VALÈNCIA. (EFE) La Fiscalía ha alcanzado un acuerdo de conformidad con diez de los catorce acusados a los que desde este lunes se juzga en la Audiencia Nacional por delitos de cohecho en relación con el pago de sobornos a exresponsables de ADIF por parte de la empresa Fitonovo, y pide su absolución por prescripción.
Con el resto de los acusados el fiscal también ha acordado rebajar la petición de penas, y si antes reclamaba un máximo de 4 años de cárcel y dos años de mínimo, ahora las ha dejado en 2 años y 6 meses la mínima, en aplicación de atenuantes de confesión tardía -al haber reconocido los hechos para alcanzar el pacto- y de dilaciones indebidas, según recoge el nuevo escrito del fiscal y al que ha tenido acceso EFE.
Pese al pacto de conformidad con los acusados, el juicio se está celebrando al haber mantenido la Abogacía del Estado algunas de las acusaciones.
Del llamado caso Fitonovo o Madeja, del que la Audiencia Nacional se hizo cargo en 2015 tras inhibirse la que fuera juez de los ERTE en Andalucía Mercedes Alaya, ya han sido juzgadas otras piezas en las que también se alcanzaron pactos de conformidad con la Fiscalía en aplicación de esas dilaciones indebidas.
De hecho, según recuerda el nuevo escrito del fiscal, la misma sección de la Sala de lo Penal que juzga estos hechos ya se pronunció respecto de esas dilaciones en una sentencia de una de las piezas en las que se dividió esta causa, cuya instrucción hasta llegar a juicio se ha dilatado más de 8 años.
Según dicha sentencia, "si bien los hechos tuvieron lugar, algunos de ellos en los años 2003 al 2013, la investigación judicial se inició, para todos los hechos en 2013 (...) habiéndose tramitado con bastante rapidez durante la propia fase de instrucción hasta que se ralentizó una vez acordada su inhibición a los juzgados centrales de instrucción en el 2015".
Entre los acusados en esta pieza que ahora se juzga del llamado caso figuran diez directivos y técnicos de ADIF en Sevilla, Córdoba, Jaén, Barcelona, Zaragoza y Valencia en aquellas fechas, así como cinco empresarios vinculados a Fitonovo y que supuestamente colaboraron en la estructura fraudulenta para el pago de dádivas.
Dado que la Abogacía del Estado ha mantenido algunas de las acusaciones, su representante ha procedido a interrogar a uno de los acusados, el que fuera delegado de mantenimiento de la red convencional (líneas Este) de la dirección ejecutiva de ADIF, quien ha negado "rotundamente" haber recibido los 20.000 euros que se le atribuyen de Fitonovo para que se favoreciera a la empresa con adjudicaciones, principalmente de limpieza y desbroce de vías.
Ha arremetido además contra los informes de la Guardia Civil, de los que ha dicho que estaban repletos de "inexactitudes" y ha explicado que él no ha aceptado reconocer los hechos por salvaguardar su honor y el del equipo de profesionales que le rodeó hasta su jubilación.
En su escrito de conclusiones, el fiscal relata que Fitonovo tuvo "una importante facturación con ADIF, destacando la del 2008, que coincide con un macrocontrato por la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad".
"Para asegurarse tanto la adjudicación de los contratos como la más beneficiosa ejecución de los mismos, Fitonovo se dedicó a entregar dádivas y regalos y a hacer pagos en metálico a distintos responsables de ADIF", asegura la Fiscalía, que no obstante considera prescritos los hechos.
