Bravo convoca una bolsa de derecho con 30 plazas para tratar de desatascar las multas de la covid-19

VALÈNCIA. No hay manos para tantas sanciones. La Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo lleva meses intentando agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores que se han abierto por el incumplimiento de las normas para contener el virus. Una tarea para la que el departamento se ha visto obligado a reforzar el equipo de funcionarios con el que contaba para poder 'digerir' la cantidad de infracciones que se han cometido en estos últimos meses y que no han terminado de tramitarse por falta de personal. 

Hasta el pasado mes de abril, el Servicio de Espectáculos había recibido 144.000 multas y 15.618 actuaciones administrativas, de las que tan solo se había iniciado el procedimiento sancionador de algo más de 7.000 y apenas 2.114 expedientes habían finalizado. El resto, sin embargo, todavía seguían a la espera de ser cursadas. No en vano, el servicio recibe las sanciones interpuestas desde las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Policía Nacional Adscrita, Policía Nacional, Policías Locales y Guardia Civil. 

Con este escenario, la Conselleria gobernada por los socialistas ha convocado una bolsa de 30 plazas de "técnicos jurídicos de programas sancionador covid-19", que tendrán categoría A1, la escala más alta en la Administración. "Ante la imposibilidad de continuar ofertando de forma presencial puestos de trabajo a las personas disponibles en las bolsas de empleo por la Dirección General de Función Pública resulta necesario que tanto la convocatoria de ofertas como la resolución de la misma se realice no presencial", expone la convocatoria. 

De estos 30 puestos, la mayoría se ofertan en la provincia de Valencia (26), mientras en la de Alicante el número asciende a 4. La duración de los contratos con motivo de este programa, según detalla la convocatoria de Función Pública, varían, si bien una amplia mayoría finalizaría el 15 de diciembre de 2021 y otras tantas lo harían en marzo de 2024. Todos los aspirantes deberán ser titulados en derecho y desarrollarán su actividad bajo la tutela de la Dirección General Operativa que ocupa Adolf Sanmartín. 

Plan de choque de 5,3 millones de euros

Tras conocer el volumen de las sanciones covid recibidas por el servicio de espectáculos desde que el pasado 25 de julio entró en vigor el Decreto del Régimen Sancionador, Justicia puso en marcha un Plan de choque para gestionar las sanciones al que destinó un presupuesto de 5,3 millones de euros. Un plan basado en el refuerzo de la plantilla del Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos, dado que este tan solo estaba integrado por cinco funcionarios desde 2020.

Así, la Conselleria inició un proceso de selección de 52 personas más (técnicos jurídicos, administrativos y auxiliares) para una sección específica para la tramitación de los expedientes sancionadores por incumplimientos de las restricciones y el confinamiento con motivo de la pandemia.