El contrato como garantía de un modo de vida

He de manifestar a mis lectores que el seguir disponiendo de medios en los que poder manifestar mi opinión y criterios ha sido siempre algo reconfortante. Esta facilidad no tiene nada de desahogo y las horas dedicadas a mis 8oo palabras quincenales o mensuales distan mucho de ser momentos de esparcimiento y, más aún, de devaneo con el poder. Siempre enfrento la selección del tema sabiendo que ha de ser ante todo muy relevante para el día a día de mis convecinos y que el desarrollo de la argumentación ha de repudiar tanto la ocultación como el disimulo. Vuelvo con este espíritu sobre un tema, el de la vivienda. Espero que este análisis sirva de complemento al expuesto en uno de mis artículos anteriores.

Hoy cabe afirmar que, durante los últimos años, se ha venido permitiendo que una plataforma y sus espacios publicitarios en televisión transformen el centro de las ciudades al expulsar a los vecinos que habían venido dando vida y una cierta forma de ser a sus calles. Esto parece que se ha generalizado de forma tal que afecta a toda nuestra geografía en grados diversos, pero siempre alarmantes. En estas estamos, cuando he leído en las páginas de Valencia Plaza (2/08/2024) que “los pisos turísticos inscritos desde 2018 en la Comunidad, según datos oficiales, son más de 31.000. El registro autonómico mantiene en su base de datos 105.111 viviendas”.

Este no es un problema que singularice a nuestra Comunidad; por desgracia, es una más de las que lo padecen y, por ello, anuncia modificaciones legales sobre el tema que espero apunten en la recuperación de los espacios urbanos por sus vecinos. Sabido es que el problema se ha generalizado y, en consecuencia, se revela con toda su crudeza en la vida cotidiana de Mallorca o de Cádiz, de Barcelona o de Madrid. Por ello, los medios de comunicación han tenido que hacer suyo el problema y de forma diaria y sistemática trasladan a todos las situaciones creadas.

De todo ello hemos de sacar una conclusión inmediata: Otros afanes han consumido durante años las horas de nuestros gestores municipales, autonómicos y nacionales. En un esfuerzo final por legitimar y negar esa forma de haber vuelto las espaldas a un problema verdaderamente sustantivo y urgente, siempre aparece alguien que, como el Sr. Sanjuan (PSPV), pretende legitimar sus años de inactividad, de falta de visión y de cerrazón mental declarando en Valencia Plaza (15/07/2024) que “no falta vivienda en Valencia, sino que mucha de la que hay se dedica a otras cosas”. Su afirmación es falsa: falta vivienda en Valencia. Salga a la calle, hable con los profesionales del sector, vea los carteles y notas que cuelgan en las Facultades, lea los informes de los cátedras especializadas en vivienda de las Universidades. Todos coinciden, falta vivienda en Valencia. Este es uno de los problemas que le han devuelto a la oposición: ¿Cómo fiar el gobierno de Valencia a quien niega que falte vivienda en esta ciudad? Otras preguntas cabe hacerse: ¿El malestar con los apartamentos turísticos no está alimentando la turismofobia? ¿Qué repercusiones tendría para ese 12% del PIB nacional que agarre en los media europeos esa turismofobia? ¿No debería haber sido algo prioritario en la gestión municipal del Sr. Sanjuan el poner en equilibrio las actividades turísticas y la calidad de vida de los ciudadanos en Valencia? Todo parece haberse agotado en la tasa turística mientras veían crecer en 31.000 los pisos turísticos.

La pregunta que cabe formular es clara: ¿Quién ha permitido esa torcida dedicación de los locales que día a día han venido dejando a los jóvenes sin casa y a los adultos agobiados por un mañana que puede situarlos con sus enseres y familia en la calle? “Los Sanjuan” nos deben una explicación porque, como se ha revelado, no salieron al paso de la transformación que conocían que se estaba operando ni favorecieron la necesaria construcción que el mercado requiere, tal y como han venido denunciando los centros universitarios que atienden este tema. Esta situación debe ser enjuiciada junto con otra que ya denuncié en su día: los legisladores han favorecido que, por ejemplo, la crisis social y económica, que padece una importante parte de la población, se haya trasladado a los propietarios de una vivienda alquilada, cuya renta no es atendida por el inquilino por padecer paro. Por ello, tan pronto como el propietario logra recuperar por via judicial la vivienda, la retira del mercado del alquiler y la pasa al uso turístico.

Mis lectores estarán de acuerdo conmigo en que pocas situaciones pueden generar más desdicha que el no disponer de un techo para los tuyos. Por ello, no puedo entender cómo un problema que se ha venido redimensionando día a día, ha sido tan ignorado por nuestros administradores. Lo repito: “los pisos turísticos inscritos desde 2018 en la Comunidad, según datos oficiales, son más de 31.000”. Parece que cuanto mayor sea el problema, mayor distancia por medio pone el político. Ha pasado con el mercado de la vivienda como está pasando con otro problema que afecta a todos: el de la emigración; cualquier parche parece valer en vez de discutir, aunque sea en agosto, una política migratoria y las necesidades asociadas a su atención. Hasta hay quien prefiere invertir en seguridad para protegernos en vez de hacerlo en educación y atención. ¡Qué cosas!

Las regulaciones de los pisos turísticos en proceso deben contribuir a recuperar el espacio que siempre ha sido de los ciudadanos que han logrado conferir a sus calles su modo de vida. Y esa recuperación debe ser urgente y acometida con lucidez teniendo un solo objetivo: el ciudadano debe ver su contrato como una protección y garantía de su modo de vida y no como una amenaza. En días en los que se dan propinas de todo signo, es preciso que la ley favorezca, prime, los contratos de alquiler con vigencia indefinida, siempre y cuando el inquilino cumpla con las obligaciones y pagos estipulados en el contrato. Un piso alquilado no puede ser puesto en el mercado para obtener una rentabilidad inmediata y amplia; su rentabilidad debe ser juzgada a largo plazo. Probablemente deberíamos haber homenajeado a los propietarios que, a pesar de haber sido promulgada la ley Boyer, siguieron dando a los contratos de sus inquilinos vigencia indefinida. Se apelliden Daudén, Tello o Martínez tienen el reconocimiento social de haber marcado la línea correcta de desarrollo del mercado de la vivienda. Y lo hicieron voluntariamente, apelando al derecho civil. El estado deben continuar con esa política.