El canal del trasvase Tajo-Segura.ALICANTE (AP/EFE). La Abogacía General de la Generalitat Valenciana ha elaborado, a petición del Consell, "un contundente informe que sirve como base jurídica para instar al Gobierno a que respete el proyecto de Real Decreto en los mismos términos en los fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que garantizan la continuidad del trasvase Tajo-Segura", según han informado portavoces oficiales, a través de un comunicado.
El informe de la Abogacía de la Generalitat desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, argumentos en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo (TS) sobre el particular.
Tras un pormenorizado análisis de la doctrina emitida al respecto por el Alto Tribunal, la Abogacía de la Generalitat concluye que "en ningún momento el Supremo se pronuncia sobre el aumento de los caudales ecológicos, sino que únicamente señala que hay que fijarlos". Es más, indica que a la hora de establecerlos hay que tener en cuenta una serie de variables, no sólo ecológicas, sino también socieconómicas y que la fijación de esos caudales no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación.
Y precisamente, esos son los principios en que se basa la disposición novena del proyecto de Real Decreto cuyo mantenimiento cuestiona ahora el Gobierno, ya que esa disposición establece que "si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico partir del 1 de enero de 2026". O lo que es lo mismo: no será necesario incrementar los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, lo cual garantiza la llegada del agua procedente del Tajo hasta la cuenca del Segura.
En definitiva, que el Consell entiende que no existe, tal como avala el informe de la Abogacía, ninguna justificación jurídica ni técnica para modificar en el último momento un texto que fue aprobado por amplia mayoría en el Consejo Nacional del Agua.
Precisamente, los representantes del Gobierno valenciano que asistieron a la reunión del citado organismo, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, han elaborado un informe explicativo en el que advierten de que cambiarán el sentido de su voto sobre el plan del Tajo si finalmente se llevase a cabo una modificación de lo pactado.
Señalan, en concreto, que su abstención sobre el plan de cuenca del Tajo estaba condicionada al cumplimiento expreso de la disposición sobre los ya aludidos criterios para determinar los caudales ecológicos, pero indican que si ahora se suprimiese esa disposición los votos el Consell pasarían a ser negativos, tanto en el caso del plan de Tajo como en el del Real Decreto.
Así, el Consell reitera de manera rotunda su petición al Gobierno de España para que se cumpla lo aprobado en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, porque ese acuerdo garantiza el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, "que para la Generalitat es una cuestión prioritaria e irrenunciable", según concluye el comunicado.
Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo en referencia al trasvase Tajo-Segura que "la Generalitat siempre ha actuado de buena fe, porque desde la guerra no llega agua a Alicante", pero "no está dispuesta a que se rompa un acuerdo de forma unilateral".
En un comunicado remitido por la Generalitat, Puig ha hecho referencia al informe elaborado por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, a través del cual el Ejecutivo valenciano insta al Gobierno a que respete el proyecto de real decreto tal como fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua, el pasado 29 de noviembre, y que garantiza el futuro del trasvase Tajo-Segura.
El informe de la Abogacía de la Generalitat, ha informado el Gobierno valenciano en un comunicado, "desmonta los argumentos esgrimidos para tratar de justificar un cambio de última hora en relación a los criterios para fijar los caudales ecológicos, argumentos en los que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apela a una serie de sentencias del Tribunal Supremo sobre el particular".
En esta línea, Puig insiste en que "el diálogo es la vía para conseguir el éxito", que a su juicio consiste en "ni más ni menos que lo imprescindible, que el trasvase siga vigente, pero también que se avance en la capacidad de disponer de todos los recursos disponibles, agua para siempre".
"No se puede entender que se rompa un acuerdo, la Generalitat no está dispuesta a eso. La Abogacía ha hecho un informe en el que se refrenda que no hay ningún motivo que haga razonable un cambio de posición respecto a aquello que se acordó legítimamente en el Consejo del Agua", ha concluido.
