VALÈNCIA. Varios miembros del Consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de 2022 han comparecido durante estas semanas ante el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que los ha citado a declarar en calidad de querellados por el concurso de la nueva terminal de Sagunto. Según fuentes conocedoras de los interrogatorios, los consejeros que han acudido hasta la fecha han incidido en que existía una comisión técnica para el concurso que preparaba los acuerdos y que se fiaban de ésta a la hora de votar, sin revisar nada más.
El procedimiento se inició tras una querella interpuesta por Grupo Alonso a través de su sociedad Intersagunto Terminales (IST). El motivo era la adjudicación del concurso para la "construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de una terminal pública polivalente en el Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto", realizada a finales de 2022. Al concurso se presentaron dos ofertas y, en diciembre de 2022, la Mesa de Calificación acordó excluir la de IST, lo que dejó como única oferta válida la de la UTE conformada por Noatum Terminales –empresa de capital emiratí–, la guipuzcoana Inversiones Algeposa y Boluda Lines, una sociedad perteneciente a Vicente Boluda, quien es consejero de la APV.
Grupo Alonso presentó primero un recurso de alzada contra la exclusión de su filial, en el que solicitó la anulación del acuerdo al valorarlo como "arbitrario e ilegítimo". Entendía que la Autoridad Portuaria de Valencia había excluido "de manera sorpresiva" la propuesta presentada por IST y afirmaba que "es ostensible la preferencia que se dispensa a la UTE licitadora".
Una vez rechazado, acudió a los tribunales con la presentación de una querella por los presuntos delitos de negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos en el ejercicio de su actuación; prevaricación administrativa; asesoramiento permanente o accidental por funcionario público; utilización de secreto o información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración; aprovechamiento de información privilegiada por funcionario público; fraude a la administración, y tráfico de influencias.
La jueza la admitió a trámite y citó a declarar a los miembros del Consejo de Administración de la APV en aquel momento. Son un total de 18. Entre otros, los siguientes: el expresidente del Puerto Aurelio Martínez; el exalcalde de València Joan Ribó (quien delegó su voto aquel día en el exsecretario autonómico de la vicepresidencia Iván Castañón); la eurodiputada Inmaculada Rodriguez Piñero; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; el empresario Vicente Boluda; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) Salvador Navarro, y la directora corporativa de Puertos del Estado, Pilar Parra.
A la mayoría de ellos les asiste la Abogacía del Estado puesto que tienen derecho como componentes del Consejo de la APV. Cuentan con defensa propia el naviero Vicente Boluda y su hijo Ignacio Boluda Ceballos, contra quien también se dirige la querella como supuesto beneficiario del presunto delito. De hecho, están querelladas asimismo como personas jurídicas las empresas de la UTE: Noatum Terminales, Inversiones Algeposa y Boluda Lines.
Este martes comparecieron precisamente Boluda y su hijo, además de Salvador Navarro. Los primeros respondieron únicamente a preguntas de su letrado y el presidente de la CEV a preguntas de la jueza y del abogado del Estado.
De acuerdo con fuentes conocedoras de las declaraciones, Boluda no ha entrado a valorar la confección de los pliegos del concurso ni el hecho de que la UTE de la que formaba parte su empresa quedara como única oferta. Sí ha sido cuestionado por sus cargos y, al parecer, ha respondido con mucha rapidez a algunas de las preguntas de su letrado, lo que ha llevado a algún comentario de la magistrada sobre lo preparado que acudía al interrogatorio.
Salva Navarro, en una línea que parece que comparten otros de los que ya han declarado como Iván Castañón o José Manuel Prieto, ha incidido en que a la hora de votar los acuerdos se fiaban de los técnicos, según las mismas fuentes. Así, varios consejeros han insistido en que una comisión técnica del concurso se pronunciaba sobre las cuestiones que luego tenían que votar, las cuales les eran comunicadas por responsables del Consejo y salían adelante por unanimidad en base a ese criterio y sin discusión previa.
El presidente de la CEV también ha explicado que Boluda se solía ausentar de las reuniones del Consejo –y por tanto de las votaciones– cuando había un tema que le afectaba empresarialmente.
Después de escuchar a todos los consejeros, la jueza deberá decidir si ordena más diligencias, si sigue adelante con la instrucción y, en ese caso, a qué personas de las querelladas mantiene en la causa como investigadas.
