Foto: INMA CABALLERVALÈNCIA. (EFE) La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha cifrado en más de 23 millones de euros el importe susceptible de recuperar por las instituciones públicas debido a irregularidades, según se desprende de las investigaciones finalizadas en 2021 por esta entidad.
Así lo recoge la memoria de 2021 de la Agencia que ha sido entregada este martes a Les Corts, que también recoge que hay 27 personas acogidas al estatuto de protección de esta entidad tras haber denunciado irregularidades, y que cuatro Administraciones no han aceptado sus recomendaciones: el Ayuntamiento de València (en dos investigaciones), el de Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura.
El director de Antifraude, Joan Llinares, ha destacado asimismo que en 2021 recibieron 359 denuncias, un 58 % más que el año anterior, de las que el 45 % se refirieron a la gestión de recursos humanos -y de estas, la mitad a procesos selectivos-, cuando el año anterior representaron el 28%.
Por primera vez, Antifraude ha recogido el impacto económico que, según sus investigaciones, deberían recuperar las Administraciones públicas por irregularidades en las que es parte afectada, y que en 2021 supera los 23 millones de euros, según 72 investigaciones finalizadas ese año.
Llinares ha indicado que se trata de expedientes que van de los 10.000 euros a los 20 millones, y que el de mayor importe se refiere a un PAI no desarrollado en Burriana (Castellón), en el que la empresa responsable de esa actividad tenía que haber abonado al Ayuntamiento esa cantidad y este tiene "la obligación" de recaudarla.
Ha indicado que ya se han recuperado 550.000 euros por una Administración local, y que los otros 70 expedientes se refieren a materia de personal, como por ejemplo retribuciones pagadas que no se deberían haber abonado.
También ha admitido que la Agencia no tiene potestad para reclamar cantidades pagadas indebidamente o responsabilidad contable por importes que se deberían haber abonado y no se ha hecho, sino que solo puede señalarlo, aunque ha recordado que estas memorias se entregan el Tribunal de Cuentas, que tiene más atribuciones.
El director de Antifraude ha destacado que en un año se ha producido un "cambio sintomático" en la materia mayoritaria de las denuncias recibidas: en 2020 se referían principalmente a contratación pública (eran el 34 %, ahora el 16 %), mientras que en 2021 ha primado la gestión de recursos humanos, que ha pasado del 33 al 48 % .
Llinares ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que la gestión de recursos humanos represente casi la mitad de los expedientes de investigación de la Agencia, y ha destacado que, de ese porcentaje, la mitad se refiere a irregularidades en las oposiciones a Policía Local, como filtración de exámenes, por lo que ha recomendado que se centralicen en el IVASPE.
El informe recoge que, desde el inicio de la actividad de la Agencia, hace casi cinco años, ha actuado como perito judicial en 12 procedimientos judiciales, 5 de ellos en 2021. Llinares ha rehusado dar detalles, ya que algunos procedimientos tienen la instrucción declarada secreta, aunque ha precisado que son casos de presunta corrupción.
Ha explicado que, desde su creación, Antifraude ha abierto alrededor de un millar de expedientes de investigación, y ha explicado que "poco más de la mitad" acaban en archivo, bien porque lo que se denuncia no constituye una irregularidad, bien porque las denuncias son genéricas y más bien piden "una auditoría general", que no es competencia de la Agencia.
También ha señalado a veces se recurre a la Agencia cuando los tribunales han dictado una sentencia o están investigando, lo que les impide entrar a investigar, y ha indicado que, aunque algunas denuncias tienen su origen en una "batalla política", las investigan igual, aunque ha criticado que se haga ese uso. 
La cuarta parte de las denuncias recibidas por la Agencia Valenciana Antifraude en 2021 se refirió a irregularidades en oposiciones a Policía Local, como la filtración de preguntas, ante lo que esta institución ha propuesto que se siga el modelo vasco y sea el IVASPE, y no cada ayuntamiento, quien centralice todas las pruebas.
Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa Joan Llinares, quien ha señalado que ya ha trasladado esta propuesta tanto a la Conselleria de Justicia como a la dirección del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.
En su opinión, con este sistema se "resolverían definitivamente" los problemas que se están generando en los procesos de selección de empleados públicos, principalmente de agentes de la autoridad pero también en la Administración de la Generalitat, en los que hay que garantizar la "limpieza" y la "aplicación absoluta" del principio de igualdad.
"Está en juego tener una Administración de calidad o no tenerla, y está en juego sobre todo el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha aseverado Llinares, quien ha desvelado que Antifraude ha llevado a la justicia dos casos de irregularidades en oposiciones: a la Policía Local de Benidorm y al grupo A1 de técnicos superiores de la Generalitat.
Ha explicado que ambos casos han acabado en sentencia absolutoria, si bien han considerado probado que se filtraron las preguntas, por lo que Antifraude ha instado a ambas Administraciones a abrir procedimientos disciplinarios contra los infractores.
Llinares ha añadido que la Generalitat abrió ese procedimiento y dictó resolución disciplinaria contra la persona involucrada, que en este momento está en el contencioso porque esa persona "sigue batallando en los tribunales", y está a la espera de que el Ayuntamiento de Benidorm lo abra al funcionario que cogió una plantilla de respuestas.
Ha lamentado que "algo tan grave como alterar el acceso a la función púbica" no tenga el "reproche" del ámbito penal, que reconoce que han ocurrido los hechos pero no tienen encaje en los tipos del Código Penal, por lo que ha defendido que se apliquen con rigor los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales".
Asimismo, ha precisado que en la segunda mitad de 2021 la Agencia abrió una investigación a raíz de una denuncia sobre supuestas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Alicante, que aún no ha finalizado.
Llinares ha insistido en que el procedimiento que se sigue en el País Vasco es "impecable", pues la escuela vasca de administración pública centraliza el proceso de selección en oposiciones, con tribunales formados por expertos, lo que elimina los tribunales "ad hoc" en cada municipio, y posteriormente forma a quienes han ganado las oposiciones.
El director de la Agencia ha atribuido el hecho de que reciban más denuncias sobre este asunto a que ahora convocan más pruebas y a que esta entidad es más conocida tras sus cinco años de existencia y la gente tiene más confianza en ella, lo que anima a denunciar los casos de supuestas ventajas y favoritismos en estos procesos de selección.
