Los proveedores de la campaña del PP tuvieron que borrar de las facturas el rastro de Barberá

VALENCIA. La empresa de comunicación Laterne Product Council (LPC), a la que el PP de Valencia encargó la campaña de las municipales de 2007, sabía que sólo podía admitir facturas para esa campaña por un valor total de 150.000 euros, ya que esa era la cantidad que figura en el contrato que formó con el Grupo Municipal Popular, concretamente con Alfonso Grau, el número dos de Rita Barberá. Por ello, y para que ‘no saltara la liebre’, instaba a los proveedores a cambiar los conceptos de las facturas para eliminar cualquier referencia a Rita Barberá o a la campaña de los populares.

Valencia Plaza ha contactado con varios de los proveedores a los que Laterne encargó algunos trabajos de la campaña y cuyas facturas forman parte de la documentación que investiga el juez de la Operación Taula. Todos ellos reconocen haber trabajado en la campaña electoral del 2007 y haber modificado los conceptos de las facturas a petición de LPC. Al respecto, aseveran que es habitual que un cliente solicite algún tipo de modificación en el concepto y que, además, es legal, ya que el nuevo concepto correspondía al servicio prestado, sólo que de una forma general, sin especificar que correspondía a la campaña del PP.

Tal y como adelantó Valencia Plaza este martes, el magistrado del caso Taula investiga un posible delito electoral en la campaña de las locales de 2007, en la que el el PP de Valencia gastó 3 millones de euros, una cantidad veinte veces por encima de lo que contrató con Laterne y a años luz de lo que costó la campaña de los otros candidatos a la alcaldía de Valencia. Las cantidades habrían sido presuntamente donadas por empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia.

En la documentación en poder de este periódico se puede comprobar cómo las facturas originales contenían conceptos que describían a la perfección que los servicios se prestaban para la campaña. Sin embargo, las facturas modificadas a instancias de Laterne reflejan conceptos más genéricos que se podían incluir como gastos de campañas publicitarias de cualquiera de las empresas donantes o de cualquier otro cliente de la consultora. Algunas de ellas se reproducen a continuación, tanto en su versión original como en su versión modificada.

En la documentación investigada se encuentra un correo electrónico de una de las trabajadoras de LPC que demostraría esta operativa. "Adjunto remito facturas para su modificación según archivos adjuntos. Ruego sustituyas las antiguas por las nuevas y me las envíes cuanto antes. Gracias por tu colaboración", escribió la trabajadora de Laterne en el email que remitió a uno de los proveedores. Este proveedor modificó las facturas e hizo desaparecer el nombre de Rita Barberá.

Entre la documentación investigada figura una factura emitida por Rafael Viguer Castelló que en su primer versión refleja como concepto la "dirección de realización del evento de presentación programa electoral Rita Barberá". Sin embargo, a instancias de LPC corrigió la factura para tachar a partir de la palabra "evento" y escribir con bolígrafo "varios".

Resultan muy llamativas ciertas facturas en las que, como parte del concepto, se describe a la perfección de qué acto se trata, para quién es o qué se necesita. Sin embargo, la factura final simplemente utiliza términos vagos que podrían haber sido contratados para cualquiera de las empresas que trabajaban con LPC.

Otro ejemplo son unas grabaciones de unas cuñas radiofónicas realizadas por Akana Estudios por valor de cerca de 900 euros que se reproducen a continuación. La factura original de este trabajo refleja "campaña Rita Barberá", pero en la que después envió la empresa proveedora desaparecen las palabras "Rita Barberá" y sólo queda "campaña". El uso de la palabra "campaña" para describir los conceptos también es bastante habitual en las facturas modificadas para no dejar rastro alguno que pudiera vincular al PP de Rita Barberá con presunto coste real de la campaña.

La empresa BSV emitió una factura, por ejemplo, en la que decía "videoclip himno Valencia-Rita Barberá" y la frase "alguna imagen de la Alcaldesa". En la factura definitiva desaparece cualquier referencia a Barberá o a la alcaldesa. Ese vídeo costó 3.422 euros. A continuación se reproducen las dos versiones de esa factura, la A7000030, en su primera versión y en la versión reemitida.

Pero todavía más evidente es la que envió la empresa FGDB por 12.424 euros para la producción de seis spots publicitarios de 30 segundos de la alcaldesa. En la original se puede leer "spots electorales de Rita Barberá" y las áreas sobre las que se hablaba en cada uno de esos anuncios. LPC tachó a bolígrafo cada una de las palabras que, según su criterio, debía desaparecer para evitar ‘rastros incómodos’. Así pues, al final sólo se lee "spots publicitarios" y "varios".

En las facturas presentadas por la entonces secretaria del PP municipal encargada de la caja, Mari Carmen García-Fuster, ante el juzgado de Instrucción Número 18, y que se refieren a la campaña de 2015, en todas consta el grupo municipal. Por el contrario, el grupo municipal del PP no aparece en ningún sitio en los papeles de LPC, tan solo en el contrato firmado por Alfonso Grau, aunque sí que lo hace el Ayuntamiento, una maniobra supuestamente ilegal, ya que en campaña electoral las facturas han de ir a nombre del grupo o del partido político para que éstas puedan ser fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.