El Pleno del TC tiene la llave para frenar el desembarco en solitario porque es quien debe dar el 'placet' a los aspirantes de Moncloa
VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros aprobará este martes los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), según ha adelantado El País y han confirmado fuentes del Gobierno y fuentes jurídicas a Europa Press.
El Gobierno había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a los dos candidatos al TC que le corresponde por cuota sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.
En estos meses, el Ejecutivo ha fluctuado desde posiciones que, en un primer momento, contemplaban designar a sus dos candidatos para el TC, aunque el CGPJ no pudiera hacer lo mismo porque entonces la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se lo impedía, hasta otras en las que abogaba por dar un tiempo prudencial al órgano de gobierno de los jueces para que, ya recuperada la capacidad legal para hacerlo, nominara a su dupla para el TC.
Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ, deberá despejar la incógnita el Pleno del TC, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados. En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas por Europa Press sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).
Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante.
Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
Campo salió del Gobierno tras la remodelación de Gobierno en la que Pedro Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop y tras una época convulsa marcada por los indultos concedidos a los nueve condenados por sedición y malversación a causa del 'procés' y por las frustradas negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto aún pendiente.
Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre del año pasado. Eso sí, durante estos meses se ha apartado de las causas políticas por su anterior cargo político.
Díez Bueso ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que el nombramiento del exministro Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez para el Tribunal Constitucional es una decisión unilateral del PSOE, que ha calificado de "contrasentido" y un ejercicio de "puerta giratoria".
Es más, ha censurado que es un acto de "cinismo" por parte de su socio optar por la designación de Campo mientras se asumía el veto del PP a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político y no jurisdiccional.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, también han criticado este martes la decisión del Gobierno de proponer al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. "El Gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre del bipartidismo de nombrar altos cargos casi en ejercicio", ha lamentado el diputado madrileño.
El Tribunal Constitucional ha optado por no examinar inmediatamente a los dos candidatos designados este martes por el Gobierno para formar parte del TC --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre también a sus dos aspirantes, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.
Las fuentes explican que, de momento, Campo y Díez no serán examinados en solitario en el Pleno del TC, que debe analizar su idoneidad comprobando que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional --ser español y jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional--.
Las citadas fuentes indican que, cuando el TC reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez, lo pondrá en conocimiento del CGPJ para que éste a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.
No obstante, las fuentes recalcan que se trata de una decisión temporal. En este sentido, advierten de que el TC podría revisarla si el órgano de gobierno de los jueces se retrasa en el nombramiento de sus dos aspirantes. En esa tesitura, no descartan que los nominados por Moncloa tengan que enfrentarse en solitario al examen del Constitucional.