La Comunitat Valenciana registra un crecimiento exponencial fotovoltaico en los últimos tres años

VALÈNCIA (EFE/Inmaculada Martínez). La instalación de energía fotovoltaica, tanto para autoconsumo como de parques, ha experimentado en la Comunitat Valenciana un crecimiento exponencial en los últimos tres años que continuará, al menos, durante otro trienio y en estos momentos acumula más de 400 proyectos en marcha.

De ese total, 358 son iniciativas con una potencia inferior a 50 megavatios, que tramita la Administración autonómica, y una cincuentena supera esa potencia y son competencia estatal.

Las 13.542 iniciativas de instalaciones fotovoltaicas que ha registrado la Comunitat Valenciana desde 2019 hasta noviembre de 2021 han aumentado en el último mes a casi 16.000, un crecimiento que se produce "mes a mes", según ha destacado a EFE la directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat, Empar Martínez.

El mercado de las fotovoltaicas ha evolucionado en estos últimos años y está más aceptado socialmente, dejando atrás la desconfianza, la falta de desarrollo tecnológico y el impuesto al sol; en 2018 el Gobierno reguló los procesos para reducir la burocratización y en 2020 el gobierno de la Generalitat aprobó un decreto ley de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

La directora general da por seguro que el crecimiento exponencial va a continuar durante los próximos dos o tres años, apoyado en el aumento de las comunidades energéticas y en la generalización de las decisiones de autoconsumo renovable.

Incluso donde hay problemas para la instalación, por ejemplo en las cubiertas de los centros históricos, ya está empezando a haber soluciones tecnológicas.

Transcurrido ese tiempo, la demanda de instalaciones se normalizará y será sostenida en el tiempo, augura Empar Martínez.

Las demoras administrativas

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat (COIICV) alertó a mediados de diciembre del riesgo de perder avales por 300 millones de euros correspondientes a 400 proyectos por incumplimiento de plazos de la administración y reclamó, como otros sujetos y administraciones afectadas, una extensión del plazo de tramitación administrativa.

El Gobierno alargó de cuatro a nueve meses -el plazo anterior concluía en abril de 2022, cuando se habría iniciado la ejecución de avales y proyectos en caso de no disponer de Declaración de Impacto Ambiental- las fechas previstas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para los hitos intermedios relativos a la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción, sin extender el plazo total de cinco años para el hito final de obtención de la Autorización Administrativa de Explotación.

El "colapso administrativo" para las iniciativas de fotovoltaicas, común en todas las administraciones, llevó a crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas el pasado 29 de diciembre para identificar los problemas e ir dando soluciones.

Antes de esta flexibilización de los plazos, el Colegio de Ingenieros Industriales advertía de que con carácter general todos los proyectos estaban sufriendo retrasos, incluso para procesos automáticos en otras comunidades como la admisión a trámite.

Según reclama el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, en declaraciones a EFE, "se debe agilizar la tramitación de expedientes y debe existir una directriz clara y consensuada".

La directora general explica que desde la Generalitat se ha eliminado la denominación de Declaración de Interés Comunitario y se aplica un procedimiento integral e integrado (integra la solicitud y recopilación de informes en un solo órgano y en una sola autorización para agilizar), que queda regulado en el Decreto 14/20 del Consell.

Esa agilización "no exime" de los informes a la Dirección General del Medio Natural, Calidad Ambiental, y Territorio y Paisaje, y a los ayuntamientos, ni del proceso de exposición pública que abre el plazo de alegaciones, y ello otorga todas las garantías al proyecto.

Los proyectos superiores a 50 MW ya dependen de la normativa estatal, que puede tramitarlos bajo la consideración de Plan Especial.

Desde la Generalitat se hizo un plan de choque para autoconsumo basado en la simplificación y automatización y se ha reforzado la tramitación con un contrato de asistencia técnica para dar apoyo al personal de la Dirección General de Energía.

Un gran volumen de proyectos

Los más de 400 proyectos renovables, la mayoría fotovoltaicos, que existen en la Comunitat suponen una inversión superior a 4.000 millones de euros, según el COIICV.

Este colegio profesional informa de 36 trabajos visados en 2019, 133 en 2020 y 252 en 2021, a datos de diciembre, con un aumento anual del Kwp (kilovatio de pico) del 240 % en autoconsumo (23.586 Kwp instalados).

En proyectos con vertido a red, contabiliza 47 trabajos visados en 2021 con un total de 6.898 Kwp tramitados, de los que 1.559 son para instalar en la Comunitat Valenciana, con un 23 % ejecutado. En 2020 fueron 40, con 86.418 Kwp y 20.617 de ellos para instalar en la región, el 24 % de ellos ejecutado.

Las instalaciones fotovoltaicas (no de autoconsumo) puestas en marcha en 2021 sumaron 43.887 kw de potencia, según fuentes de la Conselleria de Economía a fecha 23 de noviembre.

Los diez municipios valencianos con mayor número de consumidores con autoconsumo son Elche, Alicante, Orihuela, Xàbia, Sant Vicent del Raspeig, Ontinyent, Paterna, la Pobla de Vallbona, L'Eliana y Dénia; y el "top" de los municipios con potencia instalada en autoconsumo incluye a Vila-real, Elche, Orihuela, Oliva, Alcora, Alicante, Paterna, Riba-roja, Villena y Cocentaina.

Ayudas públicas

IVACE Energía concede ayudas para la instalación de energía fotovoltaica de diversos tipos: una línea de ayudas al autoconsumo destinada a empresas y entidades; una línea para comunidades energéticas locales -pendiente de salir la convocatoria de este año-; y una deducción fiscal del 40 % en el tramo autonómico del IRPF para autoconsumo de particulares.