Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo este jueves que limitar el número de licencias a los vehículos de turismo con conductor (VTC) en función de las que se otorguen a los servicios de taxi es contraria al derecho de la Unión Europea.
El tribunal consideró que otorgar una licencia de VTC por cada treinta de taxi y la exigencia de obtener una autorización específica adicional suponen una restricción a la libertad de establecimiento consagrada el derecho de la Unión.
Según la sentencia, la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi "limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado", y el requisito de la licencia adicional "limita el número de prestadores de servicios de VTC del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)".
La sentencia responde a la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le plantó al TJUE ante la demanda la sociedad Prestige and Limousine, S. L. (P&L) -que opera Cabify- contra el reglamento del AMB para limitar el número de VTC en la región metropolitana de Barcelona.
En segundo lugar, el TJUE analizó si las limitaciones impuestas a la libertad de establecimiento están justificadas por una "razón imperiosa de interés general".
Y a este respecto, consideró que si bien los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente, pueden constituir razones imperiosas de interés general, "el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones".
El TJUE señaló además que la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxis "no parece idónea para garantizar la consecución" de estos objetivos.
En cambio, la exigencia de una autorización adicional sí "puede resultar necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente".
Aunque los jueces aclaran que esa autorización "debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB".
Además, el tribunal avaló los argumentos de que los servicios de VTC ayudan a lograr estos objetivos de interés general, al fomentar la reducción del uso del vehículo privado y utilizar energías alternativas y la contribución a alcanzar el objetivo de una movilidad eficaz e integradora, gracias a su nivel de digitalización y a la flexibilidad en la prestación de servicios.
El TJUE también avaló el argumento de que "es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte", como la "organización de los servicios de VTC, limitaciones de estos servicios durante determinadas franjas horarias o incluso restricciones de circulación en determinados espacios".
Las patronales Feneval VTC y Unauto-VTC han celebrado la sentencia emitida por el TJUE al considerar que "pondrá en cuestión" las restricciones impuestas al sector en otras regiones como Aragón, Baleares o Comunitat Valenciana.
Ambas asociaciones creen que estas limitaciones provocan una "gran escasez de alternativas de transporte" en las ciudades, frente a otros países europeos donde no existen restricciones y donde la oferta de movilidad por cada 1.000 habitantes es superior, como por ejemplo en Londres, donde hay 10,1 taxis y VTC por cada 1.000 ciudadanos, en Amsterdam de 8,5, en Lisboa de 5,7 o París de 5,5, en contraste con los 3,5 de Barcelona.
Respecto a la exigencia de una segunda licencia para operar, el Tribunal considera que se trata de una "restricción al ejercicio de la libertad de establecimiento", pues limita el acceso al mercado de nuevos competidores.
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) advierte de "la posible irrupción masiva de autorizaciones VTC" que, ya denegadas, pueda resultar de la interpretación de la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el reglamento local de estos servicios en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La sentencia declara que la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de turismo con conductor (VTC) en la AMB (1 por cada 30 de taxi) es contraria al Derecho de la Unión Europea, pero, al tiempo, considera que exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente.
Antaxi ha explicado en un comunicado -que ha sido compartido en Valencia por la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana- que, aunque la sentencia declara legal la licencia urbana establecida en la AMB y abre la puerta a su solicitud en otras regiones, "preocupa de forma notable a los intereses del sector del taxi".
Para su presidente, Julio Sanz, "es alarmante la instrumentalización que se está realizando de la sentencia y lo que interesadamente se está trasladando desde algunos foros", ya que, a pesar de que "efectivamente no valida la justificación de la ratio 1/30, conforme fue realizada por la AMB, sí permite la ordenación del sector en relación con criterios medioambientales y de gestión del tráfico".
Por este motivo, y para evitar que, al amparo de algunos puntos específicos, se aprueben miles de autorizaciones VTC que alteren una movilidad urbana "equilibrada", Sanz pide a las administraciones públicas competentes "una regulación que garantice este equilibrio en la movilidad y su compatibilidad con los objetivos medioambientales de España y la Unión Europea".
La patronal ha subrayado que la sentencia declara legal la licencia urbana y sienta precedente para que otras regiones puedan plantearla.
En su opinión, la sentencia "puede convertirse en un primer paso para la aprobación de una normativa que exija una autorización específica a nivel urbano, al margen de las ya existentes para la concesión de servicios de transporte para las VTC".
Antaxi confía en que el pronunciamiento judicial del TJUE sirva para regular acorde con los criterios medioambientales y de congestión de los espacios urbanos y pide "altura política en las normativas que se adopten".
"Es hora de que los poderes públicos estén a la altura de las circunstancias y no eludan más su responsabilidad y solucionen los problemas derivados de la interpretación de las normas que ellos mismos redactaron y aprobaron", ha concluido Sanz.
