La Inspección reconoce "falta de regulación" sobre los tutores de los funcionarios en prácticas

VALÈNCIA. La Inspección General de Servicios (IGS) ha rechazado que los tutores de los funcionarios en prácticas cobren unas dietas más elevadas de las que van a percibir por las tareas que han desarrollado desde el pasado mes de abril. Una petición remitida el pasado mes de junio por el sindicato UGT en la que denunciaba cómo se había resuelto el proceso de selección de los tutores entre la plantilla de la Generalitat y su disconformidad con la remuneración que estos iban a percibir en relación a la lista de responsabilidades que iban a percibir. 

El sindicato advertía que la elección de los tutores operativos encargados de formar a los aspirantes no había tenido "carácter voluntario". "El proceso ha consistido en que por parte de las Secretaría General Administrativa se han dirigido por correo electrónico a cada subdirección con competencias en las tareas a formar por materias sin opción ni posibilidad de negarse a participar", algo que a juicio de la organización "vulnera el artículo 10.1 del decreto 24/1997 sobre indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios al no establecer la voluntariedad en la elección/designación de los tutores operativos".  

Asimismo, también denunciaba que las dietas que percibiría este personal no se corresponderían con las que fija la legislación. Según lo regulado por la Generalitat, debían cobrar "dos colaboraciones por semana" por impartir esta. Esto suponía, según el decreto autonómico de indemnizaciones, 100 euros semanales -pues cada colaboración es de 50 euros-. Una limitación que les permitiría "cobrar" por la formación que ofrecen dos días a la semana y no de lunes a viernes, que es cuando asisten los funcionarios en prácticas a su lugar de trabajo.

Así, UGT defendía en su escrito de denuncia que estas no eran meras "colaboraciones" sino que los funcionarios que tutorizasen a los futuros empleados públicos estarían ejerciendo el papel de docentes sin haber recibido además ninguna indicación sobre cómo impartir los cursos. En caso de haber sido reconocidos como tal, las dietas se situarían en 86 euros diarias, lo que hubiera permitido que sumaran 172 euros de indemnizaciones.

Sin embargo, la IGS rechaza tal petición. En el escrito, la Generalitat advierte que las quejas que recoge la denuncia responden a reivindicaciones sobre condiciones laborales y que para ello existen otros cauces formales. Además, discrepa con el hecho de que se pueda considerar docentes a los funcionarios que ejerzan la tutorización sobre los funcionarios MIR porque sus tareas "se asemejan más a la dirección que a la docencia". Y para razonarlo, pone de ejemplo varias de estas funciones: "controlar la asistencia"; "asignar tareas concretas"; o "supervisar la realización de las tareas para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje". 

Ahora bien, si bien la Inspección rechaza la petición principal del denunciante, también reconoce que existe al respecto; tanto sobre este nuevo tipo de modelo de prácticas, como de aquellos que deben tutorizar y supervisar sus progresos. Incluso, pone en tela de juicio que los funcionarios que se encarguen de hacer un seguimiento al personal de práctica deban cobrar indemnizaciones por ello y llega a advertir que la Intervención deberá fiscalizarlo llegado el momento. 

"Existe una falta de regulación, nada deseable, sobre esta 'nueva' figura. Lo recomendable es que se establezca expresamente el papel que desempeñan y las posibles compensaciones económicas, si así se considera conveniente. No obstante, ese vacío normativo, no puede interpretarse como se expone en la denuncia, es decir, el reconocimiento de una docencia, ya que, incluso, es cuestionable que se cobren las gratificaciones que se abonan actualmente, que serán fiscalizadas por la Intervención", llega a razonar el inspector. 

Un tirón de orejas a la Conselleria de Justicia y Administración que en su día gestionaba Gabriela Bravo, ya que fue quien puso en marcha este proyecto piloto que cambia por completo los procesos selectivos de acceso a la Administración autonómica. En él los aspirantes que superan el primer examen deben realizar un curso remunerado de cuatro meses en la conselleria que le asignen para conseguir finalmente una plaza de funcionario.

Cabe recordar que este nuevo modelo, bautizado como un 'MIR' para los empleados públicos, sumó alguna que otra crítica en sus primeras semanas de rodaje. Principalmente, de la primera promoción de examinados porque la Generalitat no ha esperado a resolver los recursos de alzada presentados contra las respuestas de los exámenes antes de iniciar los cursos de formación.