VALENCIA, (EP). El Tribunal Constitucional ha decidido anular la ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial, la primera del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunitat en desarrollar el derecho civil foral, según han informado fuentes jurídicas. La decisión de anulación, a raíz de un recurso del Gobierno central que alegaba que la norma valenciana invadía competencias estatales, se ha adoptado con un voto particular, de acuerdo con las mismas fuentes.
El alto tribunal admitió el 17 de abril de 2008 a trámite el recurso formulado por el Gobierno central contra la ley de Régimen Económico Matrimonial, que se aprobó por las Corts Valencianes el 7 de marzo de 2007 como desarrollo del Derecho Civil Foral valenciano junto a la Ley Valenciana de Custodia Compartida y la Ley de Uniones de Hecho. Todas ellas fueron recurridas por el Ejecutivo central por estar invadiendo competencias estatales. La norma debía entrar en vigor en abril de 2008.
El Gobierno consideraba que, con esta norma, se pretendía adoptar un modelo diferente del derecho civil que rige en el conjunto del país en cuestiones referidas a la regulación de la carta de nupcias, aspectos de la separación de bienes y la regulación de las donaciones matrimoniales, entre otros.
El Consejo de Ministros decidió en diciembre de 2007 promover el recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, una decisión que justificó en que estaba respaldada por el dictamen favorable del Consejo de Estado, que mantiene que las instituciones reguladas en materia de régimen económico matrimonial "carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación autonómica civil de Valencia".
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, aseguró el pasado martes en Valencia que el Gobierno no retirará los recursos de inconstitucionalidad contra las tres leyes de derecho civil foral valenciano porque no puede desistir de unos recursos cuando se tiene "todos los informes jurídicos y de la Abogacía del Estado" y argumentaba que se trataba de un "tema de competencias y a este gobierno le corresponde la defensa del interés general".
Días antes, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, había enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para pedirle ese desestimiento, destacaba que el Consell mantenía un comportamiento "leal y respetuoso" con las instituciones que vertebran el modelo de convivencia y mantenía que el ejecutivo autonómico había ejercido sus competencias con "la máxima responsabilidad demostrando que se puede actuar con sentido de Estado y, al mismo tiempo, que se puede defender el autogobierno y reivindicar lo que se considera legítimo para un territorio".
Según Puig, desde que la norma institucional básica valenciana fuera objeto de "una amplia y profunda reforma", la Generalitat ha puesto en práctica su competencia exclusiva en materia de conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil valenciano con el pleno convencimiento de la "legitimidad de su actuación", por lo que insiste en que las tres normas se aprobaron de acuerdo con el Estatut d'Autonomía valenciano.
