Mónica Oltra, consellera de Igualdad. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (Ivass) ha reservado 331.403,52 euros para indemnizar a extrabajadores contratados por el instituto para prestar servicio a la Conselleria de Igualdad. Lo hacían a través de encomiendas, una fórmula que permite a la administración contratar a entes tanto externos como de la misma administración para prestar servicios, en este caso para reforzar los trámites de discapacidad y dependencia. Así lo recoge la auditoría de cumplimiento de 2016 del ente, donde se ha estimado la cantidad que podría desembolsar por 13 demandas de antiguos empleados.
La situación planteada es destacable ya que no es tan habitual ver cómo se indemniza a trabajadores de una encomienda, caracterizada por tener un periodo marcado de realización de la actividad. En este caso el fin de la prestación del servicio -iniciada con el anterior Gobierno en 2015- era abril del 2016. A partir de esta fecha, el equipo de Mónica Oltra decidió no renovarla y asumirla desde la Conselleria con personal propio, momento en el que los trabajadores decidieron recurrir.
Con el fin de la encomienda, el Ivass terminó el contrato laboral con 19 trabajadores, de los cuales 13 interpusieron demandas contra el mismo por supuesta cesión ilegal de trabajadores alegando que las tareas realizadas por los contratados para las encomiendas, a partir del 1 de mayo, serían realizadas por personal funcionario.
De momento se ha recibido una única sentencia -que no es firme- sobre el despido de una trabajadora. A pesar de que no se entiende que exista una cesión ilegal, sí se declara el despido improcedente. El fallo se basa en el hecho de que la trabajadora ha realizado tareas no contempladas en la encomienda, y por lo tanto no sometidas a la duración de la misma. Esta decisión del juez ha puesto en alerta al Ivass, quien finalmente decidió realizar una reserva de 331.403,52 euros para el resto de conflictos judiciales en el caso de que fallen en su contra.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, aseguraba en el mes de abril que renovar las encomiendas podría implicar un incumplimiento de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que establece que no se puede encomendar a una entidad propia, que en este caso sería el Ivass, la realización de funciones que no pueda hacer con sus propios medios porque eso implicaría una externalización de las funciones, que era lo que suponían estos contratos.
"No resulta adecuado continuar utilizando las encomiendas con el IVASS como instrumento sustitutivo de la insuficiencia estructural de personal que arrastra la gestión de la dependencia desde la implantación del sistema en la Comunitat Valenciana y es necesario crear estos puestos de trabajo funcionaria, con cargo al capítulo I de los correspondientes presupuestos de gasto", aseguraba.
El pago a los extrabajadores de las encomiendas no ha sido el único resuelto en los tribunales por esta entidad de la Generalitat en 2016. El antiguo Avapsa (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales) ocupaba un local que, tras la integración en Ivass, abandonó sin cumplir el término del contrato. Ante este hecho, la inmobiliaria Guadalmedina SA -perteneciente a Enrique Ballester- demandó al Ivass.
El juzgado de 1ª instancia resolvió a favor la inmobiliaria de Ballester, condenando al Ivass al pago de 159.841 euros -en concepto de principal- y 47.952,30 -en concepto de intereses-. La sentencia fue recurrida por el Ivass que fue estimada parcialmente, condenando al ente de la Generalitat al pago de 51.100 euros.
