La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Europa Press / Contacto / Tomislav GeorgievBRUSELAS. La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia de un ciudadano español contra el Ministerio de Fomento y ADIF por los atrasos en la ejecución de las obras ferroviarias del Corredor Mediterráneo, que debía haber finalizado en 2020. El motivo es el desequilibrio económico que implica este retraso para los territorios por donde pasa, como es la Comunitat Valencia, Andalucía, Murcia y Catalunya. De prosperar esta demanda, supondría la apertura de un procedimiento de infracción contra el Estado español y la aplicación de sanciones que podrían implicar sanciones como la penalización del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y la congelación de su recepción.
Felix Cervantes Rodrigo, un abogado de Almería, ha pedido ante la DG de Transporte y Movilidad de la Unión Europea (UE) que la Comisión abra un procedimiento de infracción contra el Gobierno español, en concreto contra el Ministerio de fomento y ADIF, “por incumplimiento en la ejecución de tiempo y forma del Corredor Mediterráneo ferroviario en su totalidad de los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE)”. Y apela a que los continuos retrasos por parte del Gobierno "pondrían en peligro la ejecución de este corredor ferroviario vital para casi el 50% de población española, casi el 50% del PIB nacional y casi el 70% de las exportaciones portuarias”.
El letrado se queja de que el retraso de las obras impide el crecimiento de los territorios por donde debe pasar esta infraestructura, creando desequilibrios regionales, en concreto, para Andalucía. “Más de 11 años después de la última modificación de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T), y a pesar de haber pasado cinco ministros de Fomento por el cargo, apenas se ha avanzado”, explica Félix Cervantes. Según los últimos datos que aporta, “sólo se ha desarrollado poco más de un 1/3 del trazado total del Corredor Mediterráneo ferroviario, poniendo en peligro el nuevo horizonte de finalización del año 2030, que establece el artículo 38.3 del Reglamento 1315/2013 de transportes RTE-T”.
Cevantes se basa en la normativa europea y los acuerdos alcanzados por las instituciones en Bruselas para la ejecución de esta infraestructura, tan importante para el transporte por ferrocarril en el litoral mediterráneo y su conexión con el resto de Europa. En este sentido, señala el Reglamento sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, donde se dice que “los Estados miembros y demás promotores de proyectos velarán por que las evaluaciones de proyectos de interés común se lleven a cabo de forma eficiente, evitando retrasos innecesarios”.
Además, el contenido del artículo 56 prescribe un deber inexcusable para la Comisión Europea para con los Estados miembros, “en caso de que sufran retrasos significativos en la finalización de las obras de la red básica durante su desarrollo”. Y, añade, el artículo 47.2 compele a “que la Comisión europea adaptará los actos de ejecución atendiendo a los progresos realizados, los retrasos producidos o la actualización de los programas nacionales”.
En su denuncia, este ciudadano señala la “inacción del Gobierno español (ADIF y Ministerio de Fomento), así como la errática ejecución desacompasada de norte a sur del Corredor Mediterraneo ferroviario, que estarían generando asimetrías económicas de escala de los territorios por donde discurre esta infraestructura, intolerables desde el punto de vista del contenido normativo de la Carta Europea de Derechos Humanos 2000”. Y recuerda que “es la segunda vez que el Gobierno español no cumple el plazo de finalización del Corredor Mediterráneo, inicialmente previsto para el 2020, y ahora probablemente ni siquiera llegará a tiempo en el 2030".
Por ello, insta ante la Comisión Europea a aplicar los Mecanismos de protección del articulo 7.1 del Tratado la UE (TUE), “al haber un riesgo claro de violación del derecho europeo”, así como que prevea medidas preventivas, como multas coercitivas o envío de relatores. También apela al artículo 2 TUE sobre los valores de respeto de la dignidad humana. La aplicación del artículo 7 permitiría la congelación de fondos europeos por parte de la Comisión al Estado español, como podrían ser los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia post pandemia.
Cervantes insiste en que “estos retrasos puedan generar en un futuro, una eventual responsabilidad patrimonial de la administración pública, según la normativa a española en caso de sufrir una lesión en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos. Esta responsabilidad del Estado se puede dar “cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
El Corredor Mediterráneo fue incluido en 2011 por la Comisión Europea entre las redes de transporte prioritarias. Discurre a lo largo de 1.300 kilómetros por cuatro comunidades autónomas: Catalunya, Valencia, Murcia y Andalucía. Y se prevé una inversión global de 51.300 millones de euros. En 2021 se ha incluido también el puerto de Palma. Los fondos europeos vienes subvencionando desde entonces el eje ferroviario de mercancías y pasajeros que conecta la frontera francesa con Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena y Almería. Desde Almería, el trazado continuará por el interior hasta Granada, para llegar después a Algeciras.
Es la mayor infraestructura puesta en marcha para unir el sur con el norte de Europa. Además, proporciona un enlace multimodal entre los puertos del Mediterráneo occidental y el centro de la Unión, conectando algunas de las principales zonas urbanas europeas con trenes de alta velocidad. No obstante, la UE no prevé la financiación de los puntos intermodales que conecten con los núcleos urbanos a su paso.
