El Ayuntamiento de Silla indemniza a la antigua concesionaria del agua con un millón de euros

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Silla ha indemnizado a la antigua empresa concesionaria del servicio de agua potable -Hidraqua, perteneciente al grupo Agbar- con 1.005.762,23 euros tras haber rescindido el contrato de concesión fruto de la adjudicación en 2010. Este tenía una duración prevista de 25 años. 

Al comenzar la gestión, la empresa tuvo que abonar un canon anticipado al ayuntamiento. Tras la paralización de su actividad debido al cese de contrato, solicitó la devolución de parte de ese importe. En consecuencia, el consistorio ya se ha hecho cargo del pago -de 1,8 millones de euros- durante esta legislatura. 

Esta misma cuestión ha sido el fundamento de la indemnización que ha superado el millón de euros. Así pues, además de realizar dicha devolución, el Ayuntamiento de Silla ha transferido este verano a Hidraqua 899.823,46 euros en materia de intereses del canon fijo y 105.938,78 euros más por el interés legal del dinero. Este último se debe a la demora en el cumplimiento de la transacción. 

De esta manera, el retraso ha supuesto un aumento de los intereses previstos inicialmente: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimaba en 601.304,36 euros los intereses del canon fijo, cantidad que se quedó atrás con el paso de los años y se ha actualizado con un incremento de casi 300.000 euros. 

Gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, el consistorio sí ha podido esquivar la indemnización del lucro cesante: una compensación que tiene en cuenta las ganancias que se hubiesen obtenido de haber continuado con la actividad. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia solicitaba un interés de 655.141,57 euros, el Supremo revocó el pronunciamiento. 

Un conflicto que se remonta a 2004

Aunque las consecuencias perduren en pleno 2022, la problemática no es reciente, sino que comenzó en 2004. Ese año la administración local decidió adjudicar la gestión a Hidraqua, a pesar de que la mesa de contratación presentó un informe que destacaba a la empresa Aguas de Valencia como la mejor propuesta.

Ante el panorama, Aguas de Valencia mostró su indignación y el procedimiento se repitió en 2010, escogiendo de nuevo el órgano municipal a Hidraqua sin tener en cuenta los informes de los técnicos expertos. Desde ese momento, se inició un proceso judicial que finalizó con la rescisión del contrato vigente en 2020 y la victoria de Aguas de Valencia, que actualmente es la compañía encargada del servicio de agua potable en la localidad.

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha tenido que hacer frente a las secuelas de las decisiones "imprudentes" de sus predecesores. "Nosotros hemos sido los únicos que hemos empezado el procedimiento y estoy orgulloso de haberlo cerrado porque no tenía que haber empezado nunca. El juez dictaminó que lo que se hizo no estuvo bien, Aguas de Valencia es quien tenía que encargarse del contrato. De una vez por todas, Silla tiene el contrato del agua legal". 

Críticas de la oposición

Desde la oposición, el Partido Popular critica "la mala gestión del gobierno socialista" a la hora de haber recurrido las sentencias y aplazado el pago, hecho que ha disparado la deuda. "En Silla tenemos graves problemas en materias de inversiones. Desde el PP, hemos propuesto que se arreglen calles y plazas que están en mal estado o también las propias entradas y salidas del municipio, además de otras inversiones para polígonos industriales, caminos rurales y comercios. Todo esto no será posible por culpa de la mala gestión del PSPV que ha tenido que pagar un millón en intereses e indemnización a la antigua concesionaria del servicio de agua potable", declara Nacho Ventura, portavoz del PP. 

Pese a esto, el alcalde asegura que no ha sido complicado reunir el dinero, pues estaba previsto en el reglamento. "Ahora hemos tenido que devolver a Hidraqua el dinero de los años que se ha cancelado el contrato y es normal. En un principio, ellos dieron a los gobiernos anteriores una cantidad para 25 años -el canon anticipado- y solo han pasado 15", afirma. 

Así, este reciente pago supone el final de un conflicto que se originó hace más de una década y que se ha arrastrado de legislatura en legislatura. Silla se despide de sus deudas y de su polémico pasado para iniciar una nueva etapa en la que la gestión del agua en el término se sustenta en la legalidad.