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en el periodo comprendido entre 2011 y 2017

El roto de las cuentas: Las expropiaciones le han costado al Ayuntamiento de València 125 millones 

El presupuesto inicial era tres veces menor, 41 millones; entre las más costosas, los 8 millones que ha tenido que pagar el consistorio por la expropiación de los terrenos de ampliación del cementerio, o los 18,2 por los terrenos de los Trenor y los Cotino

2/04/2017 - 

VALÈNCIA.  Cuentan en el Ayuntamiento de València que esta semana el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, se subía literalmente por las paredes cuando tuvo noticia de la sentencia del Supremo sobre la expropiación de los terrenos de la ampliación del cementerio. De nuevo, una cantidad importante, en este caso ocho millones de euros, tenían que ser restados de las arcas municipales para satisfacer una condena judicial por una actuación del anterior consistorio.

Llueve sobre mojado. En el periodo comprendido entre 2011 y 2017 el Ayuntamiento de València ha tenido que hacer frente a pagos en concepto de expropiaciones por valor de 125,1 millones de euros. La dimensión del roto, la losa que cual piedra de Sísifo suben cada día el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, y Vilar, se descubre cuando se constata que la cantidad inicialmente presupuestada para todo este periodo era de 41,7 millones. Es decir, han costado tres veces más.

La sangría es tal que ya hace cuatro meses el PSPV anunció que se intentaría poner coto a lo que se denominan como expropiaciones rogadas y solicitaría una moratoria, en una propuesta que ha llevado a Les Corts el síndic socialista Manuel Mata.

La mecánica por las cuales éstas expropiaciones rogadas están agujereando las cuentas públicas revelan, según explicaron fuentes municipales la “incompetencia” e “improvisación” en la gestión urbanística y de las expropiaciones por parte del anterior Ayuntamiento.

La paralización de los proyectos urbanísticos en diferentes barrios ha hecho que numerosos propietarios de terrenos pendientes de expropiación exijan que se ejecuten una vez pasado el plazo legal de cinco años. En todos los casos los propietarios han denunciado y ganado, lo que ha provocado que la administración tenga que adquirir o un inmueble que nadie quiere en un momento en el que nadie compra, o un terreno que nadie desea, y lo que es más dañino, a un precio que no se ajusta al mercado.

A estas expropiaciones rogadas se las considera trampas urbanísticas que se puso la propia administración local en tiempos de bonanza, cepos que han atrapado a multitud de localidades valencianas y muy especialmente al cap i casal, donde florecieron planos y proyectos con una alegría inconsciente.

El año catastrófico

Pedir la moratoria es un primer paso para detener esta derrama improductiva de fondos públicos y lo propuso el PSPV a raíz del catastrófico año 2016, un curso en el que el consistorio había previsto inicialmente pagar 8,1 millones y acabó teniendo que finiquitar 43,6 millones.

Ya en 2015, el año del cambio de gobierno, el consistorio tenía presupuestados 7,3 millones y acabó abonando 33. Y en 2014 estaban previsto pagar 10 millones de euros en este concepto y al final se acabaron abonando 29. Es decir, se triplicó el gasto.

En los seis años de los que se tiene constancia el consistorio se ha visto obligado a pagar siempre más de lo que previó. En 2011 el incremento no fue especialmente relevante, pero existió; se presupuestaron inicialmente 1,08 millones y a la postre se abonaron 1,11. En 2012 se consignaron 3,2 millones y al final fueron 5,8. Y en 2013 se habían reservado 3,8 millones y al final se pagaron 4,3.

El olvido de los Trenor y Cotino

Algunos de los casos son especialmente llamativos, como el del olvido que ha hecho que una expropiación que tenía que haber costado un millón de euros haya supuesto al final una derrama de 18,2

Un detalle muy significativo de este caso es que los propietarios de los terrenos eran dos familias de renombre en València: los Trenor y los Cotino, o concretamente Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex presidente de les Corts y conseller con los gobiernos de Francisco Camps. El sobreprecio es tan llamativo, que el Ayuntamiento ha decidido remitirlo al Tribunal de Cuentas por si encuentra algún tipo de comportamiento sancionable en la dilación mostrada por la Junta de Gobierno de entonces.

8,9 millones por pagar

Los ejemplos se acumulan y así sucede también con una expropiación, que se ha recurrido en casación, por una parcela de 3.000 metros cuadrados en la calle Olba en la que el justiprecio establecido por la Justicia indica que el Ayuntamiento de València tendrá que pagar 8,9 millones de euros. 

Sólo en la avenida del Dr. Tomás Sala, el consistorio tiene pendiente de resolución cuatro expropiaciones que juntas suman más de 10 millones de euros. Se trata de una parcela de 1.439 metros cuadrados, por las que el Ayuntamiento deberá pagar 3,3 millones; otra de 1.326 metros por la que deberá abonar 3,05 millones; una tercera de 1.112 metros que le supondrá 2,5 millones y una cuarta de 453 metros cuadrados cuyo coste final será 1,098 millones. Y es que en el Ayuntamiento de València cada vez que abren un cajón se encuentran un regalo del pasado.

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