VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Burjassot ha procedido al precinto y clausura de los surtidores de la Estación de Servicio del Pozo tras recuperar el terreno en el que se situaba después de casi 12 años de litigios, según ha apuntado el consistorio. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de València y el Tribunal Supremo confirman que el espacio pasa a ser propiedad municipal, después de años de reivindicaciones vecinales.
"El Ayuntamiento de Burjassot ha estado litigando desde hace casi doce años en varios procesos judiciales de diversa índole, todos ellos con resultado positivo para el Ayuntamiento, para hacer cumplir la extinción de la concesión administrativa del uso privativo del suelo y subsuelo en el que se encuentran los elementos clausurados al haber pasado más de 50 años del otorgamiento", han señalado desde la administración local.
Por su parte, el alcalde del municipio, Rafa García, ha apuntado que "hoy es el día en el que el Ayuntamiento recupera la plena propiedad de los terrenos en los que están instalados los surtidores de las gasolinera del Pozo. Tras doce años de intentos de dilatar el procedimiento, la sentencia se cumple y ya no se puede continuar vendiendo combustibles, y en breve, se verán desmanteladas las instalaciones ubicadas en terreno municipal".
Además, el primer edil ha subrayado que el cese de esta actividad ha sido "un objetivo prioritario" para su gobierno, "ya que se garantiza la seguridad de los vecinos del entorno". "La clausura de un negocio no es positivo para nadie, pero consideramos que en este caso, la seguridad prima por encima de lo económico, y recuperar la propiedad permite garantizar la seguridad del entorno. Teníamos un compromiso con los ciudadanos y lo hemos cumplido", ha añadido García.
En esta sentencia se confirma el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Burjassot de julio de 2010 relativo a la extinción de la concesión administrativa para el uso privativo de suelo y subsuelo de la vía pública de la plaza de San Juan Ribera por extinción del plazo de la concesión. Asimismo, la decisión judicial apunta al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de noviembre de 2010, que fija en 94.091,67 euros el importe de la garantía a depositar por el propietario para responder de la reposición de los terrenos a su estado anterior.
Así pues, el Ayuntamiento ha procedido a ejecutar el acuerdo de 2010 que declara extinguida la concesión administrativa para el uso privativo del suelo y subsuelo por transcurso del plazo de cincuenta años desde la concesión. Asimismo, el propietario deberá dejar los terrenos del suelo y subsuelo objeto de esta concesión libres de instalaciones y servidumbres en un plazo de dos meses, y en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, tal y como han expuesto desde el consistorio.
