadas en la Comunitat s/fuentes de EPSAR (Entitad Pública de Sanejament de Aigües Residuals).

Ello es uno de los potentes argumentos que utilizamos desde la Generalitat ante la impertérrita, distante y sectaria ministra Teresa Ribera, para justificar que la Comunidad Valenciana ha hecho y está haciendo sus deberes y está en buena situación para exigir las transferencias de agua, por ejemplo del Tajo-Segura.

No obstante, y a pesar de esta actitud positiva de la C. Valenciana con relación al agua, subsisten importantes y graves déficits de inversión a nivel nacional, que han derivado en fuertes sanciones económicas por incumplimiento de la normativa comunitaria, como es el caso de las Infraestructuras de Tratamiento de aguas residuales, (EDARs) con más de 70 millones de euros (M€) abonados hasta la fecha desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE) en 2018… y que los españoles deben conocer.

La sequía, o más bien la distribución irregular de las precipitaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía, constituye otro serio y grave problema, cuya resolución se viene afrontando con decisiones de emergencia ex post, ello en sustitución y falta de una adecuada Planificación Nacional basada en una serie de trasvases entre cuentas deficitarias y excedentarias –con reserva de caudales ecológicos rigurosos y contrastados– y en otras alternativas como la desalinización con recursos de energía renovable, que funciona con éxito en otros países e igual y ejemplarizadamente en la Comunidad Valenciana y Murcia. ¡ Eso sí, adecuando el coste energético al uso agrícola!

A este respecto manifestar que en la Comunidad Valenciana contamos actualmente con ocho desalinizadoras funcionando, que desde 2022 han producido alrededor de 100 hm3, lo que indica que están funcionando al 53%, cinco de ellas pertenecen a Acuamed (MITERD) construidas dentro del Programa Agua (Cristina Narbona) para sustituir el Trasvase del Ebro (situadas en Oropesa, Moncofa, Sagunto, Mutxamel y Torrevieja), que supusieron en su día una inversión de más de 500 M€ (hoy la de Torrevieja, ya adjudicada su ampliación de 80 a 120 hm3/año de capacidad) y otras tres desaladoras (Alicante I y II, Xàbia y Dénia, pertenecientes a entidades locales), todas ellas esperando poder ser dotadas de energía verde fotovoltaica, y más asequible para el usuario, principalmente el agrícola.

Y, en último lugar, las inundaciones, que siguen constituyendo la mayor catástrofe nacional con cuantiosos daños económicos, cuyos dramáticos episodios vivimos con harta frecuencia.

La estadística de la CE revela igualmente una fuerte desinversión en infraestructuras hidráulicas en España. En concreto, la formación bruta de capital fijo-pública en 2022 (e Gobierno todavía no ha publicado el cierre del ejercicio 2023) del conjunto de las AAPP en gestión de Aguas Residuales fue de 467 M€, menos de la mitad que lo invertido en 2007, que fueron unos 1.080 M€. Y con respecto al Abastecimiento de agua, en 2022 se invirtieron 539 M€, frente a los 1.149 M€ en 2007, también un porcentaje de un 50% inferior a la media de aquella inversión.

En contraste con los datos –negativos– anteriores, las necesidades de inversión en agua son cada vez superiores. La Planificación Hidrológica vigente para el periodo 2022-2027 proyecta 38.000 M€ de inversión en 11.677 medidas, y su ejecución en plazo a saber, verse finalizadas en el 2027 requeriría triplicar la licitación pública hidráulica media actual de las AAPP hasta 2027, de los 2.758 M€/actuales/año a 8.105 M€/año... el MITER, ante ello ni está ni se le espera.

Conseguir tal objetivo requiere necesariamente la implementación de un plan de acción extraordinario, particularmente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que concentran el 61% de las inversiones hidráulicas regionalizadas.

Por tipología de Infraestructura Hidráulicas, tenemos:

– Depuración y Saneamiento, con 11.000 M€ de inversión.

– Regadío y abastecimiento, con 8.750 M€.

– Gestión del riesgo de inundación y del dominio público hidráulico, con 8.090 M€.

– Infraestructuras de Desalinización, reutilización, regulación y recuperación de acuíferos con 3.725 M€.

A las inversiones anteriores, es preciso añadir otras relacionadas con la inminente aprobación por la UE de la nueva Directiva de Aguas Residuales Urbanas y otros déficits en el stock de capital público no recogidos en la planificación hidrológica. En este sentido, alcanzar la neutralidad energética en el stock de depuradoras y desalinizadoras en operación, que representan el 2% del consumo de energía nacional, requerirá –como venimos reiterando en cuanto al coste energético– de unos 1.540 M€ de inversión en infraestructura solar fotovoltaica.

En lo relativo a la reposición de nuestras redes de suministro de agua con más de 40 años de antigüedad, es necesario invertir adicionalmente, según estimaciones de AEAS (Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento), otros 10.700 M€ .

En último lugar, abordar la conversión de las redes unitarias de alcantarillado a redes separativas para, entre otros efectos, evitar el negativo impacto de los 7.995 puntos de vertido por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia inventariados en España, nos llevaría a un umbral estimado de inversión superior a los 15.000 M€, en los más de 41.000 km de red de alcantarillado de nuestras redes metropolitanas. Situaciones que venimos reclamando reiterativamente en el Área Metropolitana de Valencia y Horta Sur/Oeste para  ampliar el Colector Oeste ( Pista de Silla V-31) no colmatar la Albufera y no hacer inapropiada la Edar de Pinedo al tener que depurar aguas grises (no solo negras).

Las inversiones hidráulicas anteriores representan un total de 66.000 M€ durante la presente década.

En lo que respecta a los recursos públicos para su financiación, además de los recogidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y de las CCAA, disponemos del Plan de Recuperación e en segundo lugar, que en lo relativo a infraestructuras hidráulicas, contribuye con 1.900 M€ a través de sus componentes C4 y C5. Es posible servirse, asimismo de 10.000 M€ del objetivo político 2 del Acuerdo de Asociación de España 2021-2027, cuya desagregación se desconoce, si bien cubriría una pequeña parte de las necesidades de inversión.

Como tercera alternativa de financiación pública la Adenda del Plan de Recuperación, y en particular del Fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el BEI y dotado con 20.000 M€ de préstamos a 30 años con 10 de carencia, permitiría financiar infraestructuras hidráulicas del ámbito de las CCAA y CCLL, siempre que se pudiese prorrogar el hito de ejecución de 2026, al menos dos años más, cuestión que depende de la decisión de la CE, al ser técnicamente difícil proyectar, contratar y ejecutar una obra civil en apenas dos años. Y en último lugar, como instrumento de financiación, los cánones de saneamiento en el recibo del agua, diseñados expresamente para las inversiones del ciclo integral del agua, que tan eficazmente funcionan en la Comunidad Valenciana y Ente Metropolitano a través del Epsar y Emivasa y que, no obstante, no se aplican con todo rigor en toda España ni tampoco recuperan el 100% de las inversiones realizadas y por realizar.

En lo que respecta a la financiación privada, hay una enorme liquidez disponible, particularmente interesada en participar en activos de infraestructuras, por definición de titularidad pública, casando el modelo concesional a la perfección con las infraestructuras de saneamiento y depuración, a los efectos de garantizar mediante indicadores y mecanismos de retribución objetivos tanto los volúmenes de tratamiento anual a realizar como la calidad del efluente definida en los pliegos. No obstante, tenemos importantes barreras regulatorias como la Ley desindexación de la economía española, que incomprensiblemente sigue obstaculizando la colaboración publico privada en infraestructuras, inexistente desde 2015 en la contratación pública nacional.

Como hemos tratado de demostrar, ¡ojalá lo hayamos transmitido!, tenemos a nivel Nacional (Seopan, AEAS, Federación de Municipios y Provincias, etc.) y a nivel de Comunidad Valenciana (Cámara de Contratistas CV, Epsar, Emivasa, diputaciones, etc.) identificadas y planificadas una gran parte de las necesidades de inversión en agua y disponemos de una oferta empresarial de ingeniería y construcción líder por su competitividad, experiencia, tecnología y capacidad de financiación privada en proyectos de infraestructuras. Cumplir con éxito los retos inversores anteriores depende fundamentalmente de la decisión de nuestras AAPP y de una adecuada planificación nacional, técnica y financiera, a corto plazo que fluya, converja y elabore la AGE, el MITERD y las confederaciones hidrográficas con las CCAA. Y que la emigración a la UE de la vicepresidenta Teresa Ribera nos depare una nueva ministra/o responsable de la Transición Ecológica y de la Política del Ciclo Integral del Agua que ejerza con eficacia, eficiencia  y profesionalidad los retos y desafíos que nos apremian.