La alcaldesa de València, María José Catalá. Foto: AYUNTAMIENTO DE VALENCIAVALÈNCIA. Pequeño tirón de orejas del Síndic de Greuges al equipo de gobierno del Ayuntamiento de València y, en particular, a la alcaldesa María José Catalá por la lentitud con la que ofrecen a la oposición la documentación que esta solicita para ejercer su papel de fiscalizador. El órgano que dirige Ángel Luna ha remitido al consistorio un escrito en el que le insta a Alcaldía a responder a las solicitudes de acceso a la información pública en plazos razonables, y, en el caso en cuestión, en un periodo no superior cinco días.
La resolución surge a raíz de una queja del concejal de Compromís Sergi Campillo, quien reclamó el 9 de noviembre al Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines que dirige Ignacio Ballester el gasto de la Seguridad Social del año 2024. No en vano, quería conocer el motivo por el que la cifra del año anterior al actual aumentaba en 700.000 euros: de los 2,9 millones de euros que el órgano pagó en 2023, el gasto previsto para el ejercicio actual ascendía a 3,6.
Una semana después pidió amparo a Alcaldía porque el órgano no atendió su petición, pero transcurrido el plazo que el reglamento orgánico del Pleno concede para que la alcaldesa responda a las peticiones de amparo de los concejales -10 días naturales-, seguía sin hacerlo. Un escenario por el que el ex vicealcalde de Compromís decidió acudir al Síndic.
Desde Alcaldía responden al Defensor del Pueblo valenciano ante este requerimiento que el OAM trasladó a Campillo la documentación que reclamaba el 28 de noviembre -casi veinte días después de que la solicitara-. En ella justificaban que el incremento de 690.698 euros se debía al "incremento del 1,5% aprobado en diciembre de 2022, al aumento de un 2,5% de las retribuciones, la regularización de los trienios y la inclusión de la carrera profesional, y el aumento del 0,5% de la Seguridad Social de empresa".
La respuesta, sin embargo, no satisfizo al concejal de la oposición, pues más allá de haberla recibido con casi 20 días de demora, esta incumplía "la petición de información porque se da de manera agrupada el cálculo, cuando en la solicitud de información se preguntaba claramente el detalle del gasto por plaza ocupada y vacante de la Seguridad Social para el año 2024, comparado con el año 2023 por plaza".
Así, el Síndic de Greuges recuerda que la institución "ha dicho en numerosas resoluciones que si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente el derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático".
Con todo, el organismo recomienda al Ayuntamiento que, "teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde la solicitud inicial" -9 de noviembre-, se le facilite la documentación requerida a Campillo y recuerda "el deber legal de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales en el plazo legal máximo de cinco días naturales, ya que el silencio administrativo es positivo".
