Díaz promete al sector de la discapacidad mantener los incentivos a la contratación del colectivo

VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido con el sector de la discapacidad a mantener en el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral, las bonificaciones a la contratación del colectivo.

Díaz se ha reunido este viernes con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, quien ha celebrado esta medida. La entidad ha recordado que se trata de una de las reclamaciones realizadas por el movimiento asociativo de la discapacidad.

Este pasado jueves, la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Aitana Mas, anunció que el gobierno valenciano pediría explicaciones a Trabajo sobre "el por qué de ese borrador". "Y si no nos convence, nos posicionaremos en contra", ha avisó.

La semana pasada, organizaciones y Centros Especiales de Empleo (CEE) alertaron de las intenciones del Gobierno de eliminar en su nueva ley la bonificación y aprovecharon para criticar que el texto de Trabajo se hubiera redactado sin consultar al sector.

Si esta medida se llevara a cabo afectaría directamente al empleo de las cerca de 100.000 personas con discapacidad que trabajan en alguno de los 2.300 centros especiales de empleo, así como a las personas con discapacidad que están en la empresa ordinaria, según ha explicado el movimiento asociativo.

Finalmente, el Ejecutivo desmintió, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta medida se fuera a llevar a cabo. El propio departamento que dirige Yolanda Díaz ha asegurado a Europa Press que las bonificaciones a la contratación de las personas con discapacidad "nunca han estado en cuestión".

CERMI ha destacado "la actitud dialogante y receptiva" del Ministerio de Trabajo y de la propia Díaz a sus planteamientos. De hecho, Díaz también se ha comprometido durante en encuentro a promover con celeridad una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33%, a efectos laborales.

Esta situación desapareció en 2018 a causa de una sentencia judicial que advirtió un defecto meramente formal en la norma que la aprobó en 2013. "Recuperar esta medida contribuirá de modo muy positivo al empleo y la inserción laboral de personas trabajadoras con discapacidad sobrevenida", ha señalado la entidad.

Finalmente, el CERMI ha agradecido "el compromiso activo demostrado estas últimas semanas" por todas las organizaciones, estatales y territoriales, que conforman el Comité, así como a los operadores económicos de iniciativa social de la discapacidad, de economía social, del tercer sector y a los agentes sociales.