Puig recibe el informe en las Corts. VPVALENCIA. La Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas (Cecuv) entregó este miércoles en las Corts el informe encargado por el Foro del Audiovisual que debe servir de base para, entre otras cosas, la recuperación de la radio y televisión públicas.
Un informe que, al menos en la parte económica financiera (capítulo 5: Cap a un nou model empresarial i de finançament de l'audiovisual valencià), no se puede considerar un documento riguroso, ya que el cálculo del presupuesto y la plantilla no responden a un análisis de las necesidades del nuevo ente y los costes que acarrearía, sino que se ha hecho por comparación con unas televisiones -las autonómicas, incluida Canal 9 en sus últimos años- que no son precisamente un modelo a seguir.
Lo primero que sorprende es que el presupuesto anual que se propone para la nueva radiotelevisión es de 142 millones de euros, solo ocho menos que el presupuesto del grupo RTVV de 2012, último antes de la reforma que llevó a cabo el Consell de Fabra. Ese año el presupuesto fue de 150,2 millones, aunque no se cumplió. La televisión que puso en marcha Fabra en 2013, que duró siete meses por la anulación del ERE y posterior cierre, tenía un presupuesto de 69 millones.
Más sorprendente que la cifra es la forma de calcularla. Sin tener en cuenta factores como el número de canales o las horas de programación necesarias, la CECUV se basa exclusivamente en la comparación con el coste medio por habitante de las televisiones autonómicas existentes, que resulta de dividir el presupuesto entre el número de habitantes. Esta cifra se mueve, en 2015, entre los 57,58 euros por habitante del País Vasco y los 15,31 de Madrid, siendo la media de estas televisiones del 28,67 euros.
Dentro esta horquilla, los autores del informe afirman que lo más deseable sería tender a la media, es decir, a 28,67 euros por persona, lo que da 142 millones, y lo argumentan así: "No nos parece adecuado ir al presupuesto más bajo posible porque creemos que la Comunitat Valenciana no se merece ser menospreciada frente a otros territorios: Ya tenemos bastante con la infrafinanciación, autonómica que estamos padeciendo desde hace décadas, tendencia que habrá que cambiar en un futuro próximo".
Tras la proclama política, el informe considera que el presupuesto podría ser algo menor, pero no menos de 22 euros por habitante, unos 109 millones de euros.
Los autores del informe admiten que el diseño empresarial de la futura RTV es "una tarea que no puede ser abordada por la CECUV" y que la tendría que tratar la Comisión de Expertos Profesionales, grupo de trabajo que estaría formado -aún es una propuesta- por entre 7 y 9 personas para definir los detalles del nuevo proyecto.
Sin embargo, sí que entra a valorar cuántos trabajadores debería tener la nueva televisión, tras consultar a profesionales del sector, incluyendo trabajadores de la antigua RTVV: "Alrededor de la mitad de la antigua plantilla", que era de 1.608 personas. Es decir, unos 800 trabajadores, a pesar de lo cual el presupuesto es casi el mismo que en 2012, cuando la plantilla era el doble.
El informe de las universidades cita un estudio de Deloitte para Uteca (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) que señala que un punto débil de las radiotelevisiones públicas en España es la baja productividad de sus trabajadores. Cita como ejemplo que el coste de personal suponía en RTVV el 55 por ciento sobre el presupuesto, mientras que la media de las cinco grandes televisiones europeas es del 26,1%.
Tampoco aquí buscan la excelencia los autores del informe, que se conforman con que los gastos de personal no superen el 35% del presupuesto. El resto se dividiría en producción propia y ajena y derechos de emisión (30%), producción propia externalizada (30%) y otros gastos (5%).
Pruebas de mantenimiento en RTVV. VPEn este punto, el informe introduce una medida para acabar con la precarización del mercado laboral en el sector audiovisual. Se trata de la vigilancia para que "empresarios desaprensivos no accedan a concursos públicos por medio de ingeniería legal, dejando deudas y trabajadores sin indemnizar en anteriores empresas cerradas". Este tipo de abusos se dio cuando se puso en marcha la nueva RTVV en 2012 y el sector no quiere que vuelva a ocurrir.
En cuanto a los ingresos, el proyecto plantea las habituales tres vías: financiación pública, publicidad y venta de derechos. La CECUV propone la firma de contratos programa de tres años de duración y que la financiación pública sea "la fuente principal y prioritaria", como ocurre en el resto de televisiones, sin dar porcentajes.
En cuanto a la publicidad, la CECUV pide que "la nueva RTV, sin renunciar a los anunciantes globales, ha de apostar por los anunciantes locales, en sintonía con el protagonismo de la comunicación de proximidad, que ha de ser uno de los rasgos distintivos del nuevo ente".
El documento es una combinación de los trabajos publicados sobre RTVV y su cierre con las aportaciones de los profesores universitarios valencianos y sus investigaciones sobre el sector audiovisual. Para la creación de estas líneas maestras no sólo se han basado en las publicaciones propias, sino también en los modelos de las autonomías españolas con lengua propia (con especial atención al modelo gallego) y en los sistemas europeos.
El documento afirma, al tratar sobre la contratación de productoras, que "se considera imprescindible garantizar que la producción externalizada de la nueva RTV sea llevada a cabo por productoras radicadas fiscal, jurídica y empresarialmente en la Comunitat Valenciana, y que los equipos técnicos y artísticos que participen en las producciones sean valencianos".
Se trata de un objetivo deseable desde el punto de vista del desarrollo de la industria audiovisual valenciana, pero lo que se propone es de dudosa legalidad, ya que la normativa europea prohíbe que los concursos para proveer bienes o servicios se restrinjan por motivos geográficos.
