Gabriela Bravo: "Me niego a seguir tuneando un 600 con la digitalización de la Justicia"

VALENCIA. El nombramiento de Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963) como consellera de Justicia y Administración Pública fue celebrado entre los profesionales del Derecho. Al fin una jurista, concretamente una fiscal, a cargo del departamento. La candidata del PSPV ha sido un soplo de aire fresco tras años de retraso en el turno de oficio, la lenta implantación de la digitalización y la adecuación de las instalaciones autonómicas. Porque si algo sabe Bravo, es el calor que pasa en la Ciudad de la Justicia. De ahí el ambicioso plan de infraestructuras que la mantendrá ocupada este próximo semestre. Cuando nos sentamos en la mesa de su despacho, apartamos los periódicos del día.

- ¿Qué le ha parecido, como jurista, la resolución del caso Nóos?
- Soy muy respetuosa con estos casos. Además la sentencia no es firme, seguramente será recurrida. De cualquier modo, el caso Nóos pone de manifiesto que ante la ley todos somos iguales, sea cual sea la procedencia social. Que el cuñado y la hermana del Rey sean juzgados mediante un tribunal ordinario es una señal de normalidad democrática. 

- ¿Es normalidad democrática que se decrete libertad provisional sin fianza?
- Es un tema directamente relacionado con el riesgo de fuga. Yo soy muy precavida en la adopción de medidas que restringen la libertad, siempre he dicho que las cautelares no se pueden convertir en una anticipación de la pena. En este caso las magistrados habrán valorado que no hay riesgo de fuga, y a mí solo me cabe respetarlo.

- ¿Hay que endurecer el Código Penal para atajar la corrupción?
- Las penas ya son suficientemente duras. El Código Penal ha sido reformado en más de 23 ocasiones durante dos décadas, todas ellas para endurecer las penas. Llega un momento en el que las condenas ya no tienen efectos disuasorios. Creo que donde hay que incidir es en los mecanismos previos de control y de fiscalización administrativa.

- ¿La Justicia es el patito feo, frente a departamentos como Educación o Sanidad?
- Es verdad que el déficit en Justicia lo hemos arrastrado demasiado tiempo sin que se diera un verdadero compromiso. Ha habido esfuerzos presupuestarios, sí, pero el problema no es solo económico. Si valoramos derechos fundamentales, como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, necesitamos jueces y fiscales para defenderlos. El primer paso es la Ley de Presupuestos. No ha habido todavía ninguna que fije a la Justicia dentro de la casilla de servicios públicos esenciales.

"El primer paso es la Ley de Presupuestos. No ha habido todavía ninguna que fije a la Justicia dentro de  la casilla de servicios públicos esenciales"

- Una de sus grandes bazas desde la Comunitat será la creación de la Oficina Judicial, ¿va a suponer más costes salariales?
- El presupuesto supera los 2 millones de euros, porque pactamos con los sindicatos la incorporación de un complemento específico para los funcionarios. Este incremento se va a ir recuperando a lo largo de la legislatura, porque la nueva organización va a suponer un gran ahorro. Ya no necesitaremos recurrir a refuerzos, sino que podremos mover a los funcionarios de un juzgado a otro dependiendo de las necesidades. La primera fase de servicios generales ya se ha completado; la segunda, referente a sentencias, está en ejecución y, para la última, eso sí, necesitaremos el expediente digital. 

- ¿Y para cuándo la implantación de ese llamado ‘papel 0’ en la Comunitat?
- Para empezar, es que el mal llamado papel 0 no está implantado en ningún sitio. El ministro de Justicia obligó a ello en vísperas de las elecciones, con un matiz claramente electoralista, pero esto no ha acabado con el papel en los juzgados. La presentación telemática de escritos de procuradores y abogados no cuenta, porque como el expediente electrónico no está en marcha, luego cada órgano judicial sigue imprimiéndolos. Cuando se puso en marcha la reforma, esta consellera le trasladó al ministro la imposibilidad de que la Comunitat llegara a tiempo porque no se habían hecho los deberes por parte del Consell del PP. ¡Ni siquiera estaba firmado el contrato con la empresa proveedora!

- Pero ahora lleva un año firmado, ¿cuál es el problema?
- A lo largo de un año hemos ido desarrollando el contrato, se ha ido implantando progresivamente en los distintos juzgados de la Comunitat. Pero lo que hemos hecho nosotros ha sido tunear un 600. Estamos desarrollando aplicaciones informáticas que no son compatibles con otras, obsoletas y anticuadas. Las mismas que hemos tenido aquí, las mismas que tiene el Ministerio. Todo por una falta de planificación. ¡Todo porque un ministro se empeñó en la víspera de las elecciones en hablar de un modelo de papel 0 que en realidad ni existe! Ni nuestros sistemas procesales ni los del Ministerio están preparados para ello y la casa no se puede hacer por el tejado. Hay que disponer de una buena aplicación que nos permitía entrar con base al mundo digital. 

“La rémora de esta Comunitat se ve agravada por la decisión irresponsable del anterior Consell de no crear más juzgados”

- ¿Y en qué punto estamos ahora?
- Estamos a la espera de un informe del Ministerio que nos diga como hacerlo adecuadamente. Autonomías como Cataluña o Navarra llegarán antes que las que dependen directamente del Ministerio de Justicia. Podríamos fijarnos en sus sistemas para implantar nuestras mejores. Me niego a seguir tuneando un 600. Como ya le dije al ministro de Justicia, nosotros tenemos un 600 y ellos un Simca Mil. 

Nuevos juzgados, nuevas sedes

- ¿Qué hace falta para desbloquear la creación de juzgados en la Comunitat?
- La última vez que se creó un órgano judicial autonómico fue en 2009. Desde entonces llevamos arrastrando esta carencia. Hemos remitido diferentes cartas al Ministerio de Justicia, la última hace diez días, reiterando la necesidad urgente de creación de nuevos órganos. Incidimos en que la situación de la Comunitat es especialmente angustiosa con respecto a otros territorios. En el año 2010 fuimos el único Gobierno autonómico que renunció a la puesta en marcha de 15 juzgados autorizados por el Ministerio. La rémora de esta Comunitat se ve agravada por esa decisión irresponsable del anterior Consell.

- ¿Y qué les ha dicho Catalá? 
- Quiero aprovechar para lamentar la gran decepción de la sectorial de la semana pasada en Madrid, donde ni siquiera se nos comunicó la previsión de órganos judiciales que el Gobierno aspira a crear. Simplemente se nos dijo que el tema estaba en Hacienda y dependía de la generosidad del señor Montoro. Ahora he recibido una carta donde pone que nos dejan crear una sola plaza en el TSJCV. Podrá imaginar la gran decepción. En los Presupuestos de la Generalitat para 2017 llevamos la partida específica para la creación de estos órganos, una cantidad que ya se quedó sin ejecutar en 2016. 

- Entre las promesas de Sagunto se habló de un plan de infraestructuras judiciales, ¿en qué consistirá exactamente? 
- Es un plan integral de dignificación de las sedes. Era necesario hacer un diagnóstico general, por el que concluimos que en algunos casos habrá que construir nuevas sedes, mientras que en otros se harán reformas estructurales. Servirá también para el mejor aprovechamiento del patrimonio de la Generalitat. Por ejemplo, ya hemos anunciado el nuevo palacio de Justicia para Alzira, la nueva sede judicial en Alicante… También estamos gestionando la posible cesión de suelo en Lliria y en Gandia. 

- ¿Tienen ya la garantía del Gobierno central  de que no pagarán IVA en los turnos de oficio?
- Parece que los portavoces parlamentarios van a declarar el turno de oficio exento de IVA, por lo que la consulta de carácter vinculante que quería gravar la justicia gratuira quedaría suspendida. Esto es una buena noticia. Era una barbaridad la interpretación, inspirada en el modelo belga, y para un servicio que afecta a la ciudadanía más vulnerable. También nos ha asombrado que el señor Montoro se descolgara aquí. Ya engañaron a la ciudadanía con las tasas, que decían que redundarían en una reinversión para la ciudadanía. Y nunca se supo que pasó con aquel dinero. 

- ¿Es partidaria del derecho civil valenciano?
- En los términos en los que estaba configurado hasta ahora, el TC lo ha rechazado dos veces…. y es que no podía hacer otra cosa. Más claro no lo puedo decir. Es cierto que podríamos salvar algunos obstáculos y reconocer a la Comunitat la posibilidad de legislar en materia de derecho civil, no estoy en contra de eso. Pero siempre y cuando modifiquemos la Constitución. Lo que no podemos es utilizar caminos torticeros. 

- Tras haber ejercido la mayor parte de su carrera como fiscal, y ser portavoz del CGPJ en Madrid, ¿confía en volver al ejercicio de su profesión?
- Nunca he descartado volver, ¡espero volver! Esto constituye una etapa de mi vida, muy gratificante, aunque a la vez muy dura. Cada día que pasa disfruto más en el ejercicio de estas nuevas responsabilidades, que son muchas, y a la vez te permiten cambiar las cosas desde dentro. Pero yo siempre llevaré en el ADN la vocación de fiscal.