VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha abierto una investigación de oficio dirigida a averiguar si los fondos públicos dirigidos a financiar residencias de mayores se usaron de manera correcta durante la crisis del coronavirus. El director del organismo, Joan Llinares, explicó en una entrevista con Valencia Plaza que habían iniciado indagaciones respecto a los centros.
Según ha podido saber este periódico, la intención es comprobar que las residencias privadas o concertadas dedicaron las cantidades que llegan de la Generalitat a ofrecer los servicios que corresponde. La sospecha es que la atención que han de prestar en algunos como la alimentación de los residentes no fueron de la calidad a la que están obligadas debido a que, por ejemplo, subcontratan a otras empresas.
También le genera desconfianza a Antifraude los recursos humanos. El número de personal en algunos de los centros se ha evidenciado claramente insuficiente, por lo que la investigación también trata de corroborar si se contrató al número específico de profesionales que se requiere en cada puesto y si fue en las condiciones correctas. En definitiva, si se dedicaron los fondos públicos al buen funcionamiento de las residencias o no.
La agencia solicitó abundante documentación a la Conselleria de Igualdad que lidera Mónica Oltra. En la respuesta, el departamento realizó una explicación de la amplia y diversa red de centros de la Comunitat Valenciana: los públicos de titularidad de la Generalitat; los de de titularidad de las entidades locales; los privados dirigidos por entidades sin ánimo de lucro subvencionados por la Generalitat o integrados en el régimen de concierto; y los privados cuya titularidad es de empresas que disponen de plazas mediante contratación pública por la Generalitat para la prestación de los servicios.
Las conclusiones por parte de Antifraude todavía tardarán en llegar, mientras lo sucedido en las residencias durante la primera ola de la pandemia -donde ésta se cebó con un elevado número de muertos- también se investiga por vía judicial. Por un lado, la Fiscalía de Valencia mantiene abiertas varias diligencias preprocesales de investigación civil en los centros con un alto número de contagios.
Por otro, hace algunas semanas, el juzgado de Instrucción número 1 de Llíria imputó a la directora de la residencia DomusVi de la localidad y a dos empresas como personas jurídicas por el posible maltrato a ancianos en las instalaciones ante varios testimonios de familiares sobre abandono y desprotección.