¿Transparencia o descontrol?: Las entidades municipales bajo lupa por falta de fiscalización 

VALÈNCIA. En un mundo marcado por la globalización y la visión macro, la gestión municipal a menudo pasa inadvertida y la operatividad interna de los ayuntamientos tiende a relajarse. Así lo ha evidenciado el análisis realizado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, que una vez más ha puesto el foco en las administraciones locales. El informe de fiscalización del control interno en las entidades locales durante el ejercicio 2022 advierte nuevamente sobre las prácticas habituales de los ayuntamientos al efectuar gastos sin la debida consignación presupuestaria y recurrir "en ocasiones de forma injustificada" a la contratación menor.

El estudio ha examinado estos aspectos en una muestra representativa de quince municipios con una población entre 10.000 y 20.000 habitantes. De ellos, diez pertenecen a la provincia de Valencia —Albal, Alginet, Benetússer, Carlet, Godella, l’Eliana, Massamagrell, Silla, Tavernes de la Valldigna y Xiva—, mientras que los restantes se distribuyen entre Castellón y Alicante.

El informe destaca un patrón interesante: a mayor tamaño del municipio, menor parece ser la diligencia en la rendición de cuentas. Resulta llamativo observar la relación directa entre el tamaño y el alcance de los recursos administrados por las entidades locales y la incidencia de irregularidades. En términos generales, a mayor cantidad de población y recursos, se observa una mayor proporción de entidades que registran acuerdos contrarios a objeciones, expedientes sin fiscalización previa y anomalías en la gestión de ingresos.

Desafíos en la gestión municipal

Un punto de preocupación son los "acuerdos contrarios a objeciones", con municipios como Godella, Xiva y l’Eliana a la cabeza de la lista en esta estadística. Los acuerdos, principalmente relacionados con la contratación y gastos de personal, revelan deficiencias en los procedimientos de contratación y la gestión del personal municipal. 

En términos de selección de personal, de hecho, uno de los aspectos destacados es el alto grado de provisionalidad en el puesto de Intervención reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, lo que evidencia una importante debilidad del sistema de control interno de las entidades locales. Sin embargo, esto no implica que se cubran todos los puestos, ya que además, un 78,1% de los órganos de Intervención de las entidades locales considera insuficiente la dotación de medios personales y materiales de que disponía en 2022. Una situación que más de la mitad de los órganos había comunicado al Pleno, pero que pese a ello no obtuvo respuesta.

Por otra parte, hay algo en lo que parece que todos los municipios valencianos —excepto Carlet— se han puesto de acuerdo: omitir la fiscalización previa. Nueve de los diez municipios admiten haber incurrido en esta falta durante el año 2022. La omisión se observa mayormente asociada, de nuevo, a la contratación. El análisis de los expedientes y la documentación revela una cierta disparidad en el tratamiento de ciertos procesos, como los reconocimientos extrajudiciales de créditos. La falta de una revisión oficial de estos procesos deja un hueco importante en la rendición de cuentas y la garantía de legalidad en la gestión municipal.

Parece ser que el resumen anual tampoco tiene mucho éxito entre las entidades locales ya que, a pesar de que se ha producido una evolución positiva en los últimos ejercicios, aún hay un bajo cumplimiento en su elaboración. Solo una minoría de entidades locales ha elaborado el plan anual de control financiero, y otras actuaciones de control permanente son realizadas por un porcentaje aún menor. Y no solo eso, también su remisión al Pleno de la corporación y a la IGAE, así como en la confección del plan de acción. En este aspecto, los municipios de menor población, las mancomunidades y las entidades locales menores son las entidades menos aplicadas, ya que incumplen en mayor medida estas obligaciones. A pesar de una leve mejoría en los últimos ejercicios, aún persiste un bajo nivel de cumplimiento, especialmente en municipios de menor tamaño y en entidades locales menores.

Municipio a municipio

Al desglosar estos desafíos por municipios, se observa un panorama variado pero con problemas recurrentes en áreas clave como contratación, control interno y fiscalización. En Albal, el informe de Intervención de enero de 2022 destaca la falta de fiscalización previa en la contratación de personal, particularmente en la renovación de contratos laborales de duración determinada. Además, se han observado objeciones en la gestión de facturas, especialmente en suministros y mantenimiento de aire acondicionado, con un importe total de 31.669 euros.

Por su parte, Alginet enfrenta dificultades en la cobertura del puesto de Intervención, lo que compromete el control interno de las finanzas municipales. Se han identificado objeciones en contratos de obras, como la finalización parcial del Pavelló Poliesportiu Municipal, con un importe de 15.949 euros, y en suministros para la Policía Local, con un gasto de 20.974 euros. En Benetússer, se han reportado múltiples acuerdos contrarios a objeciones, especialmente relacionados con la contratación y transferencias a sociedades municipales, con un total de 20 acuerdos y un importe total asociado de 887.166 euros. Asimismo se han observado objeciones en la gestión de facturas y gastos, con un importe total fiscalizado de 568.353 euros.

También en L'Eliana se han observado numerosos acuerdos contrarios a objeciones y omisiones en la fiscalización previa, especialmente en contratos de servicios y personal. Además, se han identificado deficiencias persistentes en la gestión de multas de tráfico y en la aplicación de políticas de contratación, con un importe total asociado de 460.469 euros.

En Godella, se han registrado numerosos acuerdos contrarios a objeciones y en la gestión de nóminas y contratos de servicios. También se han observado problemas en la contratación de obras y servicios, como la prorroga del contrato del servicio de ayuda a domicilio, cuya extensión excede las previsiones iniciales. En la misma comarca, Massamagrell presenta acuerdos contrarios a objeciones y en la gestión de obras públicas, especialmente en la aprobación de la certificación número 2 de "Enllumenat al nou camp de futbol", con un importe total fiscalizado de 60.249 euros en obras.

En cambio Carlet, aunque muestra carencias en medios para la Intervención, ha cumplido con la fiscalización previa de los gastos municipales. Sin embargo, se han registrado numerosos acuerdos contrarios a objeciones en la contratación de servicios y obras públicas, con un total de 36 acuerdos. Finalmente, en Xiva se destaca el elevado número de acuerdos contrarios a objeciones y omisiones en la fiscalización previa, con un total de 153 acuerdos y 273 expedientes de omisión fiscalizados, afectando diversas áreas de contratación y gestión municipal.

A pesar de estas preocupaciones, es alentador ver que algunos municipios han implementado medidas de control financiero, como la elaboración de un plan anual de control financiero y auditorías públicas. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para la Sindicatura de Comptes, que apunta a mejorar la rendición de cuentas, evitar prácticas financieras cuestionables y fortalecer los controles internos.