Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha puntuado con un notable al Congreso y al Senado, que han alcanzado respectivamente un cumplimiento del 82% y del 87,6%, pero ha suspendido directamente al Consejo de Económico y Social, que no publica ni la mitad de la información que está obligado a recoger.
Así se recoge en los informes de evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia que el Consejo que vela por su aplicación ha hecho públicos este jueves sobre una decena de órganos constitucionales durante en el periodo comprendido entre enero de 2020 y febrero de 2021.
De esa decena de instituciones, entre las que también figuran la Casa Real, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media de cumplimiento de la información que están obligadas a incluir en su web se sitúa en el 87,6%.
En el informe relativo al Congreso, el órgano que preside ahora José Luis Rodríguez Álvarez apunta a la falta de publicación de algunos contenidos obligatorios así como las referencia a la fecha en la que se actualizó por última vez la información como los principales factores que explican ese 82% de índice de cumplimiento con la transparencia.
Frente a estas "carencias", Transparencia insta al Congreso a publicar su presupuesto para 2021 y, en este sentido, también le sugiere que dé cuenta sobre la ejecución del mismo con una periodicidad inferior al año. El Congreso recalca que ya publicó su presupuesto pero, eso sí, con posterioridad al lapso de tiempo analizado por esta institución.
Además, subraya la necesidad de publicitar los datos sobre la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados o las modificaciones de los convenios, así como a completar la información sobre las indemnizaciones por cese de los diputados al dejar su escaño dotándola de un apartado específico. Sobre esto, el Congreso alega que ésta es una información que está ubicada fuera del Portal de Transparencia, en concreto en una sección de su web dedicada a la Protección Social de los diputados.
En el informe relativo al Senado, el Consejo de Transparencia señala que su grado de cumplimiento con la transparencia es superior al del Congreso, situándose en un 86,8%, pero le aconseja revisar la organización de la información para ajustarla más al patrón de la Ley de Transparencia, sobre todo en lo relativo a la información institucional y organizativa.
De la misma forma, le insta a actualizar algunas informaciones que datan de 2019, entre las que cita, a modo de ejemplo, las retribuciones, así como a revisar los enlaces que contiene los apartados de su Portal de Transparencia u ofrecer información en formatos reutilizables.
Sobre el Tribunal de Cuentas, Transparencia celebra que haya incluido todos los contenidos obligatorios y aplaude el material adicional que voluntariamente añade la institución, pero lamenta que "son escasas las referencias que permitan conocer la vigencia de parte de la información publicada", por lo que tampoco se puede comprobar si cumple con los requisitos de actualización. En todo caso, saca una nota alta pues en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 87,4%.
Eso sí, recomienda publicar información sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas --y si no se conceden, deberá dejarse constancia-- y valorar la posibilidad de ofrecer datos de ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que esta información estuviese más actualizada.
Respecto al Defensor del Pueblo, su porcentaje se sitúa en el 77,2% y se destaca "el esfuerzo realizado por el Defensor del Pueblo para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa". Pero también presenta carencias, como la falta de datos estadísticos sobre contratos adjudicados, presupuestos de 2021 o contratos menores.
Del Consejo de Estado se indica que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia alcanza un 71,9%, pero faltan datos relativos al perfil y trayectoria profesional de sus responsables, la identificación de los titulares de los puestos directivos, las retribuciones de los altos cargos, los presupuestos en vigor y la distribución porcentual en volumen presupuestario de los contratos licitados según su procedimiento de adjudicación.
Pero la peor nota la saca el Consejo Económico y Social (CES), ya que sólo recoge el 48% de la información que debía incluir en su web, sobre todo del bloque económico y presupuestario, además de no hacer referencia en el Portal a la fecha en que se revisó o actualizó la información publicada.
Por todo ello, el Consejo de Transparencia recomienda incluir más datos sobre las retribuciones y trayectoria profesional de los máximos responsables del CES, las indemnizaciones que cobran al dejar el cargo, los contratos y convenios de colaboración de la institución, y los informes de fiscalización de Tribunal de Cuentas sobre su funcionamiento.
También se aconseja al CES actualizar toda la información, ya que han detectado que hay datos "desfasados", y publicar cuadros resumen de su plataforma de contratación para que sean legibles par el usuario.
