Carpetazo sin transparencia

El escándalo de Feria Valencia se ha cerrado judicialmente hablando con una falta de transparencia que refleja lo mucho queda por hacer en España en esta materia, a pesar de las leyes, los organismos solapados, los portales y los Manuel Alcaraz que hacen de moscas cojoneras dentro de las Administraciones.

Lo perpetrado en Feria Valencia en la primera década del siglo es un escándalo se mire por donde se mire. En las obras de ampliación presupuestadas en 325 millones de euros que acabaron costando 587, y que estamos pagando a plazos todos los valencianos, alguien se lo llevó crudo. Quizás no haya delito, porque milagros de esos ya hemos visto unos cuantos, pero es un escándalo.

Como ya ocurriera con el primer informe de la Intervención General de la Generalitat que dio origen a la denuncia ante la Fiscalía, Valencia Plaza ha desvelado el contenido del segundo informe del interventor, que actuaba en calidad de perito judicial a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En este segundo informe, mucho más exhaustivo que el anterior, el interventor descubre cosas como que hubo 47,5 millones de euros en sobrecostes injustificados abonados a la UTE que ejecutó el principal contrato o que Feria Valencia perdonó 17 millones a las constructoras al pagar directamente la redacción de unos proyectos que debían abonar las empresas.

Tras recibir este informe y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) que no se ha hecho público, el fiscal encargado de la investigación de Feria Valencia ha decidido dar carpetazo al asunto sin llevarlo al juzgado. No lo discutiremos. No podemos discutirlo, porque no sabemos si el fiscal no ha visto delito alguno en la gestión de Alberto Catalá, Belén Juste y compañía, o si ha visto algún indicio de delito pero lo considera prescrito.

O si, como sospecha mi compañero Xavi Moret, el Ministerio Público habrá llegado a la conclusión de que "el despilfarro no es delito", como ya dijo una fiscal al archivar uno de tantos casos de derroche rayano en el delito o un juez de Castellón que lamentó que, al contrario que en las empresas, en la Administración Pública no existe el delito de administración desleal y, por tanto, "el simple despilfarro o la mala gestión no son, por sí mismos, constitutivos de delito". Y ya tienen excusa los malversadores de caudales públicos (qué poético estuvo ahí el legislador): Señoría, es que cuando el dinero no es mío sino de todos no me controlo.

No podemos cuestionar la decisión del fiscal porque, y esto sí debemos criticarlo, la Fiscalía General del Estado se niega a hacer público el decreto de archivo. Y no será porque la pertinaz Loreto Ochando no se lo ha pedido desde que el 23 de diciembre se hizo público el archivo.

Si no conociésemos el informe del interventor, daríamos por bueno el archivo, pero como hemos leído lo que hemos leído, nos da rabia no saber por qué lo que allí se cuenta no es delito. Y no enterarnos de si el fiscal ha conseguido los papeles que al interventor se le negaron desde Feria Valencia –registros no se han hecho, puesto que no se ha judicializado el caso–; o si resulta que ha interrogado a Catalá y cía y le han dado las explicaciones que en todos estos años no han dado a los demás; o si le ha llamado la atención alguna conexión entre las subidas "injustificadas" –según el interventor– de precios que beneficiaron a las constructoras y el hecho de que algunas de estas constructoras aparezcan en el listado de donantes al PP de Valencia para la campaña de 2007 cuyas presuntas irregularidades investiga la propia Fiscalía Anticorrupción.

Sorprende también que, según se nos ha dicho, el decreto de archivo tampoco se haya enviado a la Generalitat como denunciante, que no parte personada, a pesar de que lo ha solicitado.

La otra investigación

En fin, hay tantas preguntas, que no tener respuesta es el peor de los desenlaces. No obstante, uno no pierde la esperanza y, como firme defensor de la utilidad de las comisiones de investigación, espera que la de Feria Valencia en les Corts sea tanto o más sustanciosa que la de la CAM. De ahí nadie va a la cárcel, pero al menos les sacan los colores.

Allí tendrán que comparecer Catalá, Juste, Vargas, Calomarde, consellers de la época, exempleados sin nada que callar y otros conocedores de aquellos días de vino y rosas. No podrá ir la que era presidenta del Patronato de Feria Valencia, Rita Barberá, pero sí quien la representaba en casi todas las reuniones, que no era otro que Alfonso Grau. 

En la comisión de investigación se les leerán los informes de la Intervención General y esperemos que también el de la UDEF. Incluso, estaría bien que Les Corts pidieran el decreto de archivo como elemento a valorar, en este caso a favor de los manirrotos.

Mientras, desde Valencia Plaza continuaremos reclamando la máxima transparencia.