UGT pide a Bravo retrasar a 2027 la exigencia del C1 de valenciano a los altos funcionarios

VALÈNCIA. UGT Serveis Públics ha presentado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública una batería de alegaciones al borrador del decreto que certifica el grado de conocimiento de valenciano que deberán acreditar todos aquellos que quieran acceder a un puesto de la Administración valenciana. Unas normas que fijan en el calendario una fecha en rojo: 2025, año en el que se le exigirá a los altos funcionarios el nivel C1 -antiguo Grau Mitjà-. 

El sindicato ha reclamado al departamento gestionado por Gabriela Bravo que la exigencia de acreditación del valenciano se haga efectiva en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la Oferta de Empleo Público de 2027, es decir, dos años más tarde que lo que prevé el actual borrador. 

Cabe recordar que el decreto anunciado por Bravo y la consellera de Educación el pasado mes de noviembre fijaba un periodo transitorio desde la actualidad hasta que se convoque la Oferta Pública de Empleo de 2025. Durante ese plazo de dos años, aquellos que quisieran acceder al grupo C2 de la Administración tendrían que probar que tienen un nivel de valenciano B1 -Grado elemental-, mientras que los aspirasen a escalas superiores tendrán que acreditar que tienen un nivel B2, un tramo intermedio entre el elemental y el antiguo Grau Mitjà. 

Para ello, no deberán superar ningún examen concreto de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Sino que será la propia Conselleria de Educación la que acredite el nivel que tiene cada aspirante. ¿Cómo? A través del expediente académico que tenga cada uno, la homologación será automática. Si han cursado Bachillerato obtendrán un B2. Si solo han cursado la ESO y han superado la asignatura de valenciano, tendrán el B1.

A partir de 2025, el sistema cambiará. La Generalitat exigirá otros niveles: el conocimiento de valenciano C1 -el antiguo Grau Mitjà- para todo aquel que desee acceder mediante un proceso selectivo a los grupos más altos de la Administración, A1 y A2; es decir, los altos funcionarios con estudios universitarios. A aquellos que opten al grupo B o C1 les valdrá con acreditar un conocimiento del idioma B2; y los que se presenten a una oposición de C2, deberán probar que tienen un nivel de valenciano B1. 

En este sentido, UGT también pide que se amplíe el periodo transitorio y no se comience a aplicar en la OPE de 2023, sino que se posponga. La organización sindical considera que la aplicación de la competencia lingüística en la Administración supone un cambio importante en los procesos de acceso y para afrontarlo estima necesario dotar de medios y tiempo suficiente para obtener esta acreditación. 

OPE de 2023

Sobre esto, recuerdan que el nivel B2 de valenciano se puso en vigor hace solo cinco años, por lo que es necesario una dotación suficiente de oferta en la Junta Qualificadora u organismo análogo para las personas aspirantes. Además, el sindicato considera oportuno ampliar ese periodo transitorio para "eliminar la posible incertidumbre" generada para quienes aspiran en la actualidad a una oposición  en torno a la acreditación del requisito, la homologación de estudios o la prueba de nivel de valenciano previa a los exámenes.

También reclaman a la Generalitat un incremento en los ejercicios de 2023 y 2026 de la oferta de plazas en los distintos organismos oficiales para la obtención del certificado de nivel de valenciano. 

Por otro lado, el sindicato pide una modificación sobre los procedimientos de selección y provisión en trámite para que se rijan por la normativa anterior los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público cuyo decreto o norma reglamentaria se haya publicado pero que no haya sido convocado. Esto afectaría de lleno a la OPE de 2023. 

Actualmente, el borrador contempla que se rijan por la normativa anterior hasta la OPE de 2022. Sin embargo, con el nuevo redactado, en caso de que la OPE de 2023 fuese publicada -la previsión es que lo haga más pronto que tarde-, esta se regiría por la normativa actual y no por el nuevo decreto. De hecho, el sindicato considera que la previsión de la Generalitat de aplicar ya el requisito en la próxima OPE de 2023 es "apresurada" y podría perjudicar a personas aspirantes.

Además, piden la aplicación para las bolsas de provisión temporal que se constituyan con la gestión de los procesos anteriores a la vigencia del presente decreto, así como los que se encuentren en trámite. 

Personal laboral sanitario

El decreto acordado entre las carteras de PSPV y Compromís dejó en su día fuera a los sanitarios, para los que el conocimiento de la lengua cooficial será un mérito para acceder al empleo público. Sin embargo, aunque esto afectará al personal estatutario, UGT también pide al Consell que el personal laboral de funciones sanitarias (medicina y enfermería) de los consorcios sanitarios Hospital General de Castelló y el de València también queden exentos. 

Por último, el sindicato considera un avance la propuesta trasladada por la Administración en la pasada mesa técnica sobre la puesta en marcha de pruebas previas a la celebración de los procesos selectivos para que los aspirantes que no tengan certificado de competencia lingüística puedan demostrarla y que, una vez superada, les sea certificada. Esto es, por ejemplo, que cuando un aspirante decida optar a un puesto en el que se le exija el valenciano, pero todavía no haya obtenido la certificación o se haya presentado al examen de la Junta Qualificadora, se le permitirá realizar una prueba de nivel desde la propia Administración. En caso de que la supere, podría optar al puesto en cuestión.  

Ahora bien, esta es una medida que todavía no se ha aterrizado sobre el papel -la Generalitat debería definir cómo se realizarían esas pruebas, quién las gestionaría y un largo etcétera que sigue sin resolverse-. Por lo que desde UGT se advierte que aunque esta fórmula podría resolver parte de la disfunción en el ámbito de la Generalitat -es decir, que aquel que aspirase a obtener una plaza en la Administración autonómica pudiera enfrentarse a una prueba de nivel-, pero no en el conjunto de las administraciones públicas afectadas como, por ejemplo, un ayuntamiento.