Un acusado en el 'caso Alquería' defiende la legalidad de su contrato y pide el sobreseimiento 

VALÈNCIA (EFE). Uno de los altos cargos que supuestamente fueron contratados de forma irregular en la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra (antigua Imelsa) ha pedido el sobreseimiento de la causa respecto a él, al defender que no pudo cometer ni prevaricación ni malversación alguna y al argumentar, además, que su contratación no tuvo objeción alguna por parte de los responsables jurídicos de esta empresa pública.

En un escrito remitido a Instrucción 9, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Raúl Ibáñez -uno de los alto cargos cuya contratación se cuestiona en el caso Alquería- expone que "nunca ha habido una resolución del juzgado que razone, siquiera mínimamente", cuáles son los delitos por los que se le investiga y que entiende que se le investiga por los mismos dos delitos por los que se interpuso la querella que dio pie al caso, prevaricación y malversación.

Respecto del primer delito, el letrado de Raúl Ibáñez expone que su representado no es autoridad ni funcionario público, ni ha dictado resolución alguna en asuntos administrativos, por lo que no debería haber sido nunca investigado por ese delito.

"Y la misma argumentación sirve para el segundo delito, que sólo puede ser cometido por autoridad o funcionario público que, además, tenga los caudales públicos que sustrae bajo su custodia por razón de su cargo", añade.

Respecto a su contratación por Divalterra en 2015 explica que se enteró en "reuniones políticas" de que iba a haber ofertas de trabajo relacionadas con su experiencia profesional (abogado) y que por ello decidió remitir su currículo a diferentes empresas públicas, entre ellas Imelsa.

"Le llamaron para una entrevista de trabajo, que mantuvo con Agustina Brines (cogerente de Divalterra), a la que no conocía de nada, y a las semanas le llamaron para contratarle, sin haber tenido margen alguno para negociar ni el tipo de contrato de trabajo (laboral de alta dirección como responsable del departamento de servicios generales de administración) ni el salario".

La defensa de Ibáñez explica que "no existe prueba alguna en la instrucción, ni siquiera de forma indiciaria, que explique que el accedió a su puesto de trabajo de forma diferente a la relatada".

Asimismo, ha aportado al juzgado un correo electrónico que le remitió el director de los servicios jurídicos de Divalterra, con copia a la cogerente y a otro subordinado del departamento jurídico, en el que le informaba de las características de su contrato, su dependencia orgánica y funcional y cuáles iban a ser sus funciones inmediatas

"De la lectura de este correo se desprende que el responsable del área jurídica de Divalterra era perfectamente consciente del tipo de contrato que la dirección de Imelsa había elegido y que era totalmente legal", considera este letrado.

Tras la conclusión de las últimas diligencias, las partes esperan en breve el auto de transformación en procedimiento abreviado para posteriormente poder presentar sus escritos de acusación o defensa y dejar la causa lista para la apertura de juicio.

En esta fase, bien el fiscal anticorrupción, bien la acusación que ejerce el PP, podrían reconsiderar sus imputaciones iniciales o concentrar la acción hacia menos procesados.

En el conocido como caso Alquería se investiga al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otras 16 personas, entre ellos nueve personas que supuestamente fueron contratadas de forma irregular en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra -anteriormente Imelsa- vinculados al PSPV y Compromís.

También a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.

A juicio de los agentes de la UDEF que han investigado el caso, estas contrataciones "se realizaron bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público".

Se conseguía así, a su juicio, "independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y PSOE", añaden los investigadores.