Gabriela Bravo: "Mi objetivo siempre ha sido que el valenciano no generara confrontación en la Ley de Función Pública"

VALENCIA. Entre las responsabilidades de Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963), jurista de formación, también se encuentra la conselleria de Administración Pública. Se enfrenta a una plantilla autonómica mal distribuida, en muchos casos envejecida y con un elevado porcentaje de interinos. La piedra de toque ha sido la Ley de Función Pública, cuya redacción llegó incluso a abrir una brecha entre los socios del Consell. Y fue por una cuestión tan sensible para Compromís como es el requisito lingüístico. Al PSPV le ha tocado ceder, aunque ella dice que no, probablemente porque está desacostumbrada. Que nadie se equivoque con Bravo: bajo la apariencia liviana y la voz frágil, la mirada de la consellera no deja lugar a dudas sobre su carácter.

- ¿Ha dado el brazo a torcer para que se aprobara de la Ley de Función Pública?
- La lectura no hay que hacerla desde ese punto de vista, de si se cede o no se cede. Desde mi Conselleria se trabajó en un borrador a sabiendas de que iba a ser modificado, mejorado, enriquecido… Obviamente hay que contar con las visiones de las distintas consellerias, de los sindicatos y de la propia sociedad. Realmente se planteó un diseño organizativo en cuanto al ámbito de la inspección, que finalmente ha sido modificado por entender que la Conselleria de Transparencia va a seguir manteniendo determinadas competencias, lo cual a nosotros nos parece respetable. Pero esto no genera ningún conflicto, sino debate.

- La norma ha evidenciado la brecha ideológica en el núcleo del Consell.
- No, no creo que sea una brecha. No podemos utilizar la Ley de Función Pública como dardo para abrir enfrentamientos ideológicos. Es un instrumento esencial para construir una Administración moderna y eficiente, al servicio de los valencianos, a la que se pueda acceder en condiciones de igualdad y de méritos. En un Gobierno autonómico, donde ejercen la gestión dos partidos políticos, con el apoyo de un tercero, es normal que se produzca el debate. Pero no significa confrontación, todos somos personas razonables.

-  Sus posturas eran opuestas en lo referente al requisito lingüístico.
- Lo que ocurrió es que CCOO, UGT e Intersindical, junto a otras entidades culturales, adoptaron un acuerdo con respecto al nivel lingüístico que se debía exigir. Mi objetivo siempre ha sido que el valenciano no se convirtiera en un elemento de confrontación. Por eso intentamos incorporar ese acuerdo de manera literar al borrador de la ley. Luego hubo diferencias de negociación: se entendía que el texto era demasiado ambiguo, que se dejaba todo abierto a un desarrollo parlamentario... Fue entonces cuando se abrió un diálogo. Lo he gestionado yo misma desde mi conselleria, por encargo directo del presidente Puig, y también el conseller Marzà, como autoridad en materia lingüística. 

“LA individualidad territorial es un factor que se deberá tener en cuenta AL MARCAR LA EXIGENCIA LINGÜÍSTICA”

- Y han cedido.
- Se mantiene lo que el borrador inicial establecía en cuanto a la capacitación lingüística, que está sujeta a un desarrollo parlamentario posterior. La diferencia es que antes se hablaba de un plazo de seis meses, pero ahora será de un año. Si seguimos la doctrina del Tribunal Constitucional, la exigencia es clave para garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar cualquiera de las dos lenguas cooficiales. Pero también había que respetar el principio de proporcionalidad, adaptar la exigencia al puesto que cada cual ocupa y al proceso de selección que le acompaña. 

- ¿Deben los médicos de Orihuela saber hablar en valenciano?
- Esta comunidad presenta unas características que la propia Ley de Usos Lingüísticos reconoce, precisamente la referente a los territorios de habla castellana. Esa individualidad territorial es un factor que se deberá tener en cuenta.

- Los sindicatos CSI·F y CESM-CV han protestado porque les echaron de la mesa antes de anunciar el acuerdo, e incluso amenazan con denunciarles. 
- Fue un problema de descoordinación. La idea era explicar el acuerdo a los sindicatos que firmaron el pacto inicial, para agradecerles el esfuerzo, evitar la confrontación y lograr puntos de unión. Al resto se les iba a informar igualmente, pero en otra mesa. Una nunca sabe qué situación es mejor, seguramente nos equivocamos y generamos más tensión de la esperada, así que aprovecho para disculparme otra vez. Esta casa está abierta para todos. Ellos lo saben, porque en cuanto me solicitan una reunión, directamente a mi teléfono personal, son una absoluta prioridad. Yo lo sentí mucho. Con respecto a las denuncias, pueden anunciar muchas cosas, como ha hecho el PPCV, pero mientras no se publique el texto definitivo de la ley son cantos de sirena.

Vacantes, envejecimiento e interinos

- ¿Faltan funcionarios en la Administración autonómica?
- Tenemos más de 1.100 vacantes sin ocupar, y no podemos ocuparlas por la restricción de la Ley de Presupuestos. La tasa de reposición nos impide sacar todas las plazas que la Generalitat necesitaría. Soy partidaria de que cada autonomía valore, en función de sus necesidades, cómo configura sus Ofertas de Empleo Público (OPE). De eliminar la tasa. No puede ser que el Estado imponga un criterio para todos cuando cada situación es distinta. Ahora nos encontramos con que Extremadura tiene el doble de funcionarios por habitante que la Comunitat. Al problema de vacantes, cabe sumar el envejecimiento de las plantillas. En 5 años se van a jubilar 5.000 funcionarios valencianos y en 10 años, serán 12.000.

"Seguimos incrementando el número de funcionarios sobre un modelo decimonónico. Siempre he dicho que nos dejemos de parchear y parchear"

- El caso de Justicia es particular, por cuanto hay juzgados que funcionan con agilidad y otros que acumulan retrasos preocupantes.
- Quién decide el número de funcionarios en Justicia es única y exclusivamente el Ministerio. Y sí, hay juzgados que reclaman continuamente personal, pero también hay otros con plantillas sobredimensionadas, como las Audiencias provinciales. Es un problema de déficit organizativo. Seguimos incrementando el número de funcionarios sobre un modelo decimonónico que no se adapta al siglo XXI. Siempre he dicho que nos dejemos ya de parchear y parchear. Debemos abordar la reforma profunda que la Justicia necesita desde hace más de 30 años. Es la gran deuda de la democracia.

- Ha manifestado varias veces la necesidad de adelgazar el número de interinos. 
- El grado de interinidad está en un 30%, lo que ocasiona una gran precariedad. Estamos preparando un informe para Hacienda, en el que detallaremos las plazas que vamos a necesitar si queremos reducir los interinos hasta el 10% o el 12%. El cómputo numérico son más de 4.500. Si somos capaces de gestionar esa convocatoria de empleo manera paralela a la reducción de interinos, no habrá problema, porque les permitimos aspirar a un puesto permanente. También queremos determinar los sectores prioritarios. 

"Siento que siendo consellera de ambos departamentos, siempre tenga abiertas las puertas del Ministerio de Justicia, pero Montoro ponga muchos más obstáculos"

- Desbloquear la situación depende del Gobierno central, ¿qué dice Montoro?
- Tanto es así, que hemos diseñado un Plan de Recursos A y un Plan de Recursos B... dependiendo de lo que nos digan. El diálogo lo estamos manteniendo con la secretaria de Estado, a quien Montoro ha designado para esta misión. En la reunión que mantuvimos la semana pasada, ella se mostró comprensiva y entendió claramente que el gran obstáculo eran las tasas de reposición. Yo personalmente no me he reunido con Montoro, pese a que le trasladé la necesidad de mantener una entrevista. Ya siento que siendo consellera de ambos departamentos, siempre tenga abiertas las puertas del Ministerio de Justicia, pero Montoro ponga muchos más obstáculos.