Cierra el cajero automático de Otos, un nuevo municipio ante la amenaza de exclusión financiera

VALÈNCIA. El cajero automático de Otos, un pequeño muncipio de la Vall d'Albaida, ha cesado sus operaciones, dejando a los residentes sin acceso a servicios financieros y exacerbando la preocupación por la exclusión financiera en la localidad. La entidad financiera Cajamar tomó la decisión de clausurar el cajero, fundamentando su determinación en la falta de rentabilidad asociada al servicio. Inés Alfonso, alcaldesa de Otos, expresa que esta medida afecta a todas las franjas de edad, siendo especialmente perjudicial para la población mayor que carece de la capacidad de desplazarse fuera del municipio.

El cierre del cajero no ha sorprendido al ayuntamiento, el cual había sido advertido previamente sobre la escasa viabilidad económica del servicio. Aunque el ayuntamiento presentó a la entidad argumentos relacionados con medidas antidespoblación, la falta de beneficios no paró a la empresa en su idea de cerrar el cajero y las múltiples reuniones mantenidas con representantes de Cajamar, no lograron evitar el cierre. La alcaldesa Alfonso lamenta los infructuosos intentos: “Nos dicen que el dinero en efectivo desparecerá en pocos años, pero a día de hoy la realidad no es esa". 

Las consecuencias de esta decisión se evidencian tanto de manera directa como indirecta, con un impacto negativo en el ámbito turístico, según la alcaldesa. Alfonso destaca: "Si estamos hablando de mantener los servicios en las zonas rurales, de atraer vecinos y vecinas que vengan a vivir aquí, debemos ofrecer condiciones atractivas", a lo que añade: "Lo que no podemos hacer es llamarlos para que vengan a vivir aquí y cada vez ofrecerles menos servicios".

Ante la clausura, el consistorio local ha buscado alternativas para paliar los efectos adversos.  La alcaldesa informa que la única opción restante es una unidad móvil, también de Cajamar, que visita el municipio los martes por la tarde tras recudir su horario. Desde el Ayuntamiento, solicitan un aumento en la frecuencia de este servicio móvil. Hasta el momento, no hay información disponible sobre una fecha específica para dicha modificación, y los residentes se ven obligados a conformarse con el servicio actual o desplazarse a otras entidades financieras en localidades circundantes.

En peligro de exclusión financiera

Un informe presentado en 2022 por las asociaciones bancarias, basado en el trabajo del catedrático Joaquín Maudos, reveló que aproximadamente el 1,4% de la población española -alrededor de 657.500 personas- carece de acceso a servicios bancarios en sus municipios. Un problema que se concentra en 3.230 localidades españolas. Como respuesta a esta situación, el acuerdo entre las patronales financieras y Correos tiene como objetivo proporcionar acceso al efectivo sin depender de canales digitales y minimizando los desplazamientos.

El Consejo de Europa considera el acceso a los servicios bancarios básicos como un derecho ciudadano. Es por ello por lo que instituciones y empresas han instigado esfuerzos por contrarrestar la tendencia de exclusión financiera en municipios en riesgo de despoblación. En este contexto, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) han suscrito un protocolo para garantizar el acceso al dinero en efectivo a los habitantes de pequeños municipios rurales.

Entre otras medidas impulsadas, Correos ha puesto a disposición del sector bancario su servicio Correos Cash, que permite retiradas e ingresos de efectivo en 4.675 puntos de atención, incluyendo oficinas y servicios rurales, así como la entrega a través de 6.000 carteros rurales en domicilios particulares. Este enfoque busca facilitar el acceso a servicios financieros básicos de más de 650.000 personas en municipios sin acceso a servicios bancarios. La estrategia de Correos se alinea con su compromiso de acercar servicios a la ciudadanía, ofreciendo soluciones que mejoren la calidad de vida y contribuyan al desarrollo económico en áreas rurales y a la lucha contra la despoblación.

De la misma forma, CaixaBank atiende a 72.000 residentes en 71 municipios de la Comunitat Valenciana mediante oficinas móviles, con dos unidades recorren 9.000 km al mes, para ofrecer operaciones bancarias habituales. En Castellón y Valencia, cubren 36 y 35 localidades respectivamente, lo que beneficia a más de 22.000 y casi 50.000 habitantes. 

Adicionalmente, la Presidencia de la Generalitat, a través de la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento (AVANT), ha implementado una iniciativa que destina 7,83 millones de euros para fomentar servicios bancarios básicos en municipios rurales afectados por el cierre de oficinas. Sin embargo, la alcaldesa de Otos señala la necesidad de renovar el periodo de ayudas, ya que el programa de cuatro años aún está en vigor.

A pesar de estos esfuerzos, el número de cajeros automáticos en España sigue disminuyendo, con un 54,4% de los municipios sin oficinas bancarias. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la población afectada es de 1.555.688 personas. Aunque en el tercer trimestre de 2023 se observa un ligero aumento en el acceso presencial en algunos municipios, la mayoría de estas ganancias se logra a través de canales alternativos, mientras persiste la demanda de oficinas bancarias en municipios rurales.

Municipios como Otos -con menos de 500 habitantes- siguen demandando servicios bancarios presenciales, lo que resalta la importancia de encontrar soluciones efectivas. A pesar de los avances en canales alternativos, las oficinas bancarias estables continúan siendo esenciales para garantizar un acceso equitativo y completo a los servicios financieros básicos.