Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Servicio Central de Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de València no tiene constancia de las irregularidades en cuanto a falta de licencias del hospital de campaña de La Fe, que se construyó para dar respuesta a la emergencia sanitaria en los peores momentos de la pandemia. Así se desprende de la respuesta que emitió la concejalía de Carlos Galiana a preguntas planteadas por el grupo municipal popular.
En este sentido, matizan también que no se ha iniciado ningún procedimiento de sanción dentro de este servicio porque otra concejalía ya ha abierto un expediente administrativo para la legalización de las obras. Se refieren, en este caso, al área de Urbanismo que dirige Sandra Gómez, y que ya avisó de que sería el consistorio quien procedería a desmontar el hospital si no se solucionaban las carencias en un periodo de dos meses, a contar desde principios de noviembre.
Advertencia que llegó justo en el momento en el que fue la propia Generalitat Valenciana quien anunció que en breve desmontaría el hospital provisional, teniendo en cuenta que ya no atiende a las necesidades para las que fue planteado. Esto es, aliviar la presión sobre los hospitales valencianos cuando la covid-19 todavía mantenía altos niveles de ingresos.
Y es que, cabe recordar que el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento inició la primera inspección sobre el hospital de campaña, a pesar de este llevaba en funcionamiento desde abril de 2020. De esta inspección se desprendió un informe preceptivo en el que se informaba de que la infraestructura se había puesto en marcha sin las licencias de actividad ni de obra, por lo que instaba a subsanar el problema tan pronto como fuera posible.
Concretamente, en el citado plazo de dos meses que concedió la concejalía de Urbanismo, bajo la advertencia de empezar por su cuenta las actuaciones de restauración de la legalidad en caso de que el requerimiento fuera omitido. Esto es, demoler el hospital desde el propio órgano municipal. Un extremo al que previsiblemente no llegarán, teniendo en cuenta que el gobierno valenciano ha expresado sus intenciones de retirarlo el 30 de diciembre.
En cuanto a la demora de la primera inspección, el Ayuntamiento de València también recordó que este tipo de actuaciones no se realizan de oficio, sino que tiene que haber una petición expresa para poder intervenir. En este caso, una pregunta presentada por el Partido Popular en julio de 2021, donde cuestionaba directamente si se había realizado alguna inspección teniendo en cuenta que no se había registrado ninguna petición de licencia.
Y es que, la legislación urbanística contempla que algunas construcciones como por ejemplo un hospital de campaña podrían quedar exentas de los controles municipales siempre y cuando respondan a situaciones límite. Concretamente, establece que los actos de uso del suelo promovidos por la administración "estarán sujetos a licencia municipal" salvo si es por "razones de urgencia o excepcional interés público declarado por el Consell". En estos casos, la licencia podría ser sustituida por una consulta al Ayuntamiento, quien debe mostrar su conformidad o disconformidad.
Un supuesto en el que se podría haber enmarcado la construcción de este servicio sanitario, pero al que finalmente se opusieron los expertos del área de Urbanismo que dirige Sandra Gómez, que fueron quienes realizaron la inspección y finalmente instaron a pedir las dos licencias que faltaban en el expediente. Así, el consistorio considera que el hospital sí que tiene la obligación de atender todos los trámites administrativos preceptivos a pesar de la situación límite en el que se construyó.
Por eso, el área de Urbanismo todavía está cumpliendo con el periodo estipulado, al no haber remitido todavía al Servicio Central de Procedimiento Sancionador la problemática, quien ha reconocido no tener constancia de la misma: "Independientemente de la existencia de alguna otra infracción de competencia municipal, existiendo un expediente para la legalización de las obras, este servicio no puede iniciar, por dicho motivo, expediente sancionador hasta la finalización del mismo".
Y añade también, en cuanto a la necesidad o no de abrir sanciones contra la Generalitat Valenciana por la construcción del hospital de campaña: "Dado que no han transcurrido los dos meses estipulados por ley, no procede la remisión al Servicio de Procedimiento Sancionador".
Según pudo saber Valencia Plaza, las intenciones de la Generalitat Valencia son las de trasladar el hospital de campaña a un almacén de Quart de Poblet una vez esté desmontado. A este respecto, resaltaron que a partir de ahora la infraestructura será propiedad total del gobierno valenciano, que tendrá potestad para volver a usarlo en caso de que se diera una situación de emergencia similar.
Sin embargo, las instalaciones han vivido algunas polémicas más allá de los desencuentros con el consistorio como, por ejemplo, el poco uso que se le ha dado al hospital en el más de año y medio que ha estado en pie: según datos de la Generalitat Valenciana, tan solo llegó a acoger 81 pacientes en un periodo de tres semanas. A partir de ahí, se destinó a servicios alternativos como realización de pruebas PCR o tareas de vacunación.
Asimismo, el coste final de las instalaciones también atrajo la atención. Y es que, aunque en un principio el precio de los hospitales de València, Alicante y Castellón se cifró en 8 millones de euros, finalmente las labores de acondicionamiento elevaron el montante hasta el doble: 16 millones, según explicó la empresa adjudicataria Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), filial de Hispano Vema.
