El abogado José María Corbín, en la Ciudad de la Justicia de València. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Jaime Febrer, el considerado como cabecilla de la supuesta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se indaga en la segunda fase del caso Azud, ha recibido diversas visitas en la cárcel desde ingresó en ella de forma preventiva el pasado 15 de mayo. No sólo la del portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata. También, según confirman fuentes jurídicas, la de José María Corbín, cuñado de la que fuera alcaldesa de València Rita Barberá.
Se da la circunstancia de que se trata de dos de los principales acusados en esta investigación. Cada uno de ellos en una de las partes en las que se han dividido hasta ahora las operaciones policiales. Las indagaciones se llevan a cabo desde 2017 en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La primera fase de la operación estalló en abril de 2019. Momento en el que se detuvo a Corbín, quien ingresó preventivamente en prisión, pero pocas semanas después fue puesto en libertad. Según los investigadores, tanto él como su socio Diego Elum habrían cobrado hasta cuatro millones de euros en comisiones ilegales procedentes de contratistas del Ayuntamiento de la capital desde 2006. Es decir, una suerte de pago por su influencia en el consistorio para conseguir o mediar en adjudicaciones y que sirvieron para lucro personal. Una de las claves de esa conclusión fue la evolución de la facturación del despacho de Corbín detectada por la Agencia Tributaria. Notablemente alta en esa época de 2006, sufrió una caída en picado cuando el PP perdió el Ayuntamiento en 2015.
Los registros por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sacaron a la luz documentación clave que llevó hasta Jaime Febrer y a su socio, ambos responsables de la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC). Una firma que participó en importantes operaciones urbanísticas en València y en otros municipios, también de Alicante.
Lo que resultó especialmente relevante fueron una suerte de los 'papeles de Bárcenas'. Entre ellos, la agenda del empresario, en la que anotaba con detalles sus citas, encuentros y contactos con políticos del PP y del PSPV. Nombres y fechas figuraban en sus páginas. También movimientos de dinero, supuestamente dirigidos a sobornos a cargos públicos a cambio de que le beneficiaran en adjudicaciones, contratos o con la intención de comprar silencios.
Una documentación en la cual se dibujaría esa presunta trama urbanística y que sirvió para apuntalar las tesis de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la estructura montada. Lo cual llevó a la segunda fase de la operación del pasado mayo, en la que hubo 14 detenidos. Entre ellos, el propio Febrer, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau. Todos ellos permanecen en prisión desde hace más de un mes.
Según ha podido saber este periódico, Corbín hizo valer su condición de abogado para entrevistarse en la cárcel de Picassent con Febrer. Además, se da la circunstancia de que le llevó la defensa en un grave accidente que sufrió el hijo del empresario. Ambos se conocen desde hace 25 años y tenían relación por los contratos con el Ayuntamiento de València, en los que presuntamente Corbín influía notablemente.
El empresario solicitó recientemente su libertad, aunque la jueza la ha rechazado y únicamente la ha decidido por el momento para dos acusados al reducirse el riesgo de destrucción de pruebas.
Mientras, el juzgado ya ha acogido varias declaraciones a lo largo de las últimas semanas. La pasada, desfilaron alrededor de una treintena de personas, gran parte de ellas trabajadores y responsables del Ayuntamiento de València, epicentro de todos estos hechos sucedidos entre 2004 y 2011.
