VALÈNCIA. (EP). El juez del Juzgado de Instrucción número 9 de València ha acordado la libertad para el presidente de la Diputación provincial y los otros cinco detenidos en la 'operación Alquería', que quedan investigados en la causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra. Todos se han acogido a su derecho a no declarar ante el instructor.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los seis investigados deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción 9 cuando sean llamados. Los seis cargos de la Diputación han sido llevados a la Ciudad de la Justicia pasadas las 16.05 horas, y han salido de forma escalona con breve intervalo de minutos entre cada uno, por la puerta de atrás, hasta las 18.22, la mayoría de ellos sin hacer declaraciones.
El presidente de la Diputación de Valencia y el resto de detenidos en la operación Alquería han pasado en la tarde de este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 9, que investiga esta causa, abierta desde mayo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
En la llamada 'operación Alquería' se investigan presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015. En esta actuación, agentes de la UDEF han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
El magistrado instructor autorizó también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
Jorge Rodríguez ha sido el cuarto en abandonar las instalaciones, a las 18.10 horas, sí que ha atendido brevemente a los medios de comunicación, para referirse a las horas vividas desde que este miércoles fue detenido por la Policía y la decisión del PSOE de suspenderle de militancia y del PSPV de proponer la suspensión de todos sus cargos.
Aunque ha dicho que no iba a valorar esa decisión, ya que "es la primera noticia", ha precisado, ha apuntado que la ve "bastante lógica cuando hay una situación como la que acabamos de vivir". En todo caso, ha subrayado que está "muy tranquilo" por su parte y ha explicado que le ha dicho al juez que "entendía que no se podía declarar en un caso bajo secreto de sumario y lo oportuno era esperar a conocer de qué se acusa en realidad".
Así, ha insistido en que están "absolutamente tranquilos" y ha subrayado que ve "una auténtica barbaridad" que pueda haber una acusación de una malversación de dos millones de euros. "La desproporción ha sido absoluta", ha recalcado, para reconocer que han sido horas "muy complicadas".
El primer detenido en quedar en libertad ha sido el director gerente de Divalterra, Javier Simó (PSPV), que ha salido de las dependencias de la Ciudad de la Justicia sobre las 17.30 horas, por la puerta trasera, acompañado de su abogado, y ha dicho que quedaba libre, aunque no ha querido hacer declaraciones porque la causa "es secreta".
A las 17.50 horas ha dejado la Ciudad de la Justicia el secretario letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, que según su abogado, queda en libertad "sin venir a firmar" y sin medidas cautelares. Con posterioridad, ha sido el asesor Manuel Reguart, a las 18.06 horas, y quien solamente ha querido decir que lo que les ha sucedido es "una barbaridad y un despropósito".
Tras Reguart y Rodríguez han dejado la Ciudad de la Justicia el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, a las 18.19 horas, y la gerente de Divalterra, Agustina Brines (Compromís), a las 18.22, ambos sin hacer declaraciones.