Foto: ROBER SOLSONA/EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP). PSPV, Compromís y Unides Podem han presentado a un día de que acabe 2020 la proposición no de ley (PNL) de economía circular, un proyecto "ambicioso" para que la Comunitat Valenciana se adelante a la ley nacional y cumpla los objetivos europeos, con medidas como la obligatoriedad de que bares y restaurantes sirvan agua gratis.
El objetivo es que la Generalitat inicie un "cambio necesario para transformar residuos en recursos" y así "continuar ganando tiempo que el planeta no tiene", han defendido en rueda de prensa en Les Corts diputados de los tres grupos que sustentan al Botànic (el socialista Paco Gil, Graciela Ferrer de Compromís y Beatriu Gascó de UP).
Hace unas semanas, la presentación de esta ley se canceló por un problema de coordinación entre Les Corts y el Consell, ya que varias consellerias no tenían conocimiento. Se anuncia ahora "de forma excepcional" para agilizar la tramitación parlamentaria al no ser presentada como habitualmente por el gobierno.
Entre las medidas destaca la obligatoriedad de servir gratuitamente agua potable del grifo en el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) para cumplir un "derecho universal" y la prohibición de fabricar productos con obsolescencia programada.
También contempla el sistema de devolución y retorno de envases SDR con incentivo económico obligatorio al menos para botellas de plástico de menos de tres litros y la introducción voluntaria del sistema de devolución, depósito y retorno de envases (SDDR), a la espera de lo que disponga la nueva ley estatal.
Por ejemplo, los consumidores devolverían las botellas y recibirían dos céntimos por cada una. Esto está pensado para el vidrio y también se podría plantear para el plástico, aunque "cuesta mucho más", ha reconocido la diputada de Podem, que ha llamado a luchar contra el "contrasentido" de volver de la compra cargado de residuos.
Esta propuesta inicial prevé reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de materiales de construcción, junto a medidas para asegurar el acceso a agua potable de grifo en edificios y espacios públicos.
También apuesta por mejorar "drásticamente" la recogida selectiva de la materia orgánica para elaborar un compost de calidad que sea devuelto a la tierra. Incluye así la recogida selectiva de biorresiduos obligatoria para todos los municipios, mediante la combinación de sistemas (puerta a puerta, contenedores informatizados, recogida itinerante...) y la creación de nuevas plantas de compostaje donde se requieran.
La intención es cumplir con los plazos marcados por las directivas europeas y que los ayuntamientos dispongan de un servicio maduro de esta recogida en 2023 para evitar sanciones. Otro de los objetivos es presentar proyectos que lleguen a tiempo a los fondos europeos de reconstrucción durante 2021.
Paralelamente, plantea nuevos procesos para mejorar la recogida y la reciclabilidad de residuos textiles, colchones, gomas de riego por goteo o plásticos agrarios. Y prevé reforzar el personal y los medios de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica, actualmente "muy por debajo de la media española y muy lejos de las comunidades líderes en política de residuos".
"Es una ley oportuna y cuenta con toda la seguridad: hay precedentes en Baleares y Navarra que son absolutamente constitucionales, como ha remarcado el Tribunal Constitucional. No vamos a hacer ningún tipo de experimento", ha remarcado el diputado del PSPV.
También cumple con uno de los compromisos del acuerdo del Botànic, reeditado en 2019 con la entrada de Podem, y es una ley que cobra fuerza con la pandemia. "La crisis de la covid-19 nos ha enseñado, dolorosamente, que la vulnerabilidad de nuestras vidas ante un organismo al borde de la vida", ha expresado la representante de Compromís.
La PNL plantea tres nuevas herramientas: una agencia valenciana de residuos, una oficina de prevención de residuos y un fondo ambiental de economía circular. También pretende reforzar la compra pública sostenible, combatir el desperdicio de alimentos y la obsolescencia programada, nuevos servicios en los ecoparques y que los ayuntamientos contraten educadores para sensibilizar a la ciudadanía.
Con todo ello se pretende generar un "nicho" de empleo vinculado a la economía 'verde' y avanzar hacia la reducción, el reciclaje y la reutilización de residuos tanto en el sector público como en el privado, independientemente del tamaño de los municipios, así como poner en contacto a empresas con institutos tecnológicos para desarrollar productos innovadores.
De momento, los grupos 'botánicos' han solicitado el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Comité Económico y Social (CES) de la Comunitat Valenciana para sumar aportaciones, tras lo que se abrirá a exposición pública.
