VALENCIA. El grupo Transvia, adjudicatario del transporte escolar en la Comunitat, entre otros contratos con la administración, utiliza sus propias estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para pasar las revisiones obligatorias a sus autobuses. El grupo de la familia Catalán Lorente, uno de cuyos directivos está siendo investigado por cohecho junto al ex vicealcalde de Valencia, es socio de la firma que gestiona las estaciones de ITV de Campanar, San Antonio de Benagéber y Massalfassar. Ésta última, según ha podido saber este periódico, es la escogida para pasar las revisiones obligatorias de la flota de autobuses del grupo.
La normativa autonómica sobre la gestión de este tipo de instalaciones establece una serie de incompatibilidades para las empresas gestoras de estas estaciones, responsables de las inspecciones obligatorias para garantizar que todos los vehículos circulan en condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Entre esas incompatibilidades para los adjudicatarios se encuentra la de no tener intereses en el sector del transporte de viajeros por carretera.
La empresa ITV de Levante, gestora de las tres estaciones de ITV mencionadas, mantiene vínculos societarios con empresas del grupo Transvia. Esta firma, controlada al 50% por Atisae -que acaba de ser adquirida por la firma alemana Tüv Süd- y por Tenedora de Acciones de ITV de Levante SL, explota el negocio de las revisiones técnicas en virtud de las adjudicaciones que la Generalitat realizó en 1998 para ceder a empresas privadas la gestión del servicio público de inspecciones técnicas en régimen de concesión administrativa por un periodo mínimo de 25 años.
Uno de los principales accionistas de Tenedora de Acciones de ITV de Levante, con un 12,7% del accionariado, es Garona River SL. Esta firma está participada al 88% la mercantil IBE 97 SL, firma presidida por José María Catalán Lorente, y entre cuyos consejeros se encuentra Urbano Catalán, el empresario investigado por cohecho.
IBE 97 SL es una de las dos sociedades que figura en la cúspide del entramado accionarial del grupo Transvia, la empresa familiar cuya actividad central es el transporte de autobús y los servicios turísticos pero que tiene múltiples ramificaciones en diferentes sectores, desde los concesionarios de coches a las ambulancias, pasando por la restauración (Restaurante Sierra Aitana). Además de la conexión accionarial con ITV de Levante, de esta mercantil cuelgan las participaciones del grupo en Autocares Herca (99,9%), Medtrast-98 SL (93,7%), la mencionada Garona River (88%), Viajes Herca SL (85,8%) o Vedat Valencia SL (75%), concesionario de vehículos con varias marcas.
La otra empresa clave en esa estructura es Vercat 2000 SL, la matriz de Viajes Transvia Tours, la empresa que esta semana fue registrada por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por las sospechas de cohecho. De ella dependen empresas clave del grupo como Transvia SL (99%), Autocares Buñol SL (99,5%) o Ambulancias Edetanas (55%). El presidente de Vercat 2000 es el propio Urbano Catalán Lorente.
Urbano Catalán, el día del registro de su empresaEl reglamento autonómico sobre el prestación del servicio de ITV establece una serie de incompatibilidades para las personas físicas o jurídicas titulares de las estaciones de ITV, así como para sus "socios, directivos y personal de la empresa y sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad".
Entre otras, se determina que "no podrán tener participación alguna en actividades de transporte por carretera, comercio de vehículos automóviles, compañías o mutuas aseguradoras en el ámbito de la automoción u organizaciones involucradas en el diseño, fabricación, suministro, instalación o uso de los vehículos que van a ser objeto de inspección".
Este decreto (157/2002, de 17 de septiembre) actualizaba un decreto anterior (30/1985, de 23 de febrero) que era menos restrictivo sobre el régimen de incompatibilidades, pero que obligaba a los titulares de concesiones a informar sobre situaciones sobrevenidas al respecto con posterioridad a la adjudicación.
En concreto, la norma obliga al concesionario a comunicar a la Dirección General de Industria y Energía la incompatibilidad con el fin de que ésta adoptase "las medidas oportunas, entre las que podrá figurar la prohibición de que los vehículos relacionados con dicha actividad pudieran ser inspeccionados en la Estación afectada".
Según ha podido saber este periódico, es norma en la empresa que los vehículos pasen la inspección obligatoria en la ITV de Massalfassar. Los conductores de los buses de Transvia acuden a las instalaciones identificados con una autorización previa firmada por el jefe de taller de Cave Talleres, firma que también pertenece al grupo.
El grupo Transvia presume de ser la empresa de transporte "más importante" de la Comunitat. Surgida a finales de los sesenta a partir de Autocares Transvia, con los años ha ido adquiriendo pequeñas empresas del sector hasta configurar un universo de marcas especializadas por segmentos. Algunas de ellas son Hispano Chelvana, GodellaBus, Autocares Hosoju, La Serranica, torrentBus, La Marina Gandiense, StarBus o Herca.
Esta última es una de las marcas más reconocidas en el ámbito del transporte colectivo de pasajeros y una de las más potentes del grupo. Además de la concesión de transporte entre Montanejos y Valencia, explota en concesión las líneas regulares del Perelló, Sedaví, Faro de Cullera, Segorbe o Puerto de Sagunto y presta servicios de transporte escolar, con una importante nómina de clientes institucionales y empresariales. Según los datos de la propia empresa, traslada anualmente a más de un millón de viajeros.
Entre los contratos con el sector privado se encuentra el traslado de empleados de la planta de Ford en Almussafes, uno de los contratos de más volumen del sector.
En los últimos años, la oposición al Consell del PP ha criticado de forma recurrente las condiciones en las que las empresas privadas prestan este servicio en la Comunitat, que durante años ha tenido las tasas más altas de España. Les Corts han aprobado recientemente una propuesta del grupo parlamentario Compromís para instar a la Sindicatura de Comptes a que elabore un informe sobre la gestión del servicio de inspección técnica de vehículos.
Tras conocerse la investigación conjunta por cohecho al director general de Viajes Transvia Tours y a Alfoso Grau, que se inició por la denuncia de un particular relacionada con un contrato con el Ayuntamiento de Valencia, la Concejalía de Movilidad ha encargado un informe jurídico para tratar de revocar la autorización de servicio de bus turístico que Transvia presta en la capital desde 1999.
Según denunció el titular del área, Giuseppe Grezzi, la ex alcaldesa Rita Barberá "regaló" el servicio a la empresa, ya que la autorización se le dio "a dedo" y sin que el Ayuntamiento reciba canon alguno a cambio.
No es el único frente polémico relacionado con Transvia. Uno de los contratos más importantes de los que se beneficia el grupo es el de la gestión de las ambulancias de la Comunitat. La compañía es una de las diecinueve que forman parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulevante SL, que en 2014 se adjudicó el mencionado contrato por 235,7 millones para cuatro años después de que la Conselleria de Sanidad realizara una segunda licitación tras la anulación de la primera por parte del Tribunal de Cuentas.
Además, la empresa también es una de las adjudicatarias del transporte escolar en la Comunitat. Una concesión que fue prorrogada tras declararse desierto el nuevo concurso, que no estuvo exento de polémica. Desde Compromís, Mónica Oltra propuso una comisión de investigación sobre el contenido de las cláusulas administrativas por haber “confeccionado un macrocontrato para el transporte escolar por 328 millones de euros bien precocinado, preparando el terreno para la adjudicación a los únicos que se pueden presentar y con el objetivo de beneficiar a unas empresas muy concretas”.
