Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante a través del letrado José María López Coig, sigue los pasos de la Fiscalía Anticorrupción y también mantiene los términos de su acusación inicial frente a los nueve procesados en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del 'caso Brugal'. Eso sí, además de plantear una calificación alternativa para el supuesto de que no se considerase que el abogado de Salvetti, José Luis Castedo, tuviese la condición de funcionario, López Coig ha abundado en algunos de los aspectos no mencionados por los fiscales en la jornada del martes.
En concreto, se ha referido al "motivo real" que propició que el Ayuntamiento acabase desistiendo de la tramitación del que debía convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad. Así, ha sostenido que la causa real que, finalmente, llevó al equipo de Gobierno del PP a retirar ese documento fue "la instrucción de esta causa y el escándalo mediático" que motivó esa investigación, después de que se produjesen "las filtraciones que odiamos todos los operadores jurídicos". Con todo, ha apuntado que, en realidad, el "revuelo mediático" arrancó en 2006, con la rescisión del contrato con el arquitecto urbanista Luis Cantallops, a quien se le había encomendado inicialmente la relación del PGOU.
En todo caso, para subrayar esa tesis sobre el auténtico motivo del desestimiento, ha resaltado que la segunda aprobación del PGOU bajo sospecha se produjo el 31 de mayo de 2010 y que el 21 de septiembre de ese año se elevó a la dirección territorial de la Conselleria de Urbanismo para que validase ese nuevo planeamiento. Es decir, que la renuncia a ese documento, como ha apuntado López Coig, se produjo en febrero de 2015, cinco años más tarde y después de que Sonia Castedo hubiese presentado su dimisión como alcaldesa, en diciembre de 2014.
En esta línea, ha subrayado los argumentos recogidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 en el auto de apertura de juicio, en el que apuntó que el pleno del ayuntamiento justificó la retirada del PGOU con el argumento de que la situación de la ciudad había cambiado como consecuencia de la crisis económica, cuando esa crisis se había iniciado mucho antes, en 2007.
Más tarde, el letrado de la acusación particular (un abogado externo a los servicios jurídicos municipales, contratado durante la etapa de mandato del extinto tripartito) se ha referido a los ejemplos que, en su opinión, acreditarían que los dos exalcaldes procesados, Luis Díaz Alperi y Castedo, procuraron un trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la redacción del PGOU objeto de análisis. Entre ellos, ha citado la respuesta facilitada a la propuesta de Plan de Reforma Interior (PRI) del estadio José Rico Pérez, presentado por la sociedad Aligestión (participada por Ortiz), que acabó integrándose en los trabajos de revisión del PGOU, "dando el tratamiento de una actuación pública a lo que en realidad era una operación privada". Así, ha insistido en que, a diferencia de lo declarado por Castedo en el juicio, Aligestión no llegó a tener nunca la condición de agente urbanizador y por lo tanto no era representante de la administración pública, puesto que nunca llegó a aprobarse formalmente esa propuesta de PRI.
Sin embargo, según López Coig, Castedo y Alperi "autorizaron" que Ortiz estuviese en comunicación constante con el segundo redactor del PGOU, Jesús Quesada, y que se le facilitase documentación del nuevo planeamiento antes de que fuese pública, como -según ha apuntado- sucedió con la ficha relacionada con el Rico Pérez, que estuvo a disposición de los arquitectos que trabajaban para las empresas de Ortiz.
Igualmente, el letrado que representa al Ayuntamiento ha insistido en las presuntas prebendas facilitadas por Ortiz a los dos exdirigentes políticos que mediaron en la concesión de ese trato de favor. En este sentido, se ha referido al viaje a Creta realizado por Alperi y costeado por Ortiz, a través de personas interpuestas, o las entregas en metálico (los denominados "bocadillos" en las conversaciones captadas por la Policía) realizadas mediante la simulación de pagos entre empresas.
Así, ha insistido en que tanto Castedo como Alperi facilitaron esa información reservada sobre el futuro planeamiento a cambio de que Ortiz pudiese facilitar un empleo a las personas que ellos recomendaron. Y también ha incluido entre esas dádivas la entrega del vehículo modelo Mini Cooper que según López Coig sobre el que ha considerado que no llegó a producirse ninguna venta, puesto que la propia Castedo, en una de las conversaciones captadas por los investigadores, agradeció ese regalo. "Si hubo una compra, no había regalo que agradecer", ha señalado. Además, también ha considerado que el supuesto precio pactado por ese vehículo, de entorno a 5.000 euros, cuando tendría un valor de 300.000 "ya era en sí mismo un regalo".
También se ha referido a los viajes a Ibiza disfrutados por Castedo en el yate de Ortiz como otra de las presuntas prebendas. En este sentido, ha considerado que el precio de esa dádiva debía considerarse como un viaje para seis personas, puesto que además de Castedo y su marido, también participaron su hija y el matrimonio de Julia Castelló, "invitado por su condición de amigos de la exalcaldesa".
Por último, se ha referido a los informes periciales aportados por la defensa relacionados con los CD sobre las grabaciones entregadas por el empresario Ángel Fenoll, ha sostenido que no aportan nada para esta causa, puesto que esos análisis no se refieren a las grabaciones originales. Y también ha señalado que las referencias constantes a la anulación de las escuchas acordada por sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia en relación a la causa sobre la supuesta adjudicación irregular del contrato de la basura de Orihuela no afectan a la causa sobre el PGOU puesto que "en esa sentencia no se anularon todas las escuchas, sino una parte". Además, también ha insistido en defender la integridad de esas grabaciones, al sostener que está garantizada por el sistema Sitel.
Por último, ha insistido en que la obligación de la administración era velar por la igualdad de trato respecto al conjunto de ciudadanos en la confección del nuevo planeamiento. "La información es poder, y en el caso de un PGOU, la información es dinero", ha recalcado. Por ello, se ha ratificado en sus peticiones de condena para los nueve procesados. Además de Ortiz, Alperi y Castedo, y de su hermano, el abogado José Luis Castedo, la lista de acusados se completa con el también letrado de Salvetti, Javier Gutiérrez, y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
