La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. Este jueves, la consellera de de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, reveló a través de un comunicado que había remitido al Ministerio de Transición Ecológica y a la Autoridad Portuaria de València (APV) una carta para trasladarles que las medidas cautelares asociadas a la revisión y actualización del Plan de Ordenación y Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera condicionan la ampliación del Puerto de València.
Una misiva dirigida a la ministra Teresa Ribera en la que, además, solicitaba la suspensión cautelar del proyecto de ampliación porque la revisión del PORN, aprobada por el Consell del pasado diciembre, lleva asociadas medidas orientadas a velar por la preservación de los valores ambientales mientras dure la tramitación del nuevo instrumento de ordenación.
Una carta que, no obstante, ya ha generado cierta incomodidad en el seno del Consell. De hecho, fuentes de Presidencia de la Generalitat admiten a preguntas de este diario que conocían la intención de la Conselleria de Agricultura de trasladar este comunicado al Ministerio, pero descartan que esta sea una misiva que refleje la posición del Ejecutivo valenciano. En su lugar, lo enmarcan como medida particular adoptada por el departamento de Mollà.
La petición para paralizar la construcción de la futura terminal de contenedores realizada por la consellera y representante de Compromís en el Gobierno valenciano se fundamenta en la "ausencia de una evaluación pormenorizada sobre las repercusiones del proyecto de ampliación del Puerto de València sobre la Red Natura 2000", según exponía el comunicado.
Ahora bien, la posición del Consell no es unánime en esta cuestión, tal y como reconocen desde el Palau. Las diferencias entre PSPV y Compromís, pero también Unides Podem, en este debate son sonadas y conocidas y, de hecho, en las últimas semanas se han producido debates en el Parlamento valenciano que han evidenciado las discrepancias que separan a los socios de Gobierno.
Mientras la coalición valencianista y los morados reclaman una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que actualice la de 2007 -que que amparaba la ampliación del Puerto de València-, los socialistas defienden que deben ser los técnicos los que decidan sobre esta cuestión y se apoyan en que Puertos del Estado avala la DIA de hace 14 años, si bien lo cierto es que recomendaba actualizarla.
La diferencia entre los socios del Gobierno valenciano sobre esta cuestión pudo verse hace apenas un par de semanas en Les Corts durante una sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la que tanto Compromís como Unides Podem criticaron la ampliación. Puig, por su parte, trató de aplacar los cuestionamientos de los síndics Fran Ferri y Pilar Lima advirtiéndoles que el Puerto de Valencia era un "motor económico y de ocupación imprescindible".
Un alegato que sostuvo con una batería de cifras: "40.000 familias viven de la actividad económica que genera; más de 23.430 empresas están utilizando el puerto a día de hoy para exportar sus productos, tanto pymes como grandes empresas; el 70% de las exportaciones de Ford pasan por el puerto, por lo que una parte de la competitividad de Ford depende de la que tenga el Puerto de Valencia; y con 76 toneladas en 2020, es el primer puerto de España en tráfico de contenedores".
La carta de Mollà al Ministerio de Transición Ecológica recuerda que la DIA de 2007 que ampara la ampliación del Puerto de València reconoce la posibilidad de que el espacio de la Red Natura 2000 de l'Albufera se vea "afectado" por la actuación. De esta manera, la consellera señala la responsabilidad de las instalaciones y las sucesivas ampliaciones sobre la alteración de la dinámica litoral y los progresos regresivos "intensos y visibles" en las playas al sur de la desembocadura del Túria.
Pese a ello, Mireia Mollà expresaba este jueves las "dudas razonables" sobre la adecuada evaluación de repercusiones de la DIA de 2007, en los términos exigidos por los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva Europea relativa a la conservación de hábitats naturales.
La petición particular de la Conselleria al Ministerio, por tanto, se extiende también "a la demanda una nueva revisión en profundidad de la evaluación de impacto ambiental, analizando de forma detallada los efectos previsibles sobre hábitats y especies concretas e incorporando los nuevos conocimientos técnicos del medio recogidos en los últimos 13 años".
