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se trata de Arbistar, Algoritmhmics Group y Kuailian

La Audiencia Nacional investiga a tres firmas vinculadas a las criptomonedas por estafas piramidales

5/06/2021 - 

MADRID (EP). La Audiencia Nacional ha arrancado ya en hasta tres juzgados centrales de instrucción diligencias de investigación relativas a empresas relacionadas con el negocio de las criptomonedas. Ahora, cuando este tipo de divisa alternativa registra fuertes caídas en los mercados, afectados de toda España por presuntas estafas piramidales, que se valían de ese tipo de producto, logran que sus querellas sean admitidas. El 21 de abril se conocía que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptaba la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife) y se hacía cargo de la investigación de una trama piramidal que usaba la inversión en criptomoneda a través de una mercantil denominada Arbistar 2.0 SL para estafar presuntamente a sus clientes. Cifraba las víctimas en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones, pero avanzaba que podría llegar a 32.000 personas y la inversión a 100 millones.

Calama apuntaba que los investigados en esta causa, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil. La trama, según el juez, prometía rentabilidades de entre el 8 por ciento y el 15 por ciento mensual, y pagaba a los propietarios de las criptomonedas semanalmente. "Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos", indicaba.

Tras el caso 'Arbistar', el juez del Central número 1 Santiago Pedraz emitió un auto con fecha de 4 de mayo por el que finalmente se declaraba competente y admitía una querella de nueve particulares contra Algoritmhmics Group y contra su creador Javier Biosca, además de su mujer Paloma Gallardo y su hijo Sergio Biosca Gallardo. Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, se les imputan hechos que pueden ser constitutivos de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. La Audiencia Nacional ponía el foco en que sobre este mismo 'negocio' sobrevolaban otras querellas más, como la de la Asociación de Afectados por las Inversiones en Bitcoins --representada por el bufete de Emilia Zaballos--, que calcula que los afectados podrían rondar los 300, y el dinero pasaría de los 100 millones.

En la querella de esta asociación se detalla que Biosca y su familia crearon un negocio dedicado a las inversiones en criptomonedas en 2019 pero que carecía de todo tipo de autorizaciones dado que no estaba inscrito por ejemplo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras montar ese 'chiringuito financiero' comenzaron a captar clientes que debían entregar su dinero a Biosca, quien garantizaba una rentabilidad del 20 o del 25 por ciento semanal --al menos al inicio--. Dado que los primero inversores comenzaron a recibir beneficios, se corrió la voz entre familiares de estos alabando la figura de confianza de Biosca y el negocio pasó rápidamente de los 30 inversores a los 500. Pero durante la pandemia y el confinamiento se produjeron las primeras situaciones de irregularidad con incumplimiento por parte de Biosca, que dejó de pagar a casi todos los inversionistas, lo que produce la primera situación de desconfianza. Y es a finales de octubre cuando desde Algoritmhmics Group dejó de hacer abono de cantidad alguna.


Mientras Calama y Pedraz comenzaban con Arbistar y Algoritmhmics, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, ya estudiaba minuciosamente un tercer caso, el de la mercantil Kuailian. Según el auto por el que admitía la causa en abril, los afectados se querellaban por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública. El magistrado explica que los cuatro querellados idearon un sistema de inversión en criptomonedas que publicitaban por redes sociales y que recibía el nombre de Kuailian y en el que se ofertaba un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración.

Los interesados invertían en kuais con la criptomoneda ethereum y para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa. Los clientes además podían captar nuevos afiliados a la plataforma de modo que recibían el 10 por ciento de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así "una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma" y que el juez refiere en su auto como de sistema piramidal.

Miles de afectados

"La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indica, para luego añadir que esta sociedad está radicada en Estonia pero es operada por los querellados desde España. Pero ahora, los querellantes señalan que se incumplen condiciones pactadas con Kuailian y que se les niegan el reembolso de los rendimientos convenidos. "Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía", añade.

Si bien el número de afectados por esta empresa "está por determinar", según el juez, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que aproximadamente 65.000 personas podrían haber caído en la presunta estafa, y que el fraude puede rondar los 500 millones de euros. Gadea, con el objetivo de asegurar la realidad de los hechos denunciados ha acordado librar oficio a la Unidad de Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que comprueben la existencia de tal compañía y de los querellados, que analice los productos ofertados y que recopilen todas las denuncias presentadas contra estas personas y contra la mercantil Kuailian. Acuerda también oficiar a la Agencia Tributaria para que informe de si existe supervisión o inspección sobre la empresa o los querellados.

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